Por Diego Ancalao: LA INTEGRACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE, ¿A QUE PRECIO?

Somos Mestizos y Mapuches que hacemos parte de estas tierras, los que no somos tomados en cuenta en las grandes decisiones del país.

Desde pequeñas y aisladas comunas, hemos venido escuchando lejanas discusiones sobre la globalización, la “integración” de las comunicaciones, tecnologías, medios y mercados financieros. Estos últimos años hemos vivido dramáticamente sus impactos, constatando una “desintegración de nuestras comunidades”, una fragmentación familiar, social y cultural, manteniendo importantes niveles de exclusión y marginación que ocultan fuertes síntomas de discriminación en sus diversas formas; agudizando nuevos e históricos conflictos, aún, lejos de resolverse centralizadamente, uniformemente desde arriba.

Seguimos viviendo con intensidad agudos conflictos, que algunos se empeñan en mostrar como lucha de intereses económicos entre empresas forestales y Mapuche, actos de violencia, acciones extremistas; es decir, una visión interesada en distorsionar, reducir y fragmentar los hechos, a cuantificarlos sin desentrañar sus causas, aislándolos de una dinámica social y cultural estos impactos son de consecuencias impredecibles. Los resultados de la reconversión productiva, como la de Malleco son evidentes. Nos han querido transformar de obreros forestales a peluqueros, de campesinos en comerciantes, de borrachos a terroristas, de “flojos” a capitalistas.

El Estado chileno, la clase política de todos los colores, no reconocen los derechos elementales para la existencia humana, no reconocen los derechos Mapuches. La actual Ley Indígena y Constitución Política no reconoce nuestra existencia y la de otros Pueblos, en el fondo se expresa la vieja lógica del Estado racista, integrarnos para superar la pobreza, sin vincular que la integración sin ciudadanía, es el origen de nuestro empobrecimiento y exclusión, que la proclamada igualdad ante la ley es solo una declaración como muchas otras. Nos preocupa que los equilibrios económicos, que tantos se han esmerado en mantener a costa de todos nosotros, los pobres, empieza a desequilibrarse. Que la tentación por las privatizaciones alcance una vez más, nuestras tierras y aguas, recorte nuestros presupuestos, desvié nuestros recursos, no se cumpla con los compromisos.

No queremos que se modernice la pobreza, en el entendido que un pueblo puede progresar renunciando a sus derechos, el fracaso bicentenario de quienes han gobernado la sociedad chilena es instructivo, nos es fácil comprender, que no es posible el desarrollo de una sociedad cuando unos pocos se apropian de todo cuanto ella produce, como es imposible el progreso humano sin apoyarse en un proyecto propio de su gente, de sus culturas, de sus pueblos; cuando esos proyectos encarnan sus sentimientos y anhelos, cuando salen desde adentro, es diferente; es posible avanzar armoniosamente.

Todas las políticas que se nos proponen actualmente están basadas en la invitación “háganlo, conciértense con nosotros” y su religión actual es el consumismo. Se habla de progreso y se muestran las plantaciones que mantienen sitiados nuestros pueblos, expulsando nuestros viejos a ciudades intermedias y nuestros jóvenes a las grandes urbes por un empleo precario a conocer la diferencia de un camino de tierra a un túnel por debajo del Mapocho, símbolo del Bicentenario. El problema es que se nos habla desde una sociedad que tiene en crisis la economía, la salud, la educación, el medioambiente, la política, la justicia; una sociedad que tiene que pedir un préstamo al BID para sosegar a los Mapuche; en fin, ya sabemos que haciéndolo “como nosotros”, lo que ha ocurrido es más pobreza y opresión, profundizándose en los periodos de crisis como el actual.

¿Que nos queda? Los programas sociales donde se hace competir a una organización contra otra. ¿Es esta una concepción solidaria?. Tenemos malas experiencias con la concepción y ejecución de los programas sociales e indígenas. Muchos grandes proyectos se han perdido como el Holandés, aun que no queríamos ocurrió algo parecido con el Programa Orígenes: No queremos que los modestos recursos destinados a nuestras comunidades se debiliten y desgasten entre los pasillos burocráticos, en diagnósticos que se copian ligeramente. Estos programas deben corregirse a la brevedad, estos son programas asistencialista y fragmentados como toda la sociedad chilena, son los métodos de una estructura pegada y apegada a una política discriminatoria y represiva, a una concepción del siglo XIX en absoluta contradicción con el avance de los debates, declaraciones y acuerdos en derecho Internacional, muchos de los cuales aún el Estado chileno es incapaz de reconocer, en efecto, aun no nos reconocen constitucionalmente e implementan el convenio N° 169 de la OIT, materia que nos preocupa por sus implicancias en el caso chileno y principalmente por no existir en los hechos la preocupación y compromiso por aplicarlo profesional y responsablemente.

Estos últimos meses hemos venido sosteniendo una serie de Encuentros en diversos lugares de Arauco y Malleco, diversas organizaciones sociales y Mapuches. Lamentablemente nuestro diagnostico es lapidario desde nuestras realidades e intereses y lo que es peor, estas últimas semanas vemos con mayor preocupación cómo se continúa con el procesamiento, condenas y encarcelamiento de dirigentes Mapuches por la aplicación de la Ley Antiterrorista, mas grave, como las fuerzas policiales intensifican su capacidad represiva realizando operaciones desproporcionadas en el uso de sus fuerzas, en el desalojo, utilizando sus armas de fuego con resultado de heridas graves y muertes.

Nos preocupa el curso invariable que consume en la crisis a la sociedad chilena, los principales síntomas son estructurales y no coyunturales como suposición bien intencionada. Nosotros quisiéramos que fuera diferente y siempre hemos estado dispuestos para aportar desde nuestras realidades y capacidades. La complicación es que no vemos un cambio de actitud, por lo menos en nuestras regiones, aunque sabemos que en cualquier lugar de este país es lo  mismo.

Nuestras regiones tienen una relación distintiva desde el punto de vista histórico-cultural, como la profundidad y magnitud de sus problemas a resolver; estamos afirmando que no superaremos la actual situación con un programa del Fosis u origines, con 100 o 1.000 empleos, menos, con mayores acciones de violencia represiva.

Queremos insistir, que se requiere reorganizar la sociedad chilena, también sabemos que ello es más largo; pero mientras tanto necesitamos abordar con mayor seriedad y compromiso algunos conflictos como el Indígena y para ello tenemos que recurrir a todos los instrumentos que tengamos disponibles. Chile no puede despreciar el avance significativo que los Pueblos del mundo han realizado al respecto, principalmente estos últimos 50 años. Aunque majaderos, a nuestro juicio creemos que es de toda justicia que el Gobierno debe profesionalizar el funcionamiento del Convenio N° 169 de la OIT. Es más, solicitamos al Gobierno tomar todas las medidas tendientes a lograr el Reconocimiento Constitucional de los pueblos Indígenas, estamos convencidos que es un aporte significativo a superar los conflictos dese una perspectiva filosófica y practica de mayor profundidad y alcance, que puede contribuir a ese reordenamiento y reorganización que la sociedad chilena empieza a demandar con urgencia.

Por Diego Ancalao

Santiago de Chile, 18 de febrero 2015
Crónica Digital

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A contar de hoy, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, luego que el Ministerio de Hacienda publicara en el Diario Oficial la LeyN° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó la UAF. La nueva Ley no sólo aumenta las atribuciones de la UAF para prevenir e impedir que el sistema financiero chileno, y otros sectores de la actividad económica, sean utilizados para lavar dinero, sino también incluye normas para evitar el financiamiento del terrorismo, entre las que destaca el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. «Con este nuevo marco legal, el país aumenta significativamente su capacidad de análisis y control para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fijando nuevos estándares en materia de transparencia para nuestra economía», dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco. La iniciativa, que se originó en una moción de 7 diputados que, en agosto de 2006, buscaron levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado de activos, fue patrocinada por el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y aprobada en su segundo mandato. Durante su discusión recibió diversas indicaciones para fortalecer la normativa vigente, acogiendo las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) había planteado en sus evaluaciones a Chile de los años 2006 y 2010. Tras 8 años de trámite, el Parlamento despachó el proyecto el 10 de diciembre pasado. “Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa anti lavado. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los más altos estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI); fortalece nuestro sistema de prevención, fiscalización y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y potencia la cooperación entre el sector público y privado para combatir ambos delitos», destacó el director de la UAF, Javier Cruz. Agregó que «el beneficio de esta Ley es que ahora podremos proteger mejor al país, y a nuestra economía, de los nefastos perjuicios sociales, económicos, financieros y reputacionales que provocan tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo (LA/FT)”. Entre otros puntos, el cuerpo legal: -Aumenta el número de entidades privadas obligadas a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, que detecten en el ejercicio de su actividad (se incluyen las bolsas de productos y otras que sean supervisadas por la Superintendencia de Valores y Seguros,  las organizaciones deportivas profesionales, las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores). -Precisa que todos los sujetos supervisados también deberán informar sobre las operaciones sospechosas de financiamiento del […]

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