Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron aquí la inclusión de unos mil detenidos desaparecidos en los registros electorales y llamaron al Estado chileno a reconocer el genocidio que hubo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El tema de fondo es que hay un Estado que nunca asumió el genocidio y por eso no enfrenta la situación de la desaparición forzada. Esto es impunidad y parte de la no reparación a los daños causados a las familias, aseveró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La insólita inscripción en las bases de datos de los padrones electorales fue reconocida por el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, y por la subdirectora de esa institución, Elizabeth Cabrera.
Sin embargo, Cabrera alegó que el «Registro Civil no tiene antecedentes para sacarlos ni para informarlos en un listado de fallecidos, porque no hay ni certificado de defunción emitido por médicos, ni sentencia de muerte presunta emitida por algún tribunal».
«Esas personas, expresó, van a estar ahí hasta que operen los tribunales en esos procesos que están pendientes».
La noticia causó conmoción en la sociedad chilena, fuertemente marcada por los horrores vividos durante el llamado pinochetismo.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, dijo que este miércoles el tema será analizado en la instancia legislativa que preside.
Es un error grave del Estado que ahonda el dolor de las familias, afirmó Espinoza.
A juicio de la abogada chilena Carmen Hertz, se trata de un hecho escandaloso por el que el director del Servicio Electoral debería ser citado por tribunales que investigan crímenes de víctimas de la dictadura.
Crónica Digital
Santiago de Chile, miércoles 23 de mayo de 2012
Tres intiresno, gracias