Señor Presidente:
Quiero saludar en primer lugar a la familia del destacado comunicador social y periodista Luis Ricarte Soto Gallegos, en especial a su cónyuge, la también destacada periodista Cecilia Rovaretti, a su hija, María Elcira y a los familiares y amigos presentes. También enviar un saludo al gremio periodístico en general y en especial a la comunidad de Televisión Nacional, último lugar de trabajo de Ricarte. Nacido en Vicuña el 8 de mayo de 1952, exiliado en Francia tras el Golpe de Estado, Ricarte Soto falleció el 20 de septiembre recién pasado a los 61 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Hijo del reconocido cineasta Helvio Soto, autor de obras tan recordadas como Caliche Sangriento y ex funcionario de Televisión Nacional de Chile durante el Gobierno de la Unidad Popular, Ricarte debió salir al exilio junto a su padre tras el Golpe Militar del 11 de septiembre 1973, hace ya cuatro décadas atrás. Desde Francia, el periodista se destacó por su amplia carrera en radio y televisión ejerciendo para medios franceses y como corresponsal para medios chilenos. Desde entonces optó por desarrollar el ejercicio periodístico en base a un compromiso con la entrega de información veraz y oportuna, buscando romper el cerco de silencio que desplegaba la dictadura para ocultar las atroces violaciones a los derechos humanos y el más burdo terrorismo de Estado infringido.
De acuerdo, al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión[1]. Dicha garantía implica que una sociedad democrática debería asegurar a cada uno de sus integrantes el derecho a informar y a ser informado, tanto por el valor propio de la información como por su valía instrumental, es decir, por su capacidad de ser instrumento para el ejercicio de otros derechos y para la fiscalización de los poderes públicos. Por ello, el rol de los medios de comunicación social en el sistema político de una comunidad es inmensamente trascendente. Ahora, si fuéramos más allá y nos preguntáramos acerca del origen de la palabra comunicación, podríamos decir que deriva de la raíz latina COMMUNIS: que significa poner en común algo con otro. Esa raíz de comunidad, expresa algo que se comparte: que se tiene o se vive en común. Uno de los primeros en entender la enorme fuerza colectiva de la comunicación, fue probablemente el primer gran comunicador popular de Chile, Luis Emilio Recabarren. Primero en la dirección del periódico El Trabajo, luego en La Vanguardia y más tarde, en El Despertar de los Trabajadores, fundado en 1912. Fueron esos medios, los primeros en hacer común la voz del pueblo. Por primera vez, se denunció el abuso y las condiciones de explotación que padecían los obreros de las minas del Norte de nuestro país. Desde entonces, la libertad de expresión e información que por derecho posee toda persona, intentó abrirse espacio en Chile a través de medios de comunicación populares y públicos frente a la voz, muchas veces tendenciosa, de los grandes conglomerados mediáticos.
La libertad de expresión y el derecho a la información también buscó abrirse espacio gracias a la labor comprometida de cientos de comunicadores, que trabajando en medios de comunicación fuera de Chile y dentro del país intentaron romper el cerco informativo dictatorial y dar voz a quienes no la tenían. Lo propio se hizo más tarde para confrontar la invisibilización que les imprimieron los grandes capitales de la prensa a movimientos sociales, sindicales y estudiantiles. “Nadie pretende que la prensa se ponga automáticamente al lado de los huelguistas. Se trata simplemente del derecho a estar informados”, escribía Ricarte Soto en octubre de 2010 para referirse a la escasa cobertura mediática que habían dado los mass media a la los trabajadores del retail entonces movilizados. El periodista publicaba su columna en el diario La Nación, recientemente cerrado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Y es que justamente a esos comunicadores comprometidos que buscaron entregar información a quienes no podían conocerla adscribió Ricarte Soto. Durante los años ochenta y mientras vivía su exilio desarrolló su actividad periodística como voz de Radio Francia internacional donde comentaba sobre política internacional, en especial sobre Latinoamérica y los oscuros acontecimientos que afectaban a Chile. También se desempeñó como corresponsal en París de la Radio Cooperativa y trabajó en la Comisión para la Cultura de las Naciones Unidas. A su regreso a Chile, el sentido crítico para observar y comunicar la realidad lo dotó de herramientas durante su desempeño en Radio Monumental, donde ocupó el cargo de director, y más tarde como panelista de programas en el canal nacional.
Hoy queremos reivindicar en la figura de Ricarte, el derecho de los pueblos a ser informados y escuchados, además de la trascendencia de un ejercicio igualitario y democrático en la construcción de una libertad de expresión real, y no asociada a la libertad de la empresa por instalar capitales mediáticos. Dotar al país de información y debate público, es necesario para exigir las garantías que una democracia debiera asegurar a sus ciudadanos. Por ello, queremos entregar nuestro mayor homenaje a aquellos comunicadores que como Ricarte Soto lograron instalar sobre el debate, el derecho a tener derechos. Qué importante fueron las gestiones de Ricarte para alentar a la ciudadanía a exigir su derecho a una salud digna. Fueron miles los trabajadores, ancianos, madres, discapacitados y estudiantes, los que se reunieron en mayo de este año y decidieron caminar juntos en lo que Ricarte llamó la «marcha por los enfermos», que buscó denunciar el alto costo de los medicamentos y tratamientos médicos para enfermedades catastróficas y exigir la garantía del derecho básico a la salud. En respuesta a dicha manifestación, el ministro de Salud Jaime Mañalich anunció la creación de un «Fondo Nacional de Medicamentos» a través de un proyecto de ley que llevaría el nombre del periodista, en ese sentido exigimos que el Ministro cumpla su compromiso. Ricarte no lo pudo ver, pero hoy es un imperativo ético que en su memoria se cumpla lo prometido.
Por último, es importante decir que ese derecho a informar y ser informado, ese comunicar, ese poner en común con otro que tanto defendió Ricarte, impone más que nunca democratizar las comunicaciones en Chile. Es importante tener claro, que si bien la Globalización neoliberal imperante ha permitido que las nuevas tecnologías de información se extiendan y con ellas se produzca casi la instantaneidad de los mensajes, esto no necesariamente redunda en mayor democratización comunicativa. También se requiere un sistema que garantice la pluralidad de los contenidos informativos por vía de limitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, proteger y fortalecer a los medios públicos y comunitarios y garantizar constitucionalmente el derecho a la información de la ciudadanía.
Santiago de Chile, 17 de octubre 2013
Crónica Digital
