Por Manuel Riesco: ESPEJISMO

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CORFO y Rockwood Litio Ltda. suscribieron un acuerdo que multiplica veinte veces el volumen total de extracción actualmente autorizado a esta empresa y cuya vigencia se extendería por 27 años. Como contrapartida, se establecen regalías significativas y se promueven mayores grados de refinación en el país, junto a aportes a la investigación científica y participación de las comunidades locales.
Es indiscutible que las últimas condiciones son evidentemente mejores que las estipuladas en los contratos actualmente existentes, pero no es mucho decir puesto que éstos fueron calificados formalmente de “infames” por el funcionario de CORFO que lideró la demanda contra SQM.
Sin embargo, el acuerdo contradice de modo flagrante la base principal de la política sugerida en el Informe de la Comisión del Litio. Éste establece que toda nueva explotación de Litio o ampliación de las actuales sólo puede ser autorizada a una empresa del Estado o asociación en que ésta sea controladora. Por este motivo, categóricamente, el referido acuerdo resulta inconveniente para el país y no debe ser ratificado por un contrato como se pretende hacer próximamente.
El acuerdo autoriza a Rockwood a extraer 70.000 toneladas anuales de carbonato de litio por 27 años, lo que da un total de casi dos millones de toneladas del precipitado, en circunstancias que el saldo autorizado por el contrato actual es de poco más de cien mil toneladas en total. Es decir, el acuerdo lo multiplica veinte veces, tanto en Litio como en Potasio y otros valiosos contenidos de las salmueras. Ello representa un valor económico importante para Rockwood.
Es verdad que, finalmente, un contrato minero chileno moderno establece una regalía significativa, la que alcanzaría al parecer hasta un 40 por ciento de las ventas de Litio, lo que inexplicablemente baja a 20 por ciento en el Potasio, dependiendo del precio como corresponde. No digamos que es exagerada, puesto que lo tradicional desde que los Reyes medioevales inventaron el término era la tercera parte del producto, lo mismo que en tiempos del Salitre. Los latifundistas cobraban a sus medieros, bueno, la mitad. Las regalías que cobran los Estados modernos como Noruega y Gran Bretaña en el caso del petróleo capturan casi todo el sobreprecio a partir de un determinado nivel. En Chile, en cambio, desde Pinochet, Piñera 1 y Buchi, y hasta Aylwin y Foxley, y Frei Ruiz y Tagle-Aninat, no cobraban nada, cero punto cero. Lagos y Eyzaguirre establecieron el tristemente célebre “Royalty 2”, que luego Piñera 2 duplicó hasta llegar al nivel actual ¡de menos del uno por ciento de las ventas de cobre cuando los precios son buenos! Rockwell y SQM pagan ahora menos de cinco por ciento en el caso del Litio y la primera hace trampas para pagar todavía menos.
Sin embargo, la política de recursos naturales estratégicos que aplican la generalidad de los Estados modernos tiene un componente adicional que resulta decisivo: reservan su explotación en exclusividad a empresas públicas o asociaciones controladas por éstas. De este modo, más del 80 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y gas —que son los recursos estratégicos respecto de los cuales los Estados se la toman en serio y aplican la pie de la letra las recomendaciones de la economía clásica— son explotadas por ellos mismos.
La razón es muy sencilla y la entiende cualquiera. Los Estados consideran que deben dominar y controlar ellos mismos la explotación de sus recursos estratégicos, simplemente para que no se los hagan lesos. Incluso Chile tiene esta política en el caso del petróleo y gas, y en el caso del cobre se distingue de todo el resto de los países de América Latina por la existencia de CODELCO, la mayor herencia del Presidente Allende, que según CEPAL le permite capturar una mayor proporción de la renta de sus minerales que todos sus vecinos, exceptuando los mencionados petróleo y gas.
En el caso del Litio, el reservar la explotación a CODELCO o asociaciones controladas por ésta, como recomienda el referido Informe, resulta de perogrullo si se consideran las  interesantes potencialidades del metal además de las complejidades de los salares y la cantidad de otros productos contenidos en las salmueras.
La política minera del país va a cambiar radicalmente a poco andar. Se derogará la infame ley de concesiones de Piñera 1, el Estado recuperará la posesión efectiva de sus minerales y volverá a actuar como auténtico dueño de los mismos. Lo probable es que se ofrezca a las actuales mineras privadas una asociación en la cual ellas aporten sus instalaciones, debidamente depreciadas por cierto, y CODELCO asuma el control de las mismas aportando parte de los recuperados yacimientos.
La mayor parte de ellas probablemente permanecerá en el país en las nuevas condiciones,  como sucedió en el caso de la vecina Bolivia en la más espectacular política del Presidente Morales. Especialmente si se les permite activar en sus balances parte del mineral a extraer en el futuro, como hizo Brasil con su petróleo hace tres años y obtener así financiamiento, que en estos años de vacas flacas van a necesitar como ciervos sedientos el agua fresca.
Nada aconseja apresurarse hoy en esta materia. Al revés, es mejor actuar con mucha prudencia. Rockwood misma, que sin duda es una auténtica empresa industrial y no una mafia rentista y delincuencial como los controladores de SQM, se manifestó dispuesta a considerar tales asociaciones en las audiencias de la Comisión. Sin duda parece posible  que más adelante pueda considerar un contrato parecido pero en asociación con CODELCO en la cual ésta sea controladora.
Parece bien criterioso esperar mejor un poco y no correr a firmar un contrato sobre la base de este “acuerdo” que no es bueno para el país.

 

Por Manuel Riesco

Santiago de Chile, 4  de febrero 2016
Crónica Digital

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