El proyecto de Reforma Tributaria que actualmente se discute en el parlamento de Chile ha suscitado los más disímiles criterios.
Desde los que dijeron que ahuyentaría las inversiones por el alza de las tasas impositivas, hasta quienes opinan que deja intactos los privilegios concedidos al capital privado por el modelo neoliberal vigente en el país desde hace 30 años.
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha dejado en claro que se trata de una medida imprescindible para que el país pueda contar con ingresos permanentes que garanticen el emprendimiento de otras reformas aun más importantes, como es la educacional.
Las previsiones oficiales indican que el nuevo sistema fiscal elevará las recaudaciones a un tres por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que significa una suma equivalente a ocho mil 200 millones de dólares.
Con ese monto se costearán las transformaciones que el Ejecutivo proyecta para el desarrollo deChile.
Entre los objetivos de la Reforma Tributaria, según el sitio digital del Palacio de la Moneda, se contempla avanzar en la equidad tributaria y mejorar la distribución del ingreso, dos metas de mucha importancia.
Las proyecciones se refieren al país declarado como el de mayor desigualdad entre los 34 que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
El primero de abril pasado se hizo público el texto del proyecto de ley tributaria que el poder Ejecutivo remitía al Congreso. Un mes y medio después, recibió la aprobación de la Cámara de Diputados y esta lo envió a la comisión de hacienda del Senado para su tramitación.
En la Cámara Baja se introdujeron muy pocas modificaciones al proyecto, pero el clima político en torno a la Reforma Tributaria se había ido caldeando, instigado por una campaña mediática en la que se alternaban las críticas de los representantes del empresariado y de los partidos de derecha, los que auguraban una crisis económica si se aprobaba la nueva regulación.
Entre los argumentos que manejaban los opositores al proyecto estaban la falta de diálogo entre las partes interesadas antes de la presentación del texto oficial, y las supuestas deficiencias del mismo, sobre todo en materia de ahorro e inversión.
INJERENCIAS
La polémica, que transcurría dentro del más estricto ámbito nacional, dio un violento giro cuando el embajador de Estados Unidos, Michael Hammer, intervino en ella en lo que parecía ser un «consejo» a las autoridades chilenas.
En abierto desafío a los monopolios periodísticos dominantes en Chile, la prensa de izquierda denunció como una grave intromisión en los asuntos internos de un país soberano.
«Cuando hay cambios -dijo Hammer ante un auditorio formado por hombres de negocios chilenos y norteamericanos-, es importante consultar a todas las partes interesadas, y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente».
El quincenario Punto Final se pronunció en un comentario editorial contra la conducta injerencista del embajador estadounidense y corrigió su declaración de que la Reforma Tributaria afectaría el modelo neoliberal
«La Reforma -aclaró la publicación- es solo la modernización de un modelo que requiere cambios para funcionar mejor y cuya implementación ha sido aconsejada por la OCDE».
PERSPECTIVAS
Mientras continuaba el debate en los medios de comunicación, de manera reservada se entabló una negociación entre algunos parlamentarios de la coalición gobernante y de la oposición dentro de la comisión de hacienda del Senado, en cuyas deliberaciones participaba también el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
La celebración de estas conversaciones fue aplaudida por las máximas autoridades del empresariado chileno y el fruto de ellas, conocido como Protocolo de Acuerdo de la Reforma Tributaria, fue reivindicado por el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, como su principal autor.
La reacción en los círculos de Wall Street fue inmediatamente de complacencia, aunque con cierta cautela porque todavía falta concretar los detalles del acuerdo
«Preliminarmente -dijo el banco JP Morgan- es una señal positiva», mientras que la firma Standard and Poorâ€Ös consideró que «en el corto plazo, es una buena noticia para recuperar la confianza en un sistema serio» basado en la política de acuerdos, sistema caracterizado por concesiones mutuas de gobierno y oposición que prevaleció en los años siguientes a la dictadura militar.
Sin embargo, algunos comentarios en Wal Street no fueron tan halagüeños. La agencia calificadora de riesgos Moodyâ€Ös advirtió que con los cambios introducidos al proyecto «es lógico esperar que la recaudación inicial sea menor al tres por ciento del PIB que originalmente se calculaba»
Algunos expertos, como el ex economista-jefe del Banco Mundial para América Latina, Sebastián Edwards, opinan que con la nueva versión el sistema tributario solo recaudará entre 1,8 y dos por ciento del PIB.
También se ha señalado que en la redacción actual existen numerosos resquicios que seguramente aprovecharán los asesores de las grandes compañías para eludir o dilatar el pago de los impuestos,
Los panegiristas del acuerdo alcanzado entre los senadores oficialistas y opositores sostienen que se ha dado un paso «histórico» en la convivencia política en Chile, pero aun dentro de las propias filas de la coalición de partidos gobernantes se han pronunciado serias impugnaciones al Protocolo de Acuerdo.
Una de las mayores preocupaciones apunta hacia el peligro de que la Reforma Tributaria no llegue a cumplir los cupos de recaudación que se necesitan para alcanzar la principal aspiración del actual gobierno, establecer un sistema de enseñanza público gratuito y de alta calidad.
Los empresarios, por su parte, no ocultan su satisfacción por el acuerdo. Un ejemplo de ello lo dio el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, quien en una entrevista con el diario conservador El Mercurio reconoció que «recoge muchas de nuestras propuestas», y agregó «pero muchas menos de las que hubiésemos querido».
Por José Bodes Gómez.Periodista colaborador de Prensa Latina.
Santiago de Chile, 1 de agosto 2014
Crónica Digital / PL