El procesamiento de siete militares-hoy en retiro- por uno de los actos represivos más brutales de la dictadura militar-derechista de Augusto Pinochet, que causó el 2 de julio de 1986, la muerte del joven fotógrafo, Rodrigo Rojas Denegri y graves quemaduras de Carmen Gloria Quintana ha venido a recordar a los chilenos que aun la justicia no logra toda la verdad y el castigo por las violaciones a los derechos humanos bajo la tiranía.
Los siete militares procesados por el ministro en visita Mario Carroza, hasta ahora gozaban de esa inaceptable impunidad que ha protegido, con un manto de complicidad y de un pacto de silencio establecido para ocultar y eludir la responsabilidad del Ejército y del Estado.
La conciencia de un hombre atormentado, un conscripto que se vio forzado a participar en estos hechos ha remecido a la opinión publica y ha posibilitado que el ministro Carroza, avance en el proceso e incluso investigue el delito de encubrimiento y ocultamiento deliberado de los hechos, mantenido hasta hoy por la institución castrense.
La investigación judicial, confirmada ahora por el testimonio del ex conscripto, Fernando Guzmán, al que se sumó Pedro Franco, integrante del comando ejecutor del crimen, ha establecido que las patrullas -tres civiles, 5 oficiales y 17 soldados- comandadas por el teniente Pedro Fernández Dittus y Julio Castañer, rociaron a Rojas Denegri y Carmen Gloria con gasolina y le prendieron fuego.
Luego, los arrojaron a una zanja de regadío, en un camino aislado en las afuera de la capital, intentando ocultar su participación en el crimen.
Hoy, a 29 años, la Justicia parece llegar a todos los culpables y se espera un paso más en la justicia y en el castigo a los culpables.
Hoy se ha revivido el dolor de las familias, de los familiares de las victimas de loas violaciones a los Derechos Humanos bajo la dictadura militar derechista (1973-1990) y de la propia Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió al martirio y hoy reside en Canadá, y que ha llegado a Santiago para entregar su testimonio.
Pero lo que el país ha constatado una vez más, con estupor e indignación, es que el pacto de silencio que las instituciones militares han impuesto en los autores de ese y otros crímenes, aun se mantiene.
Esto no solo significa complicidad delictual institucional, obstrucción a la justicia, encubrimiento, sino además tiene un grave connotación política.
Lo que se busca es proteger a los criminales, ocultar la gravedad y las propias violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, y el hecho de que fue la doctrina de las instituciones en esos años- la Doctrina de la Seguridad Nacional- fue el fundamento de la utilización de las Fuerzas Armadas como verdugos de sus pueblos, como asesinos.
Además, como un tema que afecta a los gobiernos, a la institucionalidad democrática, existe otro hecho: el que en las Fuerzas Armadas se protege a criminales de la época de la dictadura, manteniéndolos ocultos y protegidos en cargos, o con trabajos en calidad de “empleados civiles”.
Todo esto significa un acto de desafío a la justicia y a la democracia, al gobierno como a los ciudadanos.
Como dijo Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas Denegri apuntando a la presidenta Michelle Bachelet hace falta un “mayor compromiso político” con la causa de los derechos humanos, la verdad y la justicia.
El fin de la impunidad y de los “pactos de silencio” y la protección de los criminales es uno camino necesario, posible y urgente.
“La sociedad tiene el derecho a< conocer, a saber lo que realmente ocurrió, para que nunca más vuelvan a suceder hechos tan dolorosos”, señaló al respecto el cardenal Ricardo Ezzati.
El jefe de la Iglesia Católica chilena, agregó que “la existencia de pactos de silencio, sea que se kes llame así o que se trate de otros modos de encubrir crímenes de lesa humanidad, atenta directamente contra los propósitos de reconciliaci+òn que tanto se necesitan”.
En este sentido y gracias al trabajo del ministro Mario Carroza, a la incansable lucha de los familiares de detenidos desaparecidos, asesinados y otras víctimas de la dictadura, y al testimonio de ex soldados, hoy se está abriendo la posibilidad de acercarse a mas verdad y más justicia.
Es el momento de avanzar en este camino.Por Marcel Garcés.
Director- Crónica Digital
Santiago de Chile, 27 de julio 2015
Crónica Digital
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En la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura, me parece que es necesario tener presente que la veracidad de todos esos delitos ha estado latente permanentemente.
Todos los involucrados -hechores, víctimas, jefes militares y policiales, encubridores, cómplices, familiares, vecinos, testigos, periodistas y jueces, entre otros- han estado en conocimiento de la verdad desde el primer momento. Los más denunciando la verdad y los menos encubriéndola o negándola.
Ahora, el reconocimiento público de esas verdades, hechas por algunos ex concriptos, viene sólo a confirmar lo que todos sabíamos desde el primer dia del brutal golpe.
Así y todo, es totalmente loable el reinicio de procedimientos judiciales porque lo que está en deuda con Chile es la acción de justicia y castigo sobre esos criminales.
También, es atendible la proposición de algunos de facilitar la cooperación de involucrados en los crímenes, mediante garantias judiciales.
Son silencios criminales.