«El ministro (Nicolás) Eyzaguirre tiene nuestro apoyo incondicional no porque sea del partido (PPD) si no porque él representa los valores y principios por los que hemos luchado tanto tiempo: terminar con la educación como mercancía, y que las personas puedan optar a una formación de calidad independiente de la situación económica de cada uno. En todo el mundo eso es una obviedad, pero en Chile es una revolución», sostuvo el jefe de la bancada de senadores del PPD, Guido Girardi.
Sobre las críticas al ministro Eyzaguirre surgidas al interior de la Nueva Mayoría, el senador Girardi dijo: «Lamento que a algunos se les haya corrido el cerco. Ciertas personas en la Nueva Mayoría se contagiaron con las visiones neoliberales y les cuesta entender que la educación no puede ser un bien de consumo. Los llamo a que repongan sus convicciones de que la educación debe ser un derecho para terminar con la segregación que hoy genera. Lo que más nos define como Nueva Mayoría es el apoyo a la reforma educacional, pues es la más importante de todas las reformas y la que nos permitirá cambiar Chile y terminar con sus desigualdades».
El parlamentario reiteró que la discusión por la reforma educacional está abierta, pero aseguró que no se tranzarán los objetivos principales. «Podemos discutir los instrumentos, y estamos abiertos a hacer un debate que enriquezca esta reforma. Pero hay objetivos intransables: el fin del lucro, la calidad y la gratuidad. La Nueva Mayoría sólo se puede proyectar a futuro y reparar las omisiones que tuvo en el pasado si es capaz de llevar adelante esta reforma», dijo el senador por Santiago poniente.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, agradeció el respaldo: «Quiero agradecer el apoyo del PPD, que entiendo no es a mi persona, sino que a las ideas y convicciones por las que nos hemos jugado una vida entera. ¡Despertemos! No vamos a desarrollarnos como país, ni encontrarnos los unos con los otros, si es que no hacemos frente a esta reforma que requiere mucho coraje».
Santiago de Chile, 24 de julio 2014
Crónica Digital
Jue Jul 24 , 2014
la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM) junto a parlamentarios y políticos de San José de Maipo, solicitarán a la Contraloría General de la República, fiscalizar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ante la autorización a Aguas Andinas para entregar a la transnacional AES Gener (al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM)), aguas afectas a la concesión sanitaria del agua potable de Santiago. “Es necesario que se fiscalice el actuar que ha tenido la SISS y su permiso a Aguas Andinas para que proteger el agua potable de más de seis millones de personas que habitan la Región Metropolita. Por eso, invitamos también a que todos/as asistan a la manifestación en Plaza Italia, el sábado 2 de agosto, a partir de las 11:00 horas”, dijo la vocera de la CCRM, Marcela Mella Ortiz. Dos años después de la irregular calificación ambiental del mega Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, el 7 de junio de 2011, la empresa AES Gener S.A. informó en carácter de hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, un acuerdo con Aguas Andinas, para utilizar en la generación eléctrica aguas de Laguna Negra y Lo Encañado que están destinadas al agua potable de Santiago. En el acuerdo, Aguas Andinas traspasa a AES Gener S.A. un caudal de 2,5 m3/s de las aguas efluentes de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado. Como contraprestación, la empresa eléctrica hará a Aguas Andinas pagos mensuales por potencia y energía. El convenio tiene un plazo de vigencia de 40 años. El grave problema de este acuerdo entre las privadas, es que involucra bienes afectos a la concesión de producción y distribución de agua potable de Santiago, que de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas (Artículo 7) obliga a las concesionarias de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, a destinar las aguas e instalaciones al servicio público respectivo. El contrato entre la empresa sanitaria y la eléctrica contravino la legislación, pues no contó con autorización previa y la Superintendencia al tomar conocimiento de la infracción no ejerció su potestad fiscalizadora, establecida en el artículo 2 de la ley 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Dado que esta situación irregular se arrastra por tres años, parlamentarios y ciudadanos solicitan al Sr. Contralor General de la República que en virtud de lo establecido en el artículo 19 N° 14, de la Constitución y las facultades fiscalizadoras que le entrega la Ley N° 10.336, estudie los antecedentes que se le entregan y pida informe a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, de confirmarse las infracciones denunciadas. Santiago de Chile, 24 de julio 2014 Crónica Digital
