La mayoría de los norteamericanos están en contra de la participación militar directa de Estados Unidos en los conflictos en Afganistán, Iraq, Siria y Ucrania, reveló una encuesta publicada hoy.
La pesquisa, realizada por el sitio digital Politico, mostró que alrededor de 66 por ciento de los encuestados estiman que las acciones bélicas del Pentágono deben estar limitadas a situaciones en que existan «amenazas reales a la seguridad nacional» del país norteño.
Según dicha publicación, en medio de la profundización de la violencia en Europa Oriental y el Medio Oriente, el sondeo revela cuán intensamente escépticos son los ciudadanos estadounidenses al enfrentar la posibilidad de una intervención militar de Washington en ultramar.
Más de 75 por ciento de los consultados apoyan la retirada total de las tropas norteamericanas de Afganistán y solo 23 por ciento se oponen a ese plan, mientras 51 por ciento estiman que la actual situación en Iraq no afecta la seguridad nacional de Estados Unidos.
Alrededor de 42 por ciento de los encuestados prefieren que la Casa Blanca tenga una participación mucho menor en el conflicto en Siria, contra un 15 por ciento que prefiere una mayor intervención de sus gobernantes en esa contienda.
Apenas 17 por ciento estiman que Washington debe tener una presencia más destacada en el conflicto en Ucrania.
La investigación de Politico estuvo dirigida a conocer las opiniones de los electores con vista a los próximos comicios de medio término de noviembre, en los que estarán en juego los 435 puestos de la Cámara de Representantes, 33 de los 100 del Senado, 38 cargos de gobernadores y 46 de las 50 legislaturas estaduales.
Washington, 21 julio 2014
Crónica Digital / PL
Lun Jul 21 , 2014
n junio pasado el gobierno de Bachelet envió al Senado un proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12). El proyecto, que forma parte de las 50 medidas comprometidas para los primeros 100 días de su gobierno, viene a sustituir aquel presentado en marzo de 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera en la materia, cuya tramitación legislativa estaba paralizada. La iniciativa legal tiene por objeto “la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.” Para ello propone la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Este Servicio, además de ser responsable del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrando aquellas áreas protegidas tanto terrestres como marítimas que corresponden al Estado, y supervisando aquellas de privados, tiene el deber de ejecutar las políticas y programas para la preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas, especialmente aquellos amenazados o degradados. Si bien resulta valorable que el gobierno promueva una legislación para la coordinación y dar nueva orientación a los numerosos y dispersos cuerpos legales existentes en materia de biodiversidad y áreas protegidas, y que proponga la creación de un servicio público para coordinar los esfuerzos públicos en materia de conservación de la biodiversidad y áreas protegidas, el proyecto adolece de problemas de forma y fondo que deben ser subrayados. En cuanto a la forma, aunque en el mensaje de este proyecto de ley se señala que responde al compromiso adquirido con organizaciones no gubernamentales medio ambientales, cabe señalar que el gobierno no recogió las observaciones que desde estas organizaciones ambientales y sociales hicimos en forma previa a su envío al Congreso. El mismo gobierno ha iniciado recientemente una ronda de reuniones a lo largo del país para dar difusión al proyecto, y para recabar las opiniones de actores relevantes en regiones, en circunstancias que la iniciativa legal ya ha sido enviada al Congreso Nacional, y por lo mismo, es allí donde será debatido. Más aún, el gobierno no consideró la consulta previa a los pueblos indígenas establecida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales frente a medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, como es evidentemente el caso de esta propuesta, afectación que por cierto el ejecutivo no podía ignorar. Es entendible que la presidenta Bachelet quiera cumplir con sus compromisos de campaña. Es una mala señal, sin embargo, que para ello deje de cumplir con obligaciones internacionales de derechos humanos, como las establecidas en el Convenio 169 de la OIT. En cuanto al fondo, el énfasis del proyecto está claramente puesto en las áreas protegidas. Ello a pesar de que, tal como se reconoce en su mensaje, estas áreas están lejos de asegurar la […]
