El legislador solicitó, además, que se proceda a realizar una revisión de los sistemas informáticos de los diversos bancos comerciales, así como de la empresa Sinacofi (Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras), a fin de asegurar que la información que de conformidad a la ley carece de vigencia haya sido efectivamente eliminada de dichos registros o bancos de datos y así dar cumplimiento a lo señalado por la SBIF.
De comprobarse la existencia de información que carezca de vigencia, aclaró Harboe, “he solicitado que se instruya su eliminación inmediata bajo apercibimiento de aplicar las multas correspondientes”.
Felipe Harboe indicó que la solicitud presentada al Superintendente, “se funda en la concordancia del principio de finalidad del dato consagrado en las leyes sobre
protección de datos personales”.
Resulta comprensible y justificado, dijo el parlamentario, que las entidades bancarias y financieras tengan acceso a información comercial de los ciudadanos cuando estos soliciten algún tipo de crédito comercial, más aún, para una correcta evaluación de riesgo comercial o sobreendeudamiento de un potencial cliente se requiere que la información disponible sea actualizada, veraz y refleje fielmente el estado económico de las personas.
Para ello, explicó que “la SBIF mantiene a disposición exclusiva de las entidades sometidas a su fiscalización y para el sólo efecto de la evaluación de riesgo, el denominado «estado de deudores» que contiene información de morosidad de la totalidad de los clientes de dichas instituciones”.
“Sin embargo, el almacenamiento y uso de información histórica como elemento decisivo para el otorgamiento de un crédito, vulnera el principio de finalidad del dato y la normativa vigente ya que al utilizar información de mayor antigüedad a 5 años se utiliza un factor desactualizado que primeramente altera la percepción de la institución financiera sobre la verdadera situación económica actual de un ciudadano”, declaró.
Para el diputado Harboe, “una deuda contraída con 10 años de antigüedad, vencida y debidamente pagada, no puede condicionar de por vida la accesibilidad al crédito, más cuando sus condiciones económicas han mejorado y no posea incumplimientos en un período variable entre los últimos 5 ó 7 años”.
Por tal motivo, reiteró, “espero que la solicitud presentada al Superintendente Bergoing, tenga una buena y pronta acogida”.
Santiago de Chile, 24 de mayo 2012
Crónica Digital
