Las iniciativas originadas en mociones parlamentarias, buscan establecer la reserva de empleo, normas de inclusión en la educación superior y protección de los bienes de personas con algún tipo de discapacidad.
El director del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Mauro Tamayo, en relación a tres mociones parlamentarias radicadas en la Comisión de Desarrollo Social, sostuvo que el Ejecutivo tiene una «mirada positiva porque contribuyen en un sentido claro a la inclusión social de las personas con discapacidad».
Los proyectos son el que establece que las instituciones de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad (boletín 8742); el que asegura la incorporación de un porcentaje de funcionarios con discapacidad en los órganos estatales (boletín 9610) y, por último, el que declara la inembargabilidad del bien raíz que sirva de residencia principal para un discapacitado (boletín 8729).
Para el director de SENADIS, las iniciativas se complementan en lo que denominó «un tren de tres carriles».
«El primero se llama inclusión educativa, el segundo inclusión laboral y el tercero inclusión social. Si no tenemos inclusión educativa, jamás tendremos inclusión laboral, y si no tenemos ésta última, no tendremos inclusión social, ni pleno goce de derechos», aseveró.
Mauro Tamayo añadió que en el caso del texto sobre normas para inclusión en la educación superior, a juicio del servicio también debiera incorporarse «una preocupación en el egreso, en la adaptación al puesto de trabajo, porque no tiene ningún sentido formar a jóvenes con discapacidad, para dejarlos a su suerte».
Fundamentó esta situación en que aún cuando el 2,66% de los jóvenes que egresan de la educación superior tienen alguna discapacidad, solo un 0,5% de la planilla total de trabajadores son personas en tales condiciones.
En relación al proyecto sobre inembargabilidad del bien raíz, el director de SENADIS planteó que debiera unirse con otras propuestas como señalar la inembargabilidad de las ayudas técnicas (prótesis, órtesis, etc), y que en el caso de la vivienda, no sea solo si está a nombre de la persona con discapacidad sino también de su cónyuge o que pudiese ser extensible a los hijos en los casos en que éstos tengan el cuidado de sus padres, planteamiento realizado por la diputada Alejandra Sepúlveda (Ind).
Por último, sobre la posibilidad de fijar la reserva legal de empleo en las instituciones públicas, Mauro Tamayo explicó que la mayoría de los países cuentan con este mecanismo y que Chile es uno de los pocos que no lo ha incorporado.
«Hay que abandonar los miedos. Creo que los prejuicios nos atormentan e impiden efectivamente incluir espacios como este; espacios que ayuden en forma progresiva a ir incorporando distintas cuotas tanto en el ámbito público como privado de reserva legal de empleo. Eso nos permitiría alinearnos con los países desarrollados, como Italia que tiene un 7% o Francia con un 6%», subrayó.
Ayuda integral
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Clemira Pacheco (PS), afirmó que se debe avanzar en cambiar el eje del Estado, con un marco más integral de apoyo a las familias vulnerables que tienen personas con discapacidad o capacidades distintas.
La legisladora recordó que en el país existen víctimas por la explosión de minas antipersonales, que sufren secuelas físicas, especialmente niños, y que no se ve una ayuda más integral para ellos.
La diputada Pacheco anunció que durante la primera semana del mes de noviembre esperan poder votar el proyecto que fija condiciones de inclusión en la educación superior, incorporando las indicaciones y aportes que realizará el propio SENADIS.
Santiago de Chile, 24 de octubre 2014
Crónica Digital / Agencias
