NEONICOTINOIDES, UNA AMENAZA PARA LAS ABEJAS

Un tipo de insecticida neuro-activo relacionado con la nicotina, conocido como neonicotinoides, destruye poblaciones de abejas y amenaza con arruinar la capacidad para cultivar alimentos, de quedar sin control.

Esta familia de productos químicos, implicados en la muerte masiva de colonias de abejas en países como Francia y Alemania, actúa en el sistema nervioso central de los insectos y con menor toxicidad en mamíferos.

Para frenar la disminución de las abejas la Comisión Europea decidió restringir a partir del próximo 1 de diciembre el uso de tres plaguicidas neonicotinoides empleados en el cultivo de plantas y cereales, al constatar que son perjudiciales para estos importantes insectos productores de miel y responsables de polinizar el 80 por ciento de las plantas.

La prohibición cautelar de 2 años para ese tipo de pesticidas sigue el ejemplo de Suiza, Francia, Italia, Rusia, Eslovenia o Ucrania, naciones que prohibieron el uso de estos peligrosos organismos genéticamente alterados, según señalaron medios de prensa europeos.

Un informe de la agrupación conservacionista estadounidense American Bird Conservancy advierte los efectos de los neonicotinoides y llama a prohibir su uso como tratamiento de semillas, a la espera de una revisión de sus efectos en aves, invertebrados terrestres o acuáticos y el resto de animales salvajes.

«Está claro que estos químicos tienen el potencial para afectar a toda la cadena alimentaria», dijo a los medios de prensa Cynthia Palmer, coautora del reporte de American Bird Conservancy, una de las organizaciones líderes en Estados Unidos para la conservación de las aves.

Bruselas, 31 de mayo 2013
PL

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Sáb Jun 1 , 2013
Recientemente, el Presidente Sebastián Piñera recibió el Informe de Política Nacional de Desarrollo Urbano, que elaboró la Comisión Asesora Presidencial de Planificación Urbana, a cargo de Antonia Lehmann, Premio Nacional de Arquitectura, y José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos, con académicos y expertos en temas urbanísticos que fueron convocados en abril de 2012. En la oportunidad, el Mandatario señaló que “cuando uno recorre nuestras ciudades se da cuenta perfectamente bien que si hubiéramos puesto un poco más de cabeza, corazón y compromiso, las ciudades serían mucho mejores que lo que son”. El informe articula los ámbitos conceptuales de integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental, identidad y patrimonio. Asimismo, plantea una “condición necesaria» para su implementación: un “cambio de paradigma”, desde la intervención dispersa, descoordinada y reactiva de los diversos actores y del Gobierno Central, hacia una política orientada a establecer un sistema eficaz de toma de decisiones sobre las ciudades, basado en los conceptos de descentralización, planificación integrada y participación. Los contenidos del informe son coincidentes con las preocupaciones y las propuestas que hemos planteado los ciudadanos comprometidos por un crecimiento de las ciudades del país que ha estado caracterizado por la ausencia de planificación, participación ciudadana y sustentabilidad, como resultado evidente de la concepción neoliberal del desarrollo que ha prevalecido en la agenda pública. Sin embargo, tenemos razones fundadas para no estar completamente optimistas. En primer término, el propio Informe, en su parte final, consigna tres “prevenciones” que fueron hechas por la Cámara Chilena de la Construcción sobre materias en los cuales no estuvo de acuerdo: una “posible actividad empresarial del Estado”, la que a su juicio debe estar limitada exclusivamente al sector privado; el establecimiento de tributos adicionales; y “ambigüedades” respecto de la calidad de la arquitectura, protección del paisaje y temas patrimoniales, que según la entidad empresarial podrían generar restricciones que afecten la certeza jurídica de los proyectos. La fragilidad del compromiso del sector privado, la persistencia del viejo paradigma, es una debilidad evidente en este camino. Por otra parte, el texto no producirá efecto concreto alguno sin contar con una voluntad política concreta para traducir sus proposiciones en instrumentos jurídicos que permitan su aplicación, desde decretos y resoluciones administrativas, hasta proyectos de ley. Es obvio que esta Política Nacional de Desarrollo Urbano requiere profundos cambios legales e institucionales, desde el fortalecimiento de los gobiernos regionales, pasando por una fusión o articulación de ministerios que operan descoordinadamente, hasta la creación de instrumentos que permitan que la vivienda se planifique con los servicios y el transporte, en un marco de participación ciudadana. En este contexto, es particularmente pertinente recordar la propuesta formulada por este Alcalde en el sentido de establecer una autoridad única en los espacios regionales, para articular en forma intersectorial la institucionalidad pública y los servicios, para planificar y coordinar en forma armónica el crecimiento territorial. Lo más preocupante respecto a la nueva Política de Desarrollo Urbano es que, de acuerdo a informaciones públicamente conocidas, el compromiso del Ejecutivo con la Comisión que […]

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