La bancada de diputados socialistas presentó este lunes una querella por cohecho agravado y faltas a la probidad administrativa que apunta a los funcionarios públicos involucrados en el llamado caso Penta.
La acción judicial fue presentada en el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago por el jefe de la bancada socialista Marcelo Schilling; por el presidente del PS, Osvaldo Andrade y por los diputados Daniel Melo y Leonardo Soto.
La querella alude a la participación de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en el fraude al FUT, y a quienes hubieren recibido aportes irregulares de campaña a través de holding Penta. Según el ex director del holding Penta, Hugo Bravo, la firma habría recibido facturas y boletas falsas para eludir la ley electoral e inyectar recursos fuera de la norma a determinadas campañas.
“Buscamos colaborar con el ministerio Público en la indagación de los hechos. Esto comenzó como el fraude al FUT, lo que ahorra explicaciones de por qué era necesario de terminar con ese mecanismo. Pero también hay una arista política a través de la utilización de boletas para allegar recursos a campañas. Por este hecho pensamos que puede haber soborno, cohecho y, por supuesto, fraude al fisco. También la vulneración de los límites de gasto electoral”, explicó el diputado Marcelo Schilling.
A su turno, el diputado Osvaldo Andrade reiteró que corresponde respaldar el trabajo que encabeza el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo. “Vamos a respaldar al Ministerio Público porque pensamos que solo así vamos a tener claridad respecto a estos hechos”, dijo.
Arista política
“Cobra relevancia la eventual participación de funcionarios públicos especialmente aquellos que habrían tenido la doble calidad de cumplir una función pública y ser candidatos a cargos de elección popular, quienes conforme a tales antecedentes eventualmente habrían infringido los deberes del cargo al aceptar eludir las prohibiciones de la ley sobre límites y gasto electoral, al entregar documentos tributarios para justificar la recepción de recursos más allá de los aportes previstos en la ley”, sostiene
“Tratándose de delitos funcionarios en ambos hechos el denominador común es que los funcionarios, eventualmente, habrían recibido un beneficio económico por la infracción de los deberes del cargo lo que puede ser subsumida en la figura de cohecho agravado del funcionario público previsto en el art. 248 bis del Código Penal”, añade el texto.
La querella sostiene que “la eventual existencia de un ofrecimiento de un beneficio económico de un particular a un funcionario público, por infringir deberes del cargo (adulterar declaraciones para obtener devoluciones de FUT, o bien, entregar boletas o facturas de terceros falsas) configura el delito de soborno (cohecho del particular), previsto en el art. 250 del Código Penal”.
La acción de los diputados PS apunta también a perseguir la responsabilidad penal de las sociedades involucradas. “La existencia de un eventual delito de cohecho (del funcionario público o del particular) y como consecuencia de éstos de lavado de activos, permite perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la ley 20.393 (sociedades involucradas)”.
Santiago de Chile, 14 de octubre 2014
Crónica Digital
