Por Patricio Aguilar: Y LA PAZ EN COLOMBIA?

La Paz, cuántas veces se ha dicho, no es sólo la carencia de guerra. Requiere su implementación una decidida voluntad de las partes en conflicto y, por sobre todas las cosas, una inquebrantable búsqueda de solución de los elementos que dieron origen a la agudización de la crisis.

Ante la asamblea del Parlamento Europeo expuso el Comandante de las FARC-EP, Iván Márquez, que “…es necesario que las causas que dieron origen al conflicto nunca más se repitan…”. Estas palabras son el marco ideológico, que resume el sentido original de la intervención de esta organización en un conflicto al que el grupo, encabezado por el inmortal líder y Comandante en Jefe fundador, Manuel Marulanda, adscribió desde sus inicios: “Paz con Justicia Social” fue un grito de combate que condujo el despliegue de cada uno de los frentes guerrilleros y dio contundencia a una lucha que se ha transformado en la más antigua de nuestra América.

En La Habana, sede de los Diálogos de Paz, se ha avanzado en grandes ejes de la conversación con el estado colombiano. Los principales acuerdos han sido:

Reforma Rural Integral, un acuerdo clave si se toma en cuenta que han sido los campesinos, los trabajadores rurales y sus condiciones de producción, las principales víctimas de la rapiñería oligárquica secular en Colombia. No es casual que los guerrilleros de FARC-EP hayan centrado su lucha en los campos y selvas del país y, sólo por extensión, hayan llegado a las ciudades.

Participación Política, un acuerdo no menos importante, porque ratifica que siempre FARC-EP ha sido una fuerza beligerante, y no una organización terrorista como lo ha querido imponer la propaganda proclive a los sostenedores de la injusticia y la desigualdad que han marcado a fuego el conflicto colombiano. La garantía de la participación política debe ser entendida como una forma de mantener viva y vigente, por la vía legal, la palabra y los objetivos políticos farianos, destinados para la construcción de una Nueva Colombia.

Nueva Política Antidrogas, una de las aristas fundamentales en un país donde el narcotráfico ha sido una de las herramientas de la explotación y la corrupción en los principales niveles estatales y donde FARC-EP ha cumplido un importante papel en el combate a las bandas delictuales, a la explotación humana que contienen, al enriquecimiento ilícito y a la destrucción de la sociedad por la vía de su alienación. Los campesinos han sido víctimas de Estado que, con la excusa de la droga, han quemado y destruido grandes extensiones de terreno para evitar la siembra de insumos básicos de los narcóticos. FARC-EP, en cambio, ha venido desde varios años, entregando propuestas de sembradíos alternativos para mejorar las condiciones económicas del campesinado y evitar que deban sembrar Coca o Amapola como única forma de sobrevivir.

Finalmente, el cuarto acuerdo versa sobre un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, una importante reivindicación que norma sobre las condiciones ambientales que deben contener estas conversaciones para arribar a un final adecuado. Si alguna parte de este “Sistema Integral” falta, nada de lo anterior tiene real sustento ni garantía de permanencia. En esta etapa no sólo se debe mirar a los actores directos de la conflagración armada, sino también a quienes, desde una postura civil han profitado del conflicto para sus propios o sectoriales fines.

Vemos con esperanza y alegría este proceso. No puede ser de otro modo. La hermana Colombia ha vivido en carne propia el sabor acre de la guerra. Su pueblo ha experimentado la dureza de sus consecuencias.

Los que hemos conocido los planteamientos y el accionar de FARC-EP sabemos que no son fruto del azar. Tampoco es una montonera ansiosa de poder o de dinero. Lejos están de las acusaciones de narcotráfico o de cualquier otro cargo que se les quisiera hacer. Son y han sido siempre un ejército disciplinado, con un código estricto donde el comportamiento acorde con los principios de un guerrillero revolucionario es una regla inviolable. Su entrega por el presente y futuro del país  ha sido tan real como los y las combatientes que han rendido su vida por alcanzar una sociedad mejor.

Son un Partido en armas y su actuar tiene que ver en todos los ámbitos con ese precepto. Por lo mismo, podemos entender que han recorrido el agreste camino de la guerra imbuidos de una voluntad irrevocable por conseguir la Paz. No cualquiera. Una que esté sembrada de Justicia Social. Una donde el pueblo pueda disfrutar de mejores condiciones de vida. Una que asegure que no volverán a suceder las causas del conflicto que dividió a Colombia.

Deberán, por lo tanto, poner las “barbas en remojo” aquellos que han patrocinado, organizado y defendido el violentismo asesino del paramilitarismo o la barbarie criminal del narcotráfico (que, como lo plantea la Historia, suelen ser los mismos).

No se trata de amparar las salidas armadas por trasnochado romanticismo. Pero si, al cabo de tantos años, se ha estructurado una fuerza capaz de frenar en algún grado la depredación estatal, es necesario dejar muy claras las bases que impidan la repetición de masacres como la ocurrida a Unión Patriótica y, lo que agrava más el tema, la impunidad de sus autores materiales e intelectuales.

El destino de los diálogos de Paz lo define el pueblo colombiano. Se cree en la presencia de CELAC, como un importante testigo de esta resolución. El mundo mira con esperanza el término de esta larga guerra.

Pero que nadie se llame a confusión. Tranquilidad no es pasividad. Esperanza no es ingenuidad. Voluntad de Paz no es cobardía.

Los ejemplos de Marulanda, Arenas, Cano, Reyes, Briceño, entre tantos y tantas, son un recordatorio permanente de cuál debe ser nuestra conducta.

Por Patricio Aguilar

Santiago de Chile, 3 de febrero 2016
Crónica Digital

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