Políticos de la derecha y empresarios chilenos permanecen en el banquillo de los acusados por financiamiento ilegal de campañas políticas, en un proceso sin precedentes que entra hoy en su segunda jornada.
El conglomerado económico Penta, parlamentarios y ex funcionarios del Gobierno de Sebastián Piñera aparecen entre los imputados.
«Lo que ha habido acá es una cultura de la evasión en este grupo económico (…) En lo que se ha convertido el grupo Penta es en una máquina para defraudar al fisco», dijo con dureza el fiscal Carlos Gajardo, durante la primera audiencia.
El Partido Comunista de Chile (PCCh) expresó en un comunicado de prensa que «no hay razón política, ética ni de otro tipo que justifique que ellos (los imputados) sigan en sus puestos en el Congreso, desacreditándolo y burlándose de la ciudadanía».
La organización se refería así a los diputados que están involucrados en el caso, concretamente a los senadores de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira y Ena von Baer.
«Desde múltiples sectores del país, ante el cúmulo de evidencias y gravedad de los hechos, se insiste y se demanda la renuncia de los parlamentarios de la UDI ligados a los delitos e irregularidades del Grupo Penta», recalcó el PCCh.
El Fiscal Nacional de Chile, Sabas Chahúan, argumentó que los delitos tienen gravedad por su reiteración, al subrayar las ilegalidades de los imputados que se remiten a varios años atrás.
Además de formalizar los cargos a los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños del Banco Penta, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos ejecutivos, una decisión que deberá tomar hoy el juez Juan Escobar.
Délano y Lavín son propietarios además de empresas de seguros y de la firma privada de salud Banmédica.
Entre los imputados figura asimismo Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería de la administración de Piñera, quien enfrenta cargos de cohecho y lavado de activos, sobornos de los controladores de Penta y otros delitos.
El PCCh comentó que en la fase actual del proceso se volvió a hablar de emisión de facturas irregulares de empresas ligadas a dirigentes de la UDI: Inversiones y Mandatos, vinculada a Jovino Novoa, ex presidente y ex senador de esa colectividad.
Además Vox Comunicaciones, en la que tuvo participación Laurence Golborne, ex candidato a senador y a Presidente por la UDI; Reactor SPA, ligada a Pablo Zalaquett, ex alcalde y ex candidato a diputado del partido de derecha.
Debe aplicarse la mayor severidad en las penas y sanciones, por la magnitud de los ilícitos y para que de una vez por todas se castiguen los delitos de «cuello y corbata» que involucran a personeros políticos. No puede haber impunidad, remarcó el PCCh.
La alta sensibilidad del tema, al que se sumó un aparente conflicto de intereses en el caso del hijo de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, motivó que la mandataria pidiera acelerar una propuesta legislativa.
Bachelet quiere impulsar una iniciativa encaminada a regular el financiamiento a la política, a la vez que deslindar la relación entre lo público y privado.
´Por Fauto Triana
Santiago de Chile, 5 de marzo 2015
Crónica Digital/PL
