Quiénes no quieren gratuidad en educación superior han ejercido su sagrado derecho a pataleo. Han consumado su intento postrero de revertir la glosa presupuestaria presentada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento, democráticamente elegidos, que da inicio inmediato a este beneficio mediante la asignación de partidas a instituciones de calidad que otorguen gratuidad. Recurrieron al más antidemocrático y desprestigiado resabio de la constitución Pinochetista, el Tribunal Constitucional (TC), cuya mayoría opositora votó, sin asco y sin detenerse siquiera un minuto a considerar los fundados alegatos de la defensa, por objetar parcialmente la constitucionalidad de dicha ley. La Presidenta respondió asimismo de inmediato “No me conocen, la gratuidad va de todas formas el 2016”, ha declarado. Así sucederá.
Las grandes transformaciones siempre terminan por concretarse mediante letra chica. Así había venido sucediendo con la privatización de la educación, que avanzó año tras año en la misma medida que crecía la proporción del presupuesto público asignado al denominado “subsidio a la demanda” o “vouchers” como los bautizó su inspirador Milton Friedman. Todo ello sin ley especial ni alegatos ante el TC.
Los ideólogos de la privatización bien han sabido siempre que en los “vouchers” reside la clave de todo. La educación privada brama por demanda solvente como ciervo sediento por agua fresca. Si ésta crece, aunque sea a punta de becas y créditos financiados con fondos fiscales, las empresas educacionales privadas florecen y lucran de uno u otro modo. Si en cambio, la demanda por educación pagada merma o desaparece casi totalmente al extinguirse los “vouchers”, esos capitales deberán migrar hacia otros horizontes.
Así lo han entendido claramente, al menos en el caso de educación superior, la Presidenta y el gobierno, la Nueva Mayoría y todos sus parlamentarios, con la sola deserción de un senador, aunque vociferante y amplificado por las primeras planas de la derecha. Asimismo el Consejo de Rectores (CRUCH), que agrupa a las universidades tradicionales y de mejor calidad, quienes encabezados por su Presidente, Rector Aldo Valle, han defendido con decisión y brillo la glosa presupuestaria en todas las instancias, en el entendido que ésta incorporaba asimismo a instituciones privadas de calidad que no pertenecen a su agrupación.
El movimiento estudiantil no ha sido en esta ocasión un protagonista relevante. Ha seguido el debate con distancia y escepticismo. Pero ello se explica principalmente por el extendido clima de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en general, que el fallo del TC no hace sino exacerbar a un nivel en extremo peligroso.
Más importante, tras el debate de la glosa presupuestaria y el propio fallo del TC “la pertinencia, necesidad y justicia de la gratuidad universal parece haber decantado en un amplio consenso político” como ha escrito acertadamente un comentarista.
Tras el fallo, el gobierno ha reafirmado la voluntad de la Presidenta, sugiriendo que la gratuidad ya es un hecho en las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), donde no fue cuestionada por el TC y son las más importantes de todo el sistema. Eventualmente, podría incluso asignar toda la partida de gratuidad a esas universidades, extendiéndola allí a buena parte del estudiantado, con un efecto de demostración que haría irresistible su extensión a todas las instituciones en el presupuesto del año 2017.
En tal caso, sin embargo, se estarían frustrando hoy las expectativas de tres instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica, dos universidades y un instituto profesional (IP), y una universidad privada sin fines de lucro, que satisfacen los requisitos de gratuidad establecidos en la glosa presupuestaria y fueron objetados por el TC.
No deja de llamar la atención que las dos primeras pertenecen a congregaciones católicas rivales de aquellas donde militan quienes encabezan el partido que presentó la demanda ante el TC. De nada sirvió, por otra parte, que tanto el instituto profesional y como la otra universidad excluidas por el fallo del TC, sean encabezadas por rectores que se han distinguido por su ardiente defensa del modelo de educación privatizada, lo que les ha proporcionado una considerable cobertura en medios de derecha. Los trataron como advenedizos, por más que hagan gala de un estilo pretencioso el uno y redicho el otro.
Lo más grave, es que para la mayoría de las instituciones, se dejaría vigente el mismo esquema de financiamiento mediante “vouchers”, mediante el cual no rinden cuentas a nadie y estimula la privatización y el lucro. Una alternativa aún más trascendente y de impacto político todavía mayor, sería aprovechar las objeciones de supuesta inconstitucionalidad del TC para terminar de una vez con las becas y especialmente con el infame crédito con aval del estado (CAE), extendiendo ahora mismo el mecanismo de gratuidad a todas las instituciones de educación superior acreditadas, que son las únicas calificadas actualmente para percibir dineros públicos.
El gobierno ha estimado que los recursos asignados a gratuidad en la glosa que suman poco más de de medio billón de pesos (poco más de $0,54b), permite extenderla a algo más de 200 mil estudiantes, lo que arroja un promedio de poco más de dos millones de pesos por alumno gratuito.
Por otra parte, si se reasignan los recursos destinados a becas (más de de $0,23b) y CAE (más de $0,67b), que en conjunto suman casi un billón de pesos adicionales (más de $0,9b), a aportes directos a las mismas instituciones que los perciben hoy, ello permitiría cubrir con gratuidad a los restantes 400 mil estudiantes de escasos recursos que hoy reciben dichos beneficios, con un promedio similar al anterior, superior a dos millones por alumno.
Los recursos asignados para gratuidad, sumados a los becas y CAE, en el presupuesto 2016, suman más de un billón y medio de pesos, cubren más de la mitad de todos los ingresos por aranceles de todas las IES y son suficientes para incorporar a la gratuidad al 50 por ciento que más lo necesita de todos los estudiantes de educación superior, es decir, a cerca de 600 mil estudiantes, con un promedio de más de dos millones de pesos por alumno.
Estas cifras son irredargüibles y demuestran que el argumento que no hay dinero suficiente es equivocado. Hacer extensiva la gratuidad a todas las instituciones acreditadas es lo que propusieron CENDA e ICAL hace un año y reiteraron hace poco. Ello es posible y constituye la alternativa más contundente para avanzar en la reforma de educación superior, al tiempo que muestra el camino para la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en su conjunto, en todos los niveles.
Por este motivo, esta propuesta se ha ido abriendo camino, poco a poco, de una y otra manera, contra viento y marea, contra todos sus poderosos adversarios, de oposición y también algunos de la coalición de gobierno. Terminar con la educación mercantilizada y reconstruir el sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad es lo que ha resuelto hace ya bastante tiempo la ciudadanía.
Eligió a la Presidenta Bachelet precisamente para implementar esta reforma y confió que cumpliría su palabra. Ella está respondiendo con la lealtad que se espera de una hija política del Presidente Allende.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 16 de diciembre 2015
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