CALIFICAN COMO “CHANTAJE” CRÍTICAS DEL EMPRESARIADO AL “PROCESO CONSTITUYENTE” ANUNCIADO POR LA PRESIDENTA BACHELET

Como un “chantaje”, calificó el Diputado PS y miembro de la Bancada Transversal por una Asamblea Constituyente, Daniel Melo, las palabras que diversos dirigentes del empresariado chileno emitieron, criticando el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, quien señaló que en el mes de septiembre se iniciaría un “proceso constituyente”.

Para Melo, el cuestionamiento de los empresarios “no está en sintonía con la ciudadanía, la que, mayoritariamente, respalda la elaboración de una nueva Constitución Política, nacida en democracia”. Del mismo modo, el legislador, llamó a los empresarios “a tener una mirada de país, y no velar por sus intereses particulares”.

Cabe señalar que frente al anuncio de Bachelet, el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, señaló que “el anuncio de la Presidenta de iniciar un proceso constituyente, a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan”.

Melo, a su vez, refutó las palabras del máximo representante de la CPC, y dijo que “los empresarios no deben cometer los errores del pasado, cuando conspiraron en contra de las transformaciones sociales que el pueblo respaldó en las urnas. La nueva Constitución está en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue elegida por mandato popular para cumplir lo prometido en campaña. Por tanto, para nadie es una sorpresa que el gobierno hoy comprometa el cambio de la carta fundamental”.

EL legislador PS finalizó señalando que “cuando los empresarios hablan de incertidumbre, lo que en realidad hacen, es una amenaza velada al mundo político, un chantaje”.

Santiago de Chile, 2 de mayo 2015
Crónica Digital 

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En el mes de enero, el Congreso aprobó la ley que se convirtió en la punta de lanza de la llamada “reforma educacional” del gobierno de la Nueva Mayoría, despachándola al Tribunal Constitucional2. La iniciativa, que posteriormente fue denominada “Ley de Inclusión Escolar”, sufrió constantes modificaciones que restaron fuerza al mensaje inicial de acabar con el lucro, la selección y el financiamiento compartido. Sorprendentemente, la primera de las leyes importantes del gobierno no se refiere al mejoramiento de la educación ni al posicionamiento de la educación pública. Por otra parte, tampoco aparecen planteamientos acerca del sentido de la Educación, su relevancia y su pertinencia. En efecto, y como hemos señalado en otras oportunidades, ésta no es una nueva ley con un cuerpo propio, sino una modificación parcial a otros marcos legales como la Ley General de Educación o el Decreto de Subvenciones, lo que le da un carácter “sui generis”3. Éste es un fenómeno a considerar: las “leyes parches” sirven en lo esencial para no alterar la institucionalidad educativa y eventualmente puede ser un antecedente para las otras modificaciones anunciadas para el 2015 . En efecto, y como hemos señalado en otras oportunidades, ésta no es una nueva ley con un cuerpo propio, sino una modificación parcial a otros marcos legales como la Ley General de Educación o el Decreto de Subvenciones, lo que le da un carácter “sui generis”3 . Éste es un fenómeno a considerar: las “leyes parches” sirven en lo esencial para no alterar la institucionalidad educativa y eventualmente puede ser un antecedente para las otras modificaciones anunciadas para el 20154. En este sentido llama poderosamente la atención que una reforma, anunciada como un cambio profundo al sistema educativo por el Ministro de Educación5, implique una modificación legal que en la práctica no apunte una transformación profunda. El proyecto de ley mantiene el mercado (ahora “regulado”, sin extremismos) como lógica de provisión educativa, a los padres como clientes de un servicio educativo con más transparencia para la elección y a un Estado que se limita a ser árbitro y a proveer de aún mayores recursos a los sostenedores privados. Por lo tanto, hay una apelación a buenas intenciones, a una educación integral, a promover y a propender ciertos valores como la diversidad o la inclusión, pero siempre asociados a la libertad de elección en el mercado bajo una lógica neoliberal. En concreto, ésta es una ley que se refiere explícitamente a tres aspectos puntuales del sistema educativo: la selección, el financiamiento compartido y el lucro. Ciertamente, había cierto consenso en la ciudadanía sobre lo nefasto de estas características para el sistema educacional. Sin embargo, perduran los pilares de la educación de mercado: la igualdad de trato público-privado, la competencia a través de la lógica de subvenciones por estudiante matriculado y asistencia diaria, y la libertad de enseñanza en los términos pobremente definidos por la Constitución6. Parece ser que la política real no es acabar con el modelo, sino consolidarlo de manera sutil e inteligente. La tramitación del […]

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