En la mira por cuitas del pasado trasladadas a la actualidad, el Ejército de Chile tratará de voltear la página con un informe de transparencia al tiempo que el Gobierno intenta derogar una controvertida ley.
De hecho, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, trabaja en la elaboración de una propuesta para derogar la Ley Reservada del cobre, que permite a los militares recibir cuantiosas sumas de dinero para el pertrecho de armamentos.
Pero las sumas por concepto de exportaciones de cobre (10 por ciento), principal rubro de la economía chilena, despertó suspicacias a partir de sus manejos secretos.
La legislación es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y además de ser critica con dureza por organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos, saltó a la palestra pública recientemente.
El motivo, cuando meses atrás surgió la denuncia a un caso de apropiación indebida de recursos -en millones de pesos chilenos- con participación de varios oficiales del Ejército, quienes supuestamente se apoderaron de dineros reservados.
Precisamente el general Humberto Oviedo, Comandante del Ejército de Chile, quien prepara un informe de transparencia de los militares, admitió que el expediente mencionado fue doloroso y complejo.
Oviedo fustigó a los involucrados en el acto de corrupción y manifestó su apoyo al accionar del Estado en el sentido
de reforzar los controles. En la actualidad se adelanta una investigación y ya fue destituido el coronel Guillermo Olivier.
Respecto a la eventual derogación de la norma que permite ingresos reservados, el ministro Gómez aseguró que espera presentar pronto un informe detallado a la presidenta de la República, Michelle Bachelet.
«Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016», comentó Gómez a la prensa local.
De otro lado, el general Oviedo indicó que espera tener listo un balance de las medidas que ha tomado desde 1990 el Ejército para colaborar en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
«En unos días más esperamos editar una publicación, que será entregada a organismos que tienen directa relación con los derechos humanos. En ella vamos a dar cuenta de qué ha efectuado la institución, formalmente, en hechos, sin juicios de valor», anotó.
Uno de los temas más neurálgicos desde hace tiempo en Chile es los llamados pactos de silencio de las fuerzas militares, que motivaron el reclamo de grupos de derechos humanos y de la propia jefa de Estados.
Los familiares de detenidos desaparecidos y de asesinados por la dictadura exigen conocer el destino final de sus seres queridos, algo que en numerosos casos no se conoce ante el hermetismo de los integrantes del Ejército.
El general Oviedo aseguró que no caben los pactos de silencio en la institución, pero lo cierto que es que hay más de tres mil 200 personas asesinadas y mil 200 desaparecidos en Chile sin claridad de lo ocurrido en varios expedientes.
Santiago de Chile, 27 de diciembre 2015
Crónica Digital / PL
