Cuatro artefactos incendiarios que dejaron en las recientes horas calcinados cuatro vehículos en esta capital y uno en Viña del Mar, añadieron tensión en Chile ante una ola de actos violentos sin precedentes.
El ministro chileno del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo hoy a la prensa que está en marcha un proceso minucioso de investigaciones para tratar de encontrar a los responsables de esas y otras acciones ocurridas recientemente.
La víspera, el Comité Especial de Seguridad se reunió en el Palacio de La Moneda, con la presencia del general director de Carabineros, Gustavo González, y el titular de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez.
Asimismo, el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
«Le he pedido a todos aumentar el trabajo preventivo y de inteligencia. Vamos a disponer de todos los elementos necesarios para que quienes cometieron estos hechos estén en manos de la justicia», remarcó Peñailillo.
Al parecer son distintos grupos los que ejecutaron los actos de corte intimidatorio aunque sin daños humanos hasta el momento.
El ministro del Interior adelantó que en los próximos 60 días se enviará un proyecto al Congreso para modificar la Ley Antiterrorista, para hacerla más moderna y que permita investigar esos casos con las atribuciones necesarias.
Esta semana en una iglesia de Santiago de Chile detonaron dos artefactos explosivos, mientras días atrás otra bomba pequeña detonó en el vagón de una línea del Metro que había sido evacuada.
Las dos explosiones de la madrugada tuvieron lugar en la iglesia Santa Ana, ubicada en la calle Catedral, en pleno centro de Santiago, con un balance de algunas afectaciones materiales al inmueble sin perjuicio humano.
El Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) desactivó otro paquete explosivo, en las inmediaciones del jardín infantil «Zona de Niños», en la calle Almirante Hurtado, también en el centro.
De acuerdo con el GOPE, en las cercanías de la iglesia se hallaron esparcidos panfletos que aludían a la pareja de chilenos detenidos en España, acusados de un atentado explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza.
Santiago de Chile, 24 de julio 2014
Crónica Digital / PL
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Jue Jul 24 , 2014
Con 54 votos a favor y 7 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la petición encabezada por los diputados Lautaro Carmona (PC) y Yasna Provoste (DC), y que contó con la firma de 60 parlamentarios, quienes solicitaron crear una Comisión Especial Investigadora sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), para que investigue, a partir del Informe de la Contraloría General de la República, las irregularidades arrojadas por dicha auditoría; la fiscalización que el Ministerio de Educación debió ejecutar en esta materia y las querellas que debieron ser presentadas por el Consejo de Defensa del Estado. La noticia, fue celebrada por el diputado Carmona, ya que son muchos los involucrados que se están viendo afectados actualmente por el tema de las subvenciones «es un hecho que espera la comunidad en general, y en particular la de Copiapó, el municipio de Copiapó no es el único que debe rendir cuentas respecto al uso de dineros SEP, así se ha pronunciado la Contraloría en distintos momentos, pero es el único que tiene un movimiento en huelga, en movilización, de parte de los profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Está de por medio ver si hay malversación, si hay omisiones, si hay mala contabilidad, y espero no lleguemos a otro tipo de situaciones que comprometan ya penalmente el ejercicio de quienes están a cargo de implementar los recursos SEP» Según Carmona, el alcalde de Copiapó está desafiado públicamente por la comunidad educacional, pero no han obtenido respuestas, por tanto la Comisión Investigadora será la encargada de resolver el tema «lamentablemente no ha habido respuesta que sea comprensible, es más, se elude la respuesta frente a los medios, lo que agrava mucho más la angustia de no saber donde está la caja negra, por qué no hay respuestas claras ni hay pronunciamiento, menos hay solución a un tema tan serio que al día de hoy no se reciben los recursos en materiales que deberían haberlos recibido en marzo». La instancia, que tendrá 180 días para elaborar el informe, deberá recabar información y determinar las responsabilidades involucradas, y remitir las conclusiones que se aprueben a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, proponiendo medidas para corregir las presuntas irregularidades que se descubran. Por Javier Cáceres Santiago de Chile, 24 de julio 2014 Crónica Digital