CARTA DEL COORDINADOR DE DDHH DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Chile vive hoy un despertar ciudadano. La lucha por el respeto a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida y la libertad, se ha extendido a la lucha por los derechos humanos sociales y culturales, tales como el derecho a la educación gratuita y de calidad, demanda transversal de la sociedad hoy. Entre los nuevos temas instalados por la  movilización social,  resalta la exigencia de una nueva Constitución. La actual constitución, generada por la dictadura, atenta contra los derechos humanos porque  impide asegurar el derecho a la salud, la renacionalización del cobre, y reformar las leyes laborales y previsionales, temas cruciales para las grandes mayorías. El Estado criminaliza la protesta social,  usa  la tortura, el secuestro  y  los allanamientos masivos para desalentar la movilización de sectores juveniles, indígenas o de trabajadores.  Eso  no le hace bien a la democracia ni contribuye a resolver los problemas que afectan a la mayoría de los chilenos y chilenas.

Por ello como Coordinador deseamos plantear de una manera amplia dos dimensiones de   este despertar social, que se condicionan mutuamente. Por una parte, el fin de la impunidad por los crímenes ocurridos en el pasado dictatorial y el abandono del uso de la fuerza como respuesta a la protesta popular, son  condiciones necesarias para que las luchas de los movimientos sociales del presente,  se den en un marco democrático que las contenga, en lugar de que el Estado continúe reproduciendo  mecanismos violentos de represión. Y por otra parte, como profesionales comprometidos con los derechos humanos, queremos ir más allá de la contingencia, planteando medidas a asumir en los programas de los presidenciables, en el campo  de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad (parte I) y  de medidas relativas a los derechos humanos sociales y culturales (parte II).

I  Un candidato que rechaza las violaciones de derechos humanos ocurridas en el tiempo de dictadura, debiera comprometerse a respaldar  al menos las siguientes medidas:

a)      Anular el Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978

b)      Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad y tramitar el proyecto existente que incorpora en el Código Penal la tipificación del delito de tortura y su sanción.

c)      Poner al día  la legislación penal chilena respecto de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, ratificando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas. De esta manera ya no se podría aplicar la prescripción o la media prescripción en esos casos.

d)     Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

e)      Reconocer el derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos,  dejando de operar judicialmente en contra de este derecho a través del Consejo de Defensa del Estado.

f)       Asegurar la continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos a cargo  del antiguo sistema procesal, dotando al poder judicial de todos los recursos necesarios para ello y restableciendo la colaboración del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con esas investigaciones.

g)      Modificar el código de justicia militar para limitar su competencia exclusivamente al personal militar en servicio activo, por hechos en ámbitos militares.

h)      Establecer una asignación presupuestaria (Fondo) permanente orientado a la recuperación de la Memoria Histórica en sus diversas expresiones, en cuya gestión tengan participación las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

i)        Asegurar el funcionamiento del Programa de Reparación y Atención Integral  en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) de atención a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

j)        Establecer un Mecanismo Nacional de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, con competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención.

k)      Dejar de enviar miembros del ejército y la policía a formarse en la ex Escuela de las Américas, actual Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, responsable de la formación de torturadores en el pasado y que hoy continúa transmitiendo la doctrina del “enemigo interno” que debe ser aplastado.

l)        Fiscalizar a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de  Diputados,  el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos, los objetivos y funcionamiento del Centro Conjunto (Chile/Estados Unidos) de Entrenamiento de Fuerzas de Paz establecido en el Fuerte Aguayo de Concón.

II   Asimismo, un candidato que comprende que los derechos humanos no son un tema del pasado y que el Estado de Chile debe mostrar en el país y también a nivel internacional que su conducta es de respeto, debe actuar con un ejercicio ético del poder, comprometiéndose a:

a)      Sancionar  ejemplarmente a los uniformados  responsables judicialmente de la muerte, tortura y/o malos tratos a personas, expulsándolos de sus instituciones y pidiendo sanciones penales en los respectivos juicios.

b)      Terminar con la práctica de criminalización de los movimientos sociales y sus luchas.

c)    Defender los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas eliminando las prácticas de discriminación y de violencia sexual ejercida por la policía en su contra;  haciendo cumplir la legislación en materia de violencia contra la mujer y garantizando el respeto y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. Se les debe garantizar un pronto acceso a la justicia en todos los casos de violencia, sea ésta sexual, intrafamiliar o policial.

d)    Trabajar con las organizaciones de los migrantes para establecer políticas de buenas  prácticas con respecto a migrantes y refugiados y generar leyes que respondan a sus necesidades.

e) Defender los derechos de los menores de edad y en particular de la niñez mapuche,   vulnerados persistentemente en el marco de la persecución a líderes y luchadores sociales de las comunidades mapuche.

f) Reconocer efectivamente los derechos de los pueblos originarios y del pueblo mapuche, atendiendo las demandas actuales de autonomía, reparación y recuperación de su territorio.

g) Desistir de aplicar la legislación antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet.

h) Presentar un proyecto que legalice el plebiscito para que los ciudadanos puedan decidir respecto del modelo económico y social y sus políticas, de tipo económico, social, educativo, de salud, administrativo, cultural, ambiental, laboral en momentos que la situación nacional así lo exija.

i) Estar dispuestos a cambiar la constitución actual por una nueva que surja de mecanismos genuinamente democráticos, imposibles de gestar con la actual institucionalidad. Estos mecanismos deben asegurar que sea posible incluir conceptos claves como la recuperación del rol del Estado; el derecho a la educación gratuita y de calidad; a la salud y medicamentos para todos; al trabajo digno,  a la remuneración y la previsión adecuadas; la recuperación como patrimonio del Estado de los recursos naturales (bienes comunes) como el agua, el cobre, el litio, y las semillas campesinas.  Debe discutirse  una política energética concordante con la sustentabilidad ambiental y social.  Se debe reconocer los derechos de los pueblos originarios a su territorio ancestral y los derechos de las minorías sexuales. Los mecanismos de elección del nuevo parlamento deben incluir transparencia en las campañas electorales, y mecanismos efectivos contra la corrupción y los conflictos de interés, y considerar el carácter revocatorio de los mandatos de los cargos públicos. Debe garantizarse, entre otros, el derecho al acceso a la información y generar una política de medios de comunicación democráticos que excluya la concentración de estos; asimismo debe generase mecanismos que garanticen la descentralización política, institucional y financiera y el ordenamiento territorial.

A cuarenta años del golpe de Estado que mediante la fuerza y el terror terminó con la     conquistas sociales, laborales e impuso el modelo neoliberal, es la hora de repensar la   sociedad. Como Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, proponemos los puntos aquí señalados para cuestionar el paradigma imperante e impulsar  un debate libre y creativo que nos permita avanzar a una sociedad en la cual el respeto a los derechos de todos y todas constituya una práctica cotidiana.

Atentamente,

Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Comisión de Derechos Humanos Colegio de Enfermeras, Comisión de Derechos Humanos Colegio de Trabajadores Sociales, Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas, Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Contadores de Chile C.R.M,. Colegio de Matronas, Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos Colegio de Arquitectos.

Santiago de Chile, 11 de junio 2013
Crónica Digital

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