Comunicado público: CHILOÉ DECIDE: NO AL PUENTE

Como Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional con el propósito de evidenciar nuestro total rechazo a la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao.

El Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé está integrado por la Asamblea Social de Castro, la Asamblea Social de Ancud, la Asamblea Social de Curaco de Vélez, la Red de Cultura de Chiloé,  el Centro de Estudios Sociales de Chiloé-Cesch, el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural-Cecpan, la Agrupación Mestizas de Castro, el Movimiento de Defensa de Mar Brava, la Agrupación Cultural El Rodezno, la Unión Nacional Estudiantil-Sección Castro y una gran cantidad de Ciudadanos independientes.

Todas estas Asambleas y Organizaciones, agrupadas en dicho Consejo, manifestamos nuestro total rechazo a la decisión centralista y arbitraria de construir un puente de 740 millones de dólares que no  soluciona las necesidades urgentes de nuestros habitantes y denunciamos la disconformidad con la forma de invertir los fondos públicos en el archipiélago de Chiloé.

Reconocemos a esta mega-obra como un “monumento político populista” que terminará por postergar necesidades históricas de un archipiélago de 9.181 km2, integrado por 10 comunas y 40 islas habitadas, que requiere urgentemente una inversión estatal que brinde apoyo a las necesidades prioritarias vinculadas a infraestructura pública en salud (considerando nuestra complejidad geográfica), electrificación, fomento productivo rural, conectividad de las islas interiores, agua potable rural, educación superior de calidad en el archipiélago y el resguardo de nuestro valioso patrimonio natural y cultural.

Necesidades prioritarias, que autoridades gubernamentales, han dado por cubiertas a través del bullado y mediático “Plan Chiloé”, sin reconocer que este plan está muy lejos de cubrir las necesidades reales del archipiélago, el cual además, presenta graves atrasos y paralización de obras.

En este sentido, manifestamos que el Estado de Chile –históricamente- NO ha reconocido el derecho soberano de Chiloé a delinear (mínimamente) sus líneas de convivencia, tanto políticas, como económicas y culturales, imponiendo un modelo socioeconómico que ha devastado los bienes comunes naturales y sociales del Archipiélago. Comportamiento centralista, no democrático y de una colonialidad interna que adquiere su máxima expresión a través de la imposición de un mega-puente que termina por evidenciar la negación descarada de una amplia gama de necesidades ciudadanas.

De igual forma, declaramos nuestro total apoyo a la denuncia de vulneración de derechos presentada por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé. Vulneración que se ve reflejada a través de la fraudulenta aplicación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado y su proceso “clandestino” de consulta indígena. Derecho a consulta que todo pueblo indígena, sus comunidades y familias poseen cuando se enfrentan a un megaproyecto que afectará el territorio que sustenta los significados culturales de su existencia. Por tanto, respaldamos enfáticamente su apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su justo derecho a decidir, junto a la sociedad civil, sobre el territorio del cual son habitantes originarios.

Por último, queremos dejar en claro que nuestro futuro como habitantes del archipiélago debe construirse en base a consensos democráticos, no por la imposición de proyectos inconsultos sustentados en clichés como “puente=progreso”. Progreso no es saqueo de nuestros recursos hoy y carencia para los chilotes del mañana. Progreso es velar porque nuestro archipiélago tenga las condiciones de bienestar social aquí, ahora y en el futuro. Progreso es pensar y hacer de Chiloé un mejor lugar para vivir desde sus potencialidades y para sus habitantes.

CHILOÉ DECIDE POR SUS PRIORIDADES: NO AL PUENTE.

CONSEJO DE DEFENSA DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

Santiago de Chile, 10 de julio 2014
Crónica Digital

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ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA Y LOS DD.HH COLONIA DIGNIDAD CELEBRA DETERMINACIÓN DE LA SUPREMA

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La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD) celebra la resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de solicitar al gobierno alemán el cumplimiento de la condena impuesta en Chile al exjerarca de Colonia Dignidad, Harmut Hopp, en caso de que no se conceda su extradición. A la vez, la AMCD lamenta el largo tiempo transcurrido —casi un año y medio— entre la dictación de la condena por parte de la Corte Suprema y la presentación de la solicitud para que Hopp cumpla su condena en una cárcel alemana. Hopp huyó a Alemania en mayo de 2011, antes de que fuera condenado por la Corte Suprema a cinco años y un día de prisión, en enero de 2013, por su participación como cómplice de cuatro delitos de violación de menor de 12 años y de 16 delitos de abuso sexual de menores, cometidos por el fallecido líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer. La solicitud de que Hopp cumpla en Alemania la condena privativa de libertad que se le impuso en Chile es presentada en forma subsidiaria a la solicitud de extradición que ahora será enviada por la justicia chilena a su contraparte alemana. Actualmente, Hopp radica en la ciudad de Krefeld, donde la fiscalía alemana lo investiga por violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales contra menores y lesiones graves a los colonos alemanes mediante el suministro indebido de fármacos, proceso que podría derivar en acusaciones formales. Confiamos en que la justicia alemana procese la solicitud chilena de manera expedita para que Hopp ingrese prontamente a una cárcel alemana para cumplir la pena de cinco años y un día de presidio. Al momento de fugarse a Alemania, Hopp estaba siendo procesado en Chile por asociación ilícita y por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Juan Maino, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo, quienes a la fecha se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. Esperamos que las justicias de Chile y Alemania cooperen eficazmente para que la responsabilidad de Hopp en estos crímenes sea investigada y, de determinarse su participación, sancionada. A los integrantes de la AMCD nos preocupa la escasa cantidad de causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en el enclave alemán, las bajas condenas impuestas en causas como la de asociación ilícita y la impunidad que gozan los colonos alemanes en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en complicidad con la DINA. Por lo tanto, solicitamos al Estado chileno disponer de todos los recursos necesarios para  continuar las investigaciones de  los crímenes cometidos al interior del recinto Colonia Dignidad y avanzar en la  verdad y justicia que los chilenos exigimos desde hace 40 años. Santiago de Chile, 10 de julio 2014 Crónica Digital

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