El martes 24 de febrero, en la ciudad de Puerto Varas, efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile allanaron la radio “La voz de Nueva Braunau” (Weñauka), producto de una denuncia realizada en noviembre de 2014 por infracción a la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Resultaron detenidos en tal acción los comunicadores Rubén Loncomilla,Sergio Quintul, Francisco Loncomilla y Yasna Levicán, a quienes se formalizó por utilización sin autorización del espectro radioeléctrico instituido en el artículo 36 B de dicha norma.
Ante esta situación, el Colegio de Periodistas de Chile declara que:
- Como Colegio de Periodistas de Chile rechazamos categóricamente el allanamiento de la radio “La voz de Nueva Braunau”, así como toda forma de hostigamiento y persecución hacia las comunidades mapuche que en la actualidad no cuentan con igualdad de condiciones para el acceso a la comunicación pública. Este hecho vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 19 número 12 de la Constitución como las garantías cauteladas en normativas internacionales como las de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a los cuales Chile adscribe.
- Esto es más grave aún cuando el artículo 36 B de la mencionada ley permite condenar a penas de cárcela quien “opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente”, lo va en contra de cualquier estándar mínimo en términos de libertad de expresión y prensa.
- Nos preocupa también que este sea el segundo allanamiento a radios comunitarias o públicas en menos de un mes. Con esto se ataca directamente al pluralismo mediático en el país, el cual ya se encuentra lo suficientemente amenazado por la concentración en el sistema de medios de comunicación existente.
- La cercanía temporal de ambos allanamientos, da cuenta de la precariedad en que se encuentran las radios comunitarias y públicas. Aunque en 2010 se promulgó la Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión ciudadana, esta normativa -que por lo demás todavía no cuenta con reglamento- aún es deficiente para garantizar y no obstaculizar el derecho de toda la ciudadanía a utilizar un bien público como es el espectro radioeléctrico y a operar un servicio de radiodifusión. Esto ha permitido la criminalización de lo que a nivel internacional es reconocido como un derecho humano: la comunicación. La acción aparece como aún más cuestionable cuando la radio “La voz de Nueva Braunau” se encontraba en proceso de regularizar su situación legal.
- Como Colegio de Periodistas de Chile entregamosnuestra solidaridad a la comunidad williche de Puerto Varas, a los comunicadores retenidos y formalizados, y a la audiencia de la emisora. Es de nuestro parecer que los organismos del Estado debieran ser instituciones que propicien la diversidad de voces y actores, y no quienes actúen con voluntarismo por su silenciamiento. Por ello, exigimos que la Subsecretaría de Telecomunicaciones explique claramente los motivos de su atención personalizada a las radios comunitarias y públicas, qué gestiones llevará adelante para apoyar al sistema de comunicación público y comunitario, y de qué forma pretendeabogar por una modificación a la normativa y la elaboración y publicación de un reglamento que efectivamente permita el uso democrático del espectro radioeléctrico y no su concentración en pocas manos.
Colegio de Periodistas de Chile
Santiago de Chile, 26 de febrero 2015
Crónica Digital
