Siguiendo un libreto muy bien estructurado, y probado en 1973, la Derecha chilena ha desatado una escalada insurgente contra el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría, que no da cuartel y ante la cual no cabe taparse los ojos, mirar para el lado, hacer cálculos erróneos o dejarse embaucar con cantos de sirena.
Los principales partidos de la Derecha, la Unión Democráta ticaócrataiente y Renovación Nacional, tras ver frustradas sus pretensiones de “cambio de rumbo” de La Moneda, tras el cónclave oficialista de principios de agosto, pasaron a una nueva etapa en su confrontación al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, iniciado el primer día, y sobre todo a su programa de reformas.
Piñera acuñó la demanda de “reformar las reformas”, en tanto el ex senador UDI y alto funcionario de la dictadura de Pinochet, Jovino Novoa, formalizado por delitos tributarios, instó a la derecha a ser “opositores francos” del gobierno. Es decir pasan a la ofensiva total.
La violencia que se registra en ciertas regiones de la Araucanía, desarrolladas, según se afirma, por radicalizados grupos minoritarios o asaltantes que incendian camiones, amenazan a trabajadores del transporte o forestales, simples delincuentes que roban madera o por algunos que buscan cobrar seguros, todos los cuales convergen en un objetivo único; generar un clima de tensión que desemboque en una escalada incontrolable, un escenario de guerra interna o insurgencia.
Roberto Thieme, que algo sabe de esto, denunció en Radio Cooperativa, la conspiración de empresarios y violentistas (remanentes de “Patria y Libertad” y comandos Rolando Matus, de los 70), comandos “Trizano”, y nuevos paramilitares de ultraderecha, desplegados en el escenario de La Araucanía.
Vimos en el reciente episodio de los empresarios camioneros que revivieron de alguna manera en la conciencia colectiva chilena, el paro patronal camionero de octubre de 1972, encabezado por Leon Vilarin y financiado por la CIA, como parte de la conspiración sediciosa que llevó al Golpe de Estado militar derechista del 11 de septiembre de 1973, una batería de argumentos que iban desde la demostración de sus camiones quemados, hasta el estado de la seguridad ciudadana en el resto del país, y por consiguiente la demanda de un represión mas allá de las normas legales – “tolerancia cero”- virulenta oposición a las reformas gubernamentales, denuncia al voleo a la corrupción de los políticos, y crítica acerba a la labor de la justicia, y de los parlamentarios, entre otras materias varias.
La nostalgia -o las ganas de repetirlo- por la “mano dura”, por el ejercicio de una autoridad si limites, en fin, la dictadura, es más que evidente.
El carácter político partidista, derechista, opositor de la caravana de camioneros, que mantuvo en jaque no solo el libre tránsito vehicular normal y mantuvo en vilo a la opinión pública y a la autoridad, fue evidente, tanto como la intransigencia, altanería, y carácter confrontacional de los dirigentes y participantes de la acción.
Obviamente la caravana era la punta de lanza de una operación mayor, de los “males mayores” o con el objetivo estratégico de “cambiar Chile” con los que amenazó el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, José Villagrán, a través de declaraciones a un canal de televisión.
No solo esperaban el vamos para un paro nacional el resto de las organizaciones de camioneros, sino que también se disponían a sumarse las “multigremiales”, entidades empresariales de ultraderecha, además de los gremios patronales nacionales de otras áreas, lo que confirma el carácter político del movimiento y su coordinación con la estrategia de la derecha chilena, con el apoyo de sus medios de comunicación asociados.
Aunque la acción del gobierno pudiera recibir críticas por una aparente conducta errática, y en el manejo del conflicto, y finalmente aceptara el paso de los camiones frente al Palacio de La Moneda, dándoles una cierta sensación de triunfo a los manifestantes, lo cierto es que desactivó un movimiento que por su extensión pudiera haber afectado gravemente no solo el orden público, sino que, incluso, el abastecimiento nacional.
Lo que sì claramente no es entendible, ni aceptable para un régimen democrático, es el rol protagónico que se dio en la salida del impasse al próximo director general de Carabineros, Bruno Villalobos.
La caravana de camioneros viene a ser así, una advertencia y se suma entonces, a los caceroleos contra la delincuencia y la “inseguridad ciudadana”, que tiene amplio espacio mediático en El Mercurio, de otro personaje vinculado a la sedición de 1973, además de otras señales en el terreno de la guerra sicológica, el ataque procaz a las autoridades de gobierno, incluso a la Presidenta.
El fundamento político lo dio recién el Consejo Directivo Ampliado de la UDI, que el 7 y 8 del presente mes de agosto, que resolvió asumir el rol de ser “co0nductores del malestar social”, “fortalecer el mayorazgo opositor del partido”, y “trabajar con más fuerza”.
O como dijo el presidente de Renovación Nacional, diputado Cristián Monckeberg, que la oposición “no le debe dar respiro a un gobierno que perdió el rumbo”.
Lo único extraño- hay que decirle- y con fuerza- es que el gobierno tiene que defenderse también del ”fuego amigo” (supuestamente amigo), que ha salido al ruedo en estos últimos días.
Según El Mercurio”, el presidente del Senado, Patricio Walker propuso un “Acuerdo Nacional por nueva Constitución”, objetando una característica de la democracia, asumiendo que las mayorías no hacen valer su voluntad “sobre unos pocos”, sino que estos deben sentarse a la mesa y “buscar cómo podemos tener una Constitución que sea conocida (¿) por todos”.
El presidente del Senado dijo que el ministro del Interior, Jorge Burgos- al que según parece también considera “Primer Ministro” – como su hermano Ignacio- “tuvo bastante acogida” a la idea, sobre “tener un cronograma de trabajo que nos involucre a todos”.
¿Será casualidad que Piñera, presente en el acto de celebración del Acuerdo Nacional contra la dictadura se haya entusiasmado también con esta idea?.
Por otro lado, el ex ministro del Interior del presidente Eduardo Frei, Carlos Figueroa, declaró a la agencia internacional de noticias Pressenza, reproducido gentilmente por La Tercera, que Bachelet “no tiene capacidad de conducción política” y “además no le gusta”, y que “el gobierno tiene un problema de gestión brutal, por falta de visión y por malos ministros”.
Por su lado, Genaro Arriagada, analista político, ex ministro “e histórico dirigente de la DC”, según El Mercurio, pone la guinda de la torta:
“La evaluación del Cónclave de la Nueva Mayoría no ha sido buena. La crítica es que en él hubo pocas ideas y decisiones con lo que se terminó fortaleciendo la percepción de que estamos ante un gobierno que reacciona lento y tarde”, dijo Arriagada, en un artículo que bajo el título de “La parálisis en la Nueva Mayoría”, publicó, con gran despliegue, El Mercurio.
Sería muy bueno, entonces, para el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, para la Nueva Mayoría y el futuro de la democracia en el país, Que los compromisos y las lealtades quedaran más claras.
Y los ciudadanos defendiéramos lo que es nuestro, es decir lo que elegimos, programa, reformas, perspectivas.
Por Marcel Garcés
Director -Crónica Digital
Santiago de Chile, 28 de agosto 2015
Crónica Digital