Brasilia. La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentó hoy un informe sobre la participación de toda la cadena de mando militar en crímenes y desapariciones durante la dictadura militar (1964-1985) en Brasil.
Al realizar un balance del primer año de trabajo de la CNV, la historiadora Heloísa Starling, miembro de este grupo, denunció en rueda de prensa que la tortura comenzó mucho antes de 1964, cuando se inició el régimen de facto.
La Comisión llegó a la conclusión de que la práctica de este horrible método fue la «base» de la represión durante la dictadura, enfatizó.
Puntualizó que entre 1970 y 1973 se registraron 730 denuncias de tortura y era de conocimiento de toda la cadena de mando y hasta del entonces presidente Ernesto Geisel, ministro de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército.
En estos 12 meses de labor se recogieron 268 testimonios de víctimas, testigos y agentes de represión de la dictadura cívico-militar, se escucharon testimonios de 207 testigos y víctimas de graves violaciones de derechos humanos, indicó.
Starling destacó que instalaciones como la Universidad Federal de Río de Janeiro y otra instalación superior de Brasilia, albergaron centros de torturas.
La mayor cantidad de violaciones de este tipo ocurrieron en 1969 y la Marina fue considerada como «uno de los organismos más feroces en la estructura de represión», aseveró al mostrar un documento que confirma la muerte de 11 desaparecidos políticos.
Durante sus pesquisas la CNV mantuvo contactos con gobiernos, grupos de derechos humanos y movimientos sociales de los países vecinos, como Argentina, Paraguay y Chile, donde las dictaduras colaboraron en el denominado Plan Condor, que tenía como objetivo eliminar a líderes guerrilleros y de organizaciones de izquierda.
La abogada Rosa Cardoso, miembro de este grupo, señaló por su parte que solicitará a la justicia el inicio de procesos penales contra los responsables de crímenes cometidos en este periodo.
«Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Si usted tiene este conocimiento se recomienda que estos casos sean judicializados internamente», subrayó.
Cardoso recordó que esta entidad fue creada para hacer una narración de violaciones de derechos humanos registradas entre 1946 y 1988, período que incluye la dictadura militar, pero no tiene poder para actuar.
La abogada reconoció que la última interpretación de la Ley de Amnistía de 1979, realizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2010 no permitió el castigo de los torturadores.
Esa legislación impide la condena de los empleados del régimen militar, concluyó.
Santiago de Chile 22 de mayo 2013
Crónica Digital
