En Chile, en septiembre de 1973 se instauró la dictadura cívico militar liderada por Augusto Pinochet que duró hasta 1990. Durante este periodo se cometieron graves violaciones de derechos humanos (DDHH) incluyendo el establecimiento de campos de concentración y trabajos forzados, como los de Isla Dawson en el sur de la Patagonia chilena.
El 10 de enero de 2008, 31 ex prisioneros políticos que fuimos torturados, sometidos a trabajos forzados y confinados en los campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes entre 1973-1974, demandamos por daños y perjuicios al Estado de Chile. Después de cinco años, la demanda tuvo un fallo favorable en la sentencia de primera instancia notificada el 15 de enero de 2013 por la Juez Titular del 18º Juzgado Civil de Santiago, Claudia Donoso Niemayer.
Esta sentencia dictamina que los DDHH “son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste” y ratifica la “imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Lo que es concordante con el Programa de DDHH del Gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet.
Este fallo da lugar a “la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por los actores, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes.” A esta fecha, cuatro de los demandantes han fallecido y la mayoría de los restantes son de tercera edad.
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), durante la administración del ex Presidente Piñera apeló a esta sentencia y por consiguiente la causa esta para ser vista durante este mes de marzo de 2014 en la Corte de Apelaciones de Santiago. Llamamos al Gobierno a acatar esta sentencia de primera instancia, que es un veredicto ejemplar del estado de derecho en democracia, estableciendo así que en Chile se rechaza los crímenes que se cometieron en Isla Dawson.Por ello demandamos que el CDE desista de continuar oponiéndose a esta sentencia judicial.
Solicitamos que, el gobierno de la Nueva Mayoría, las organizaciones de DDHH, el cuerpo legislativo, los partidos políticos y las organizaciones eclesiásticas demanden el respeto y acatamiento de este fallo judicial que acoge la reparación a las víctimas de los delitos de lesa humanidad en esta causa de ex prisioneros de Isla Dawson.
Por los demandantes: Eliécer Valencia, Miguel Loguercio, Héctor Avilés y Baldovino Gómez.
Crónica Digital, 2 de abril 2014
