“Las redes del poder y el cohecho están dejando sin peces las redes de la pesca artesanal” y se hace imprescindible que la sociedad civil, en su conjunto, se informe y tome conciencia de la gravedad de la situación. Por ello, como Centro de Estudios iniciaremos diálogos ciudadanos con las bases y con la dirigencia de las organizaciones para hacer juntos una nueva ley a favor de las más de 80 mil familias que viven de nuestro mar, lo que haremos, a través de la oficina parlamentaria del diputado, Sergio Aguiló, presidente de la Izquierda Ciudadana.
La iniciativa en la que trabajó la Bancada PC-IC fue declarada admisible y, con ello, se está dando luz verde al inicio del fin de una normativa que, en la práctica, beneficia a un grupo de nueve familias de la industria y perjudica a miles de familias de la pesca artesanal, porque con su implementación se terminó por agudizar la desigualdad entre la industria y la pesca artesanal, entregándoles prácticamente a perpetuidad el recurso pequero a los industriales.
A la Izquierda Ciudadana le asiste el pleno convencimiento de que la Ley N° 20.657 carece de legitimidad y legalidad y, prueba de esto es que el Ministerio Público está investigando a parlamentarios que habrían recibido dineros de CORPESCA, por su injerencia en las indicaciones contenidas en la legislación y crear una normativa pro empresarios pesqueros. En esta situación, por ejemplo, se encuentra el senador, Jaime Orpis (UDI) quien es acusado por el Consejo de Defensa del Estado de haberse constituido, virtualmente, como “un empleado” de CORPESCA y que actuó “en directo interés de la empresa, no de un interés social, a través de la entrega de boletas, ideológicamente, falsas por un valor de $250 millones. El parlamentario, a raíz de estos hechos, fue, finalmente, desaforado.
Hay que recordar que a Jaime Orpis se le imputan los delitos de cohecho, lavado de activos, fraude al fisco, delito tributarios a través de boletas ideológicamente falsas, ilícitos que según la fiscal, Ximena Chong son de alta corrupción pública y alta criminalidad económica.
Sobre estos delitos, emplazo a los diputados de la UDI de la Región de los Lagos, Marisol Turres, Felipe de Mussy, Javier Hernández y al senador Iván Moreira a dar una explicación por los ilícitos de los que está siendo acusado uno de los suyos y esperamos, por esta razón, voten a favor de la admisibilidad de la anulación del proyecto de Ley de Pesca para dar señales de transparencia reales y concretas”.
Por Leopoldo Pineda: Ex concejal de Puerto Montt y Director del Centro de Estudios Cultura Ciudadana.
Santiago de Chile, 1 de febrero 2016
Crónica Digital
