Desde hace una semana, los 42 profesionales del programa de Reinserción Social del Complejo Penitenciario Santiago 1, una de las cárceles modelo del sistema chileno y concesionada por la empresa Compass Group, se encuentran en huelga legal, luego de que durante años hayan solicitado mejoras laborales acordes al trabajo que desempeñan y a las condiciones de sobrepoblación a la que se ha visto arrastrado el complejo penitenciario.
Los trabajadores denuncian que desde que la cárcel fuera inaugurada en el año 2007, la capacidad total de reclusos a los que podía mantener eran poco más de 2500 y que, dentro de las bases de la licitación, estaba estipulado que, para esa cantidad, era necesaria la intervención de ocho duplas de Sicólogos y Asistentes Sociales. Sin embargo, ya en el año 2008 la cifra de reclusos se vio excedida, alcanzando en poco tiempo el sobrecupo para el cual en un principio estuvo diseñada (poco más de 500 internos más), número que prontamente fue excedido, llegando a fines del 2012 a sobrepasar los 4000 privados de libertad, lo cual ha generado grandes problemas internos, tanto en la convivencia diaria, en el trato a los reclusos y, lo que es más grave, en la atención en que los profesionales pueden otorgar ante el considerable aumento de la población penal.
Desde el 2007 a la fecha, los profesionales de Reinserción Social han visto aumentado su equipo de trabajo en apenas dos cupos más, siendo que, ante el evidente sobrecupo de internos, la cantidad de profesionales debería haberse incrementado a casi el doble.
Peor aún, los espacios de trabajo con que cuentan los profesionales no han sido adecuados a la nueva realidad, teniendo muchas veces que trabajar tres personas en un espacio destinado para sólo una. Viviana Chávez, Asistente Social del complejo y delegada sindical, además de miembro de la comisión negociadora que en estos momentos busca llegar a un acuerdo con la empresa, señala que “sabemos que nada se puede comparar con las condiciones paupérrimas de hacinamiento en las cuales se encuentran los reclusos, quienes incluso han tenido que llegar a comer con la mano porque no hay cucharas para todos, o dormir en pedazos de colchones y de a cuatro en espacios que son para una persona, pero ciertamente que nuestro trabajo se ve terriblemente perjudicado al no contar con las condiciones mínimas. Nosotros hemos buscado soluciones de todas las maneras posibles, porque nuestra vocación profesional nos hace querer trabajar con los reclusos, a pesar de las condiciones actuales, pero ahora se ha vuelto imposible, es muy complejo cumplir con las metas, los indicadores de gestión, que están fijados en términos de porcentaje de población penal y no en cantidad de reclusos”.
Los trabajadores, que se han estado manifestando todos estos días en las afuera del complejo penitenciario, que se ubica justo detrás del Centro de Justicia capitalino, denuncian que la concesionaria recibe por parte del Estado una compensación por sobrecupo, lo que se traduce en una cantidad de 100 UTM diarias, lo cual ha venido sucediendo desde el 2008 a la fecha. Sin embargo, la dotación de profesionales no se ha visto incrementada y tampoco se han mejorado las condiciones laborales y menos aún las de los reclusos.
Es por ello que los profesionales de Reinserción Social decidieron denunciar la situación, organizarse, establecer conversaciones con la empresa y finalmente sindicalizarse para poder presentar una negociación colectiva real. Sin embargo, la empresa se ha comportado de manera muy intransigente respecto a las demandas de los trabajadores. Romina Abarca, Psicóloga y también delegada sindical, señala que uno de los problemas fundamentales es que la empresa ha contratado a los nuevos profesionales (junto a otros empleados que enteran a los 42 trabajadores que se encuentran en huelga) por salarios inferiores, incluso en un 50% de lo que perciben los más antiguos, pese a que cumplen las mismas funciones. Esto evidentemente ha generado roces y, lo que se ha buscado a través de la negociación colectiva es nivelar los sueldos de los trabajadores y fijar los salarios mediante estándares no arbitrarios: “sin embargo la empresa, mediante abogados contratados especialmente para la negociación –porque para eso sí tienen dinero- nos ha respondido que no están dispuestos a concedernos nada y que la solución pasaría por despedir a los trabajadores más antiguos y así poder hacer caja”, señala la delegada.
El servicio entregado por los profesionales, hasta el día de hoy se ha cumplido en un 100% de las metas y jamás han sido multados por realizar mal su labor, pese a la evidente sobrecarga de trabajo y a las malas condiciones del lugar de trabajo.
Francisca Cerda, una de las trabajadoras en huelga, explica lo que realmente significa para la población penal, que los profesionales encargados de la rehabilitación de los reclusos, hoy no desempeñen su labor: “los internos dejan de recibir las intervenciones destinadas a su rehabilitación social; o las reciben de forma degradada por parte de un grupo improvisado de profesionales dispuestos transitoriamente por nuestro empleador, como medida de emergencia, ‘para cumplir’. Se trata de hacer como si se hiciera el trabajo. Aquí ya no importa la calidad de lo que se hace o su fin social; lo que importa es evitar multas. Un tema meramente económico”.
El problema de fondo que denuncian los trabajadores, no tiene que ver sólo con un asunto monetario, si no más bien con el modelo implementado en el país a partir de la llegada de las concesionarias. Con la existencia de las cárceles concesionadas, el Estado delegó la Reinserción Social –la Misión que tiene Gendarmería- a privados, cuyo objetivo fundamental es el lucro, ganar el máximo dinero posible. En otras palabras, sometió a las leyes e intereses del mercado la rehabilitación o reinserción social de los internos.
En un documento emitido por los huelguistas, se señala que “el sentido más común y, a estas alturas la evidencia, indican que al igual que la Educación y la Salud, la Reinserción Social de los internos debe volver al Estado, pues es su responsabilidad y debe ser de su interés. El interés de nuestro empleador, Compass Group, es ganar dinero sin estas consideraciones. Sobramos en CompassGroup, pero le hacemos falta a los internos y también al Estado, representado por Gendarmería de Chile”.
Por Pablo Rojas
Santiago de Chile, 5 de julio 2013
Crónica Digital
