INDH ENTREGA INFORME DE DDHH 2013 INSTANDO AL ESTADO A FORTALECER LA DEMOCRACIA, PROFUNDIZAR LOS DERECHOS SOCIALES

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Haciendo referencia a la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado cívico militar, a la insatisfacción de la ciudadanía con el Estado actual de la democracia en Chile y a la necesidad del Chile de profundizar los derechos sociales, el Instituto Nacional de derechos Humanos (INDH) presentó –este lunes, en el Centro Cultural Matucana 100- su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013.

Ante un marco de público de casi 600 personas, la Directora del INDH –Lorena Fries- hizo entrega del Informe al Presidente de la República, Sebastián Piñera; al presidente del Senado, Jorge Pizarro; al primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Joaquín Godoy; y al Ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch.

Durante su discurso, Lorena Fries, sostuvo que “hoy existe una profunda insatisfacción ciudadana con la democracia, la que parece a ratos divorciarse de su finalidad última que es la dignidad y desarrollo de las personas. Nuestro país ha cambiado y la ciudadanía y sus habitantes consideran que ya es tiempo de profundizar los cambios y la democracia”.

En su mensaje, Lorena Fries se refirió también a los tres primeros años de trabajo del Instituto, dando por finalizada su etapa de establecimiento, destacando que “el INDH ha logrado instalarse como un interlocutor válido, que existe para amplios sectores de nuestra sociedad a quienes hemos representado frente a la opinión pública y frente a las instituciones, cuando sus derechos han sido vulnerados”.

La Directora del INDH hizo además referencia en su misiva a las víctimas de la dictadura, señalando que “se requiere una instancia permanente de calificación de victimas además de la asesoría legal y social pública para los y las sobrevivientes de la tortura” además agregó que “se hace indispensable también contar con una instancia gubernamental en materia de derechos humanos, como la creación de la subsecretaría, propuesta por la actual administración”.

También en su discurso, Fries se pronunció sobre la situación de los pueblos indígenas: “el Estado de Chile tiene una doble responsabilidad en la situación que hasta hoy se arrastra en territorio mapuche. Tanto respecto de quienes allí se encontraban desde tiempos remotos como respecto de los que contaban con nuevos derechos sobre las tierras que el propio Estado les aseguraba. Esa doble responsabilidad se traduce hoy en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y en la incapacidad de defender a quienes son hostigados por encarnar materialmente esa vulneración”.

No podemos olvidarnos de la relación crítica que existe también con los pueblos Lican antay, Aymaras, Quechuas y Rapanui y la indiferencia de los chilenos/as frente a la desaparición física y patrimonial de los pueblos Kawascar y Yagan en el extremo sur”, señaló la Directora del Instituto.

Finalmente, sobre la necesidad de profundizar los derechos sociales en Chile -Lorena Fries- sostuvo que “su garantización por parte del Estado debe ser una prioridad en nuestro país en esta etapa que empezamos a transitar. Apuntan a asegurar umbrales mínimos de bienestar que garantizan una base de dignidad para todos y todas. Constituyen una exigencia de justicia que si no es satisfecha, impide a las personas alcanzar la plenitud de su ser político”.

En Chile aún existe tortura

El INDH ha constatado que existen diseños normativos deficientes y prácticas institucionales que favorecen actos de tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, fundamentalmente en espacios de privación de libertad o de personas sujetas al control por parte de agentes de orden público. Dentro del ámbito normativo se advierte que la definición ofrecida por el ordenamiento chileno no explicita el delito de tortura. Adicionalmente coexisten dos normas que sancionan hechos que en el ámbito internacional se conceptualizan como torturas: la contenida en el Código Penal (apremios ilegítimos), y la señalada en el Código de Justicia Militar (violencia innecesaria).

En 2012 se constataron 1.775 denuncias es decir, cerca de 5 casos diarios presentados en contra de Carabineros por violencias innecesarias, todas ellas entregadas al conocimiento de la justicia militar. En cuanto a apremios ilegítimos, en 2013 (hasta septiembre) se han abierto 100 causas por este delito.

Sobre este punto, la directora del INDH expresó “en Chile la tortura aún existe, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable”.

Violencia hacia niños y niñas

En el Informe 2013 se aborda, desde una mirada amplia, las múltiples formas y contextos en que la violencia se traduce y amenaza la integridad de los niños y niñas de nuestro país; de este modo el documento expone que estudios recientes muestran que 7 de cada 10 niños/as en Chile recibe algún tipo de violencia de parte de su padre y/o madre, que los niveles de violencia física grave permanecen casi inalterables entre los años 2000 y 2012 -bordeando el 25%- y que la prevalencia del abuso sexual en la población infantil fluctúa entre un 7,3% y 8,7% (UNICEF, 2012; GfK Adimark, 2013). Estos datos dan cuenta del carácter estructural y la naturalización de la violencia hacia la niñez.

Otra forma de violencia es la explotación sexual comercial (ESCNNA), la que según el último dato oficial –del año 2003- afecta a 3.719 niños y niñas.

En este sentido, el INDH estableció en su informe que el Estado aún tiene pendiente la adopción de una ley de protección integral a la infancia en apego a los principios de la Convención de Derechos del Niño –que modifique o derogue la actual Ley de Menores– y la realización de los rediseños institucionales y de política pública necesarios para cautelar la integridad de la infancia en diversos ámbitos.

Educación

Este año el INDH analiza en particular la calidad de la educación como dimensión constitutiva del derecho a la educación. De este modo, en el documento se explica cómo la carencia de una noción clara y compartida de lo que se considera educación de calidad, limita el accionar del Estado en estas materias y genera nuevas brechas en el ejercicio del derecho a educación, que amplían y profundizan la desigualdad en los mecanismos de acceso y financiamiento del sistema educativo.

Vivienda adecuada

En el Informe Situación de los Derechos Humanos 2013, el INDH se refiere a un estudio temático realizado en 2013 por el organismo, sobre el cumplimiento de este derecho en un conjunto de asentamientos, por ejemplo se consigna entre los conjuntos de vivienda social, las villas de blocks de los años´90 construidas en la periferia de las grandes ciudades son las que concentran las mayores brechas con los estándares del derecho a la vivienda adecuada.

Respecto de las “aldeas de emergencia” los problemas se relacionan con el acceso a servicios, las condiciones de habitabilidad, el acceso preferente a grupos vulnerados y la ubicación adecuada. En el caso de los campamentos, los resultados del estudio muestran que los atributos del derecho a la vivienda adecuada más deficitarios son la seguridad de la tenencia, el acceso a servicios y las condiciones de habitabilidad.

Empresas y derechos humanos

En este capítulo, se citan casos de público conocimiento en los que se ha podido verificar una acción empresarial reñida con las obligaciones jurídicas nacionales y con el estándar de respeto de los derechos humanos. Como son el proyecto minero Pascua Lama y la colusión de farmacias.

Sobre Pascuala Lama, el informe señala que como consecuencia de reiterados incumplimientos a los permisos ambientales, el proyecto tuvo que paralizar sus actividades hasta que se adopten las medidas de mitigación que permitan garantizar la integridad del medio ambiente y la salud de las personasEn el caso de la colusión de farmacias, el informe establece que existe una afectación al derecho al acceso a medicamentos como un componente del derecho a la salud. Ambos casos ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de prevención del Estado y revisar la suficiencia y eficacia de la normativa vigente, tanto en lo relativo a la regulación de las diversas ramas de actividades empresariales, como en el ámbito de la fiscalización y control.

Santiago de Chile, 9 de diciembre 2013
Crónica Digital

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