Las deudas de los estudiantes con los bancos privados se han duplicado desde el 2009 y a fines del 2013 superaban los 3.000 millones de dólares.
Según el SIES, la morosidad alcanza a poco menos de un tercio entre los egresados y a más de dos tercios de los que desertaron, en el caso del crédito con aval del Estado (CAE), que representa de lejos la mayor parte de estas deudas. Por este motivo, las instituciones que lo recibieron y son avales del mismo están en una situación delicada, por decir lo menos. Este experimento privatizador de la Concertación fue un gran negocio para los bancos, pero desastre para la educación y representa una carga insoportable para las familias. Debe terminar ahora.
Así lo comprendió incluso Piñera, que el 2013 presentó un proyecto de ley para sacar a los bancos del esquema y restringir los pagos de dividendos a una suerte de impuesto a los profesionales, consistente en un porcentaje limitado de sus remuneraciones a lo largo de un número acotado de años. Algo bastante parecido al Crédito Solidario que está disponible para las universidades estatales.
La Nueva Mayoría desechó este proyecto el 2014, arguyendo que la reforma en curso generaría condiciones mejores, camino a la gratuidad. Ello es correcto pero no se logrará el 2015, puesto que las leyes respectivas no se han presentado aún y ciertamente no estarán aprobadas a tiempo.
Evidentemente, el rechazo a la ley de Piñera no puede resultar en un perjuicio para los estudiantes, por lo cual el gobierno está obligado a terminar el CAE ahora, con o sin ley.
Ello resulta posible reasignando a becas los recursos respectivos en la Ley de Presupuesto 2015. Puesto que el fisco ya desembolsa aproximadamente la mitad del CAE, entre las denominadas «recompras y «recargas» en beneficio de los bancos, el gasto fiscal adicional se reduce a lo que hasta ahora aportan éstos, que es alrededor de la mitad del CAE. Esta cifra representa alrededor del 5 por ciento del presupuesto educacional y evidentemente ya estaba considerada de haberse aprobado la ley presentada por Piñera.
El crédito solidario también puede transformarse en becas, puesto que el desembolso fiscal es exactamente el mismo. La única diferencia para las cuentas públicas es que el primero, al igual que el CAE, no se registra como gasto sino como «inversión» fiscal, puesto que se supone que va a ser reembolsado por las familias, lo cual a estas alturas resulta una figura más bien artificiosa.
También se requiere reservar en el Presupuesto 2015, una partida adecuada para solventar el compromiso del Estado con las comunidades –estudiantes, académicos y funcionarios–, de las instituciones que han perdido o están a punto de perder su acreditación. Éstas no pueden recibir CAE y no resultan viables ya en el esquema actual. Han disminuido su matrícula el 2014, en varios casos a la mitad o menos, lo que torna insostenible su situación. Son las de peor calidad y por lo general tienen fines de lucro.
Estas instituciones no son pocas y algunas son grandes, hasta el punto que, incluyendo las que están siendo investigadas por diversos conceptos, representan casi un tercio del alumnado de educación terciaria. Su precaria situación refleja mejor que nada el estruendoso fracaso del experimento de privatización. El Estado no puede abandonar a su suerte a sus comunidades, como ocurrió en la Universidad de Mar.
La ley del administrador provisional actualmente en el parlamento, permite re asignarlas a otras instituciones de buena calidad, con evidente ventaja para sus actuales comunidades. Sin embargo, hay que proporcionar a las instituciones que se hagan cargo de ellas los recursos necesarios para atenderlas debidamente.
Adicionalmente, la Ley de Presupuesto 2015 debería contemplar recursos para compensar una primera rebaja de aranceles por parte de las instituciones de educación superior que señalen de este modo su voluntad de incorporarse al nuevo sistema público. No hay camino más claro y contundente para indicar el compromiso del gobierno con la gratuidad, con beneficio directo inmediato para un millón de estudiantes y sus familias.
Ya lo ha iniciado el nuevo Rector de la Universidad de Chile, congelando sus aranceles 2015. Su ejemplo debe ser imitado por todas las instituciones que se incorporen al nuevo sistema público.
Tanto esta última partida presupuestaria, como el reemplazo del CAE por becas, puede reservarse para aquellas instituciones que cumplan con los requisitos de calidad –los que por ahora pueden fijarse según los años de acreditación–, no lucro, no discriminación ideológica ni religiosa, y equidad expresada en un porcentaje mínimo de alumnos de menores ingresos, que la reforma exigirá a las que conformen el nuevo sistema público gratuito.
Todos los recursos reasignados, becas y compensación de rebaja de aranceles, pueden entregarse directamente a las instituciones que se incorporen al nuevo sistema público, bajo diversas formas estables. De este modo se avanzará gradualmente hacia la gratuidad y financiamiento mediante el presupuesto público. Éste asignará los recursos de modo mucho más eficiente que la propaganda desenfrenada de instituciones con fines de lucro, en un mercado creado artificialmente por los subsidios del Estado.
La educación no se privatizó sólo mediante las LOCE, sino principalmente mediante las sucesivas Leyes de Presupuesto, las que crecientemente reasignaron el gasto público hacia el subsidio a la demanda. A la inversa, la desmercantilización de la educación se logrará reasignando estos recursos y los adicionales, hacia el financiamiento presupuestario directo de las instituciones que, cumpliendo los requisitos de calidad y otros, conformen el nuevo sistema de educación pública gratuita.
Ese camino empieza con la Ley de Presupuesto 2015.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 18 de agosto 2014
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