ALERTA EN CHILE POR FÁRMACO OFTALMOLÓGICO CON EFECTOS ADVERSOS

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El Ministerio de Salud (Minsal) de Chile decretó alerta nacional de vigilancia, tras los daños irreparables provocados por un fármaco oftalmológico a varias personas en el país.

Fuentes del Minsal precisaron que se trata del Meroctane (Perfluoro-n-octane), un medicamento empleado para tratar el desprendimiento de la retina, de la marca Meran, producido en Turquía e importado por la empresa Falc.

El fármaco fue adquirido por varios hospitales de manera directa con el proveedor, sin que mediara la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

El subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, Luis Castillo, dijo que los siete casos detectados provocaron que las autoridades de salud frenaran el uso del fármaco a nivel nacional, y ordenaran alerta de vigilancia del medicamento.

Según trascendió, el director del hospital de la ciudad de Rancagua, en la Región Bernardo OHiggins, donde cuatro pacientes resultaron afectados, presentará una denuncia al Minsal para determinar eventuales responsables de la empresa importadora.

Tras los casos de Rancagua, afloraron dos más en Santiago, y otro en la sureña ciudad de Punta Arenas.

Santiago de Chile, 27 de agosto 2013
Crónica Digital /PL

2 thoughts on “ALERTA EN CHILE POR FÁRMACO OFTALMOLÓGICO CON EFECTOS ADVERSOS

  1. Hay que tener mucho cuidado con la salud y sobretodo con a quien se la dejamos para que nos la cuide, siempre hay que tener oftalmólogos de confianza que sepas que te van a hacer el bien, yo tengo mi propio directorio que nunca falla http://www.docplanner.cl/oftalmologo cuando quiero algo lo busco aquí veo las opiniones y demás y así no me la juego.

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FUNCIONARIOS DEL INE AFIRMARON QUE LABBÉ FUE ADVERTIDO DE FALLAS DEL CENSO

Mar Ago 27 , 2013
Varias y consecutivas advertencias tuvo el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, tanto respecto de la oportunidad de realizar el cambio metodológico del censo, como de las fallas en su proceso y de las opciones de remediación del mismo, según afirmaron ayer funcionarios del organismo ante la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el tema, instancia que preside el diputado Juan Carlos Latorre (DC). El sociólogo Andrés Bustamante, jefe del Departamento de Estudios Sociales, informó que cuando se comunicó que se cambiaría la metodología desde un censo de hecho (se registran las personas en el lugar en donde se encuentran en el día del censo) a uno de derecho (las personas son censadas en sus lugares de residencias durante un período determinado), se le advirtió al ex director Labbé que era necesario replantear el modelo de capacitación y que se debían incluir necesariamente pruebas pilotos, lo cual irrogaba una ampliación de los plazos. Sostuvo que tanto Labbé como su círculo cercano de influencia (Eduardo Carrasco, jefe del proyecto Censo; Maximiliano Raide; y Sebastián Mathews) se mostraron contrarios a las observaciones y, por tanto, se ordenó seguir adelante con el proceso, sin una ampliación de los plazos y sin la realización de pruebas piloto. Frente a una consulta del diputado Gonzalo Arenas (UDI), el funcionario reconoció que también pudo haber algunas fallas en la confección del cuestionario (respecto del cual estuvo a cargo), que no pudieron ser percibidas sin la aplicación de las pruebas necesarias, pero fue enfático en señalar que no por sociabilizar la autocrítica se debe diluir “la responsabilidad del capitán del barco”. “Quien toma las decisiones más controvertidas es el señor Labbé ignorando las precauciones técnicas que nosotros le planteamos a la discusión del cuestionario”, recalcó. Bustamante sostuvo que Labbé también ignoró complemente las precauciones técnicas que el comité asesor del censo le hizo sobre el poco adecuado manejo de las imputaciones, las cuales pasan por asignar habitantes a viviendas con moradores ausentes. Indicó que la práctica internacional permite este tipo de acción, pero obliga a la identificación expresa de la población efectivamente censada de la imputada. “El señor Labbé tomó la decisión de no trasparentar la diferencia entre población censada y población imputada pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones que eso se tenía que hacer, incluso pese a recibir una minuta con recomendación de las Naciones Unidas, por lo que no se puede decir que no se sabía”, comentó. Comunicó que durante el desarrollo del censo (4 y 12 de julio de 2012), su departamento proyectó el número de personas que serían censadas, evidenciando ya en esa fecha que se estaba produciendo un nivel amplio de omisión (la cifra llegaba a los 15,8 millones). “Él (Labbé) más bien tendió a invalidar la proyección que nosotros habíamos elaborado y que terminó demostrando que el número fue relativamente certero y en las reuniones en que me tocó participar con él, él tendía a plantear que en el saldo de vivienda que faltaba por levantar había una mayor […]

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