ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS ENTREGAN PROPUESTA A BANCADA AC PARA UN PLEBISCITO

Un grupo de relevantes abogados constitucionalistas presentaron esta mañana a la Bancada AC una propuesta de proyecto legislativo para posibilitar un plebiscito que consulte a la ciudadanía sobre el mecanismo de diseño de la nueva Constitución.

La propuesta fue suscrita por 25 abogadas y abogados, cuyos representantes llegaron al Congreso para entregar el mencionado documento. En la ocasión Jaime Bassa, quien ofició de representante de los juristas, destacó que “se trata de un proyecto que busca habilitar al Presidente y al Congreso, para que puedan consultar a la ciudadanía sobre materias de la mayor relevancia nacional, como lo es la redacción de una nueva Constitución. Los representantes del pueblo, que hoy carecen de dicha facultad, contarán con una herramienta concreta para consultar a la ciudadanía, por ejemplo, sobre cómo prefiere que se elabore un nuevo texto constitucional”.

Los abogados creen que esta fórmula es un buen camino para institucionalizar el inicio del proceso constituyente, sin amarrar en la constitución todas las etapas posteriores.

Cabe destacar, que junto a los abogados se encontraban también representantes de la Iniciativa Ciudadana por una Asamblea Constituyente “MarcaAC”, así como también de la organización Poder Social Constituyente. Junto a ellos asistieron representantes de organizaciones de trabajadores como FENPRUSS, Ayudantes de Vuelo de LAN, Aduanas, Telecomunicaciones, entre otros.

De los 32 diputados que actualmente conforman la Bancada AC llegaron a recibir la propuesta Leonardo Soto, Karol Cariola, Camila Vallejo y Giorgio Jackson.

En la ocasión, el diputado Leonardo Soto, actual presidente de la Comisión de Constitución y Gobierno, destacó que “con este proyecto que se nos entrega se está poniendo la primera piedra del proceso constituyente”, cuyo origen muestra “una reflexión profunda de constitucionalistas, de ciudadanos, de organizaciones, que nos muestran un camino” hacia un mecanismo ciudadano para elaborar una nueva constitución. Además, el diputado socialista agregó que “la Presidenta ha dicho que quiere un mecanismo que sea democrático, institucional y participativo, hoy día estamos recibiendo una propuesta que cumple rigurosamente con esas tres características”.

La diputada Karol Cariola destacó, que mediante el camino que expone la propuesta, el Congreso le puede entregar a la Presidenta las facultades para que llame a un plebiscito. “Se trata de que sea el país en su conjunto el que decida cuál va a ser el mecanismo para cambiar la Constitución”, expresó la diputada por Recoleta.

Camila Vallejo, diputada por La Florida, agradeció el trabajo de los abogados constitucionalistas y expresó que esperaban esta propuesta. La ex dirigenta estudiantil afirmó, que la actual crisis parece no depender de uno u otro político o empresario respecto en cómo se vincula el dinero con la política, “sino que más bien parece ser el reflejo de las reglas del juego que se impusieron en nuestro país y que tenemos que revertir a través de una nueva constitución, pero que se redacte de una manera participativa, donde al menos la ciudadanía pueda expresarse sobre el mecanismo”.

El diputado perteneciente a Revolución Democrática, Giorgio Jackson, declaró que el país -y por cierto el Gobierno y la Presidenta- tienen una decisión muy importante que tomar, “poder profundizar la democracia o replicar modelos de cambios constitucionales que se han hecho en base a acuerdos políticos… Nosotros creemos que hay que vincular a la ciudadanía”.

Finalmente, el representante de la Iniciativa MarcaAC, Genaro Cuadros, expresó que lo pertinente para zanjar el tema del cambio constitucional es “preguntarle al pueblo”. “Nosotros pensamos que, justamente cuando comienzan a asomar las diversas teorías sobre acuerdos políticos frente a la actual crisis, corresponde que ella se enfrente entre todos. No queremos quedar fuera como ciudadanía y creemos que la mejor manera de participar de la solución, es que se nos convoque a un plebiscito para dirimir el mecanismo de diseño de la nueva Constitución”, afirmó el dirigente social.

Santiago de Chile, 31 de marzo 2015
Crónica Digital

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*Mientras la Corte estableció que el libro no constituye ningún peligro y que el Estado no puede imponer una doctrina “moral y religiosa”, el TC estableció que el requerimiento de inaplicabilidad contra el cuento es “inconsistente”, pues no se vulneran la Convención de los Derechos del Niño. Hasta ahora todos los recursos contra el libro se han perdido. Falta sólo el pronunciamiento de la Corte Suprema La Corte de Apelaciones de Valparaíso  y el Tribunal Constitucional rechazaron diversos recursos presentados por iglesias evangélicas y la Ong Comunidad y Justicia para impedir la distribución del libro “Nicolás tiene dos papás”, lo cual fue festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Los jueces de Valparaíso Inés María Letelier Ferrada, Carolina Figueroa Chandía y el abogado integrante Carlos Fuentes Puelma, rechazaron dos recursos, uno presentado por Igor Gusvat Aros Osses y otro por Gabriella Quezada Galdámez, ambos vinculados a iglesias evangélicas. El fallo estimó que los recurrente no acreditaron la vulneración de ningún derecho por la difusión del libro y por el patrocinio que le otorgó la Junsta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) No se “ha acreditado que el patrocinio de la Junji represente una amenaza seria y actual para el ejercicio de la libertad de conciencia de nadie y, menos aún, de los menores que asisten a jardines infantiles”, indicó el fallo. Tampoco la distribución el libro, añade la sentencia, el libro “constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpe la patria potestad de los padres y se muestra respetuoso de la libertad de conciencia, también garantizada constitucionalmente.” Más aún, y para argumentar a favor de la distribución del libro, la Corte estimó que el “Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa”. Junto con resaltar que el cuento fue financiado por la Unión Europea y el Reino de los Países Bajos y patrocinado además por la Universidad de Chile, la Dibam y el Colegio de Educares de Párvulos, la Corte añadió “no puede estimarse que (el libro) represente un peligro que amerite la acción constitucional de protección”. Respecto a la psotura de los recurrentes, que acusaban al libro de violentar psicógicamente a los niños, de vulnerar el derecho a educación de los padres y madres y la libertad de conciencia,  la Corte estimó que “la eventual amenaza no parece seria”. Por el contrario, puntualizó el fallo “se unen y entrelazan,  pero no se contraponen, por una parte, la decisión de la Junji de patrocinar el libro y, por la otra, el respeto y reconocimiento de la autoridad pública sobre el  derecho y deber de padres y apoderados de participar activamente y con entera libertad en las unidades educacionales respectivas en la adopción de decisiones importantes, en este caso para decidir si se solicita o no el mencionado cuento y la oportunidad para ello” El Movilh, que fue defendido en este caso por el abogado Jaime Silva, valoró el pronunciamiento de la Corte “pues rompe […]

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