MENSAJE DEL 21: EL DÍA DESPUÉS

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Tras el Mensaje Presidencial del pasado 21 de mayo lo que parece quedar en el ambiente político no es la cuenta de lo realizado en el periodo y de las proyecciones hacia el futuro, sin duda valioso y contundente, contenido en si discurso de la presidente Michelle Bachelet y su balance de lo realizado por La Moneda y los ministerios.

Como es casi rutinario lo que se destaca, por lo menos por la prensa alineada en trincheras de derecha y opositora, además de los consabidas descalificaciones y hasta un tufillo sexista de quienes se proclaman profetas de la gestión exitosa y del exitismo del modelo, es el marco de vandalismo desatado en las calles de Valparaíso con la desgraciada consecuencia de un anciano guardia de seguridad muerto.
Pero a ello se agrega algunas declaraciones poco afortunadas por decir lo menos, de políticos, incluidos personeros de gobierno y hasta de jefes policiales.
Como era obvio los representantes de la derecha – Chile Vamos y El Mercurio, hasta en sus espacios de farándula- de acuerdo a unza estrategia de oposición sin tregua, descalificaron la cuenta pública de la Mandataria.
Pero lo singular, sorprendente y hasta suicida, es la actitud de sectores o personajes de la propia gobernante Nueva Mayoría.
El senador UDI Juan Antonio Coloma expresó, como es natural, su desencanto con la cuenta de la Presidenta.
“Yo esperaba que fuera un discurso que marcara un antes y un después, era la última oportunidad de este gobierno
de cambiar el rumbo”, se  lamentó.
Pero el senador DC, Andrés Zaldívar, que en otra época también utilizó argumentos “económicos” para  atacar al programa de gobierno del presidente Salvador Allende, antes de que asumiera,  apuntó esta vez que “me hubiera gustado más énfasis en el crecimiento”, coincidiendo con lo expresado por personeros de la Derecha empresarial.
Y la diputada comunista Camila Vallejo estimó pertinente saltar a la palestra con la sentencia de que el mensaje “fue más balance y faltó mas anuncio de lo que hemos venido demandando”, en particular respecto de la educación superior y el lucro.
El jurista PS Fernando Atria se refirió este lunes 23 de mayo, en El Mercurio, a este aspecto de la realidad en el interior de la coalición de gobierno indicando: “Es que hoy  debemos tomar en cuenta que hay una derecha que está fuera de la Nueva Mayoría y otra que está dentro”.
“Aunque parezca extraña, la pretensión de la derecha (que el gobierno asuma el programa de la derecha), encuentra apoyo en el propio gobierno”, apuntó el constitucionalista.
Atria agregó, señalando la complejidad del ejercicio del gobierno, que “es difícil gobernar con la oposición no solo dentro del gobierno, sino en cargos especialmente relevantes del gabinete”.
Esto explica, advierte, en una conclusión  desalentadora, que “El rechazo presidencial al intento de la derecha que está dentro de la Nueva Mayoría de reescribir el guión del gobierno tiene, a estas alturas poco más que el valor de un gesto: el de reafirmar la necesidad de transformaciones profundas”.
Y políticamente, concluyó, “los gestos son importantes, si uno no olvida que son solo gestos”.
Se trata de una advertencia  y una constatación trascendente e inquietante.
El segundo tema es el de la violencia vandálica montada como marco del hecho político del mensaje, y que esta vez tuvo como consecuencia la muerte de un anciano vigilante municipal.
No se debe eludir el que estos hechos son acciones concertadas, organizadas, correspondiente a una estrategia política minoritaria, pero a la que no basta con descalificar o caricaturizar, sino combatir políticamente.
No se trata de un medro hecho delictual, como prefiera caracterizarla el ministro del Interior, el DC Jorge Burgos,  frente al cual se debe actuar “con rigor”, aunque por cierto se debe aplicar la ley para quienes creen que las bombas, combos metálicos para asaltar farmacias, negocios o destruir el mobiliario vial, es una forma de expresión de “la calle” o cumplen el objetivo de destrucción del Estado y del capitalismo.
O de los hacen del saqueo una expresión de sus frustraciones sociales o lindan con la delincuencia común, o son simplemente individuos que hacen del robo una forma de vida.
Pero lo más preocupante de la jornada fueron las declaraciones amenazantes del general Director de Carabineros, Bruno Villalobos, que al calor de los incidentes en Valparaíso, espetó “Basta ya de poner siempre en tela de juicio a los Carabineros”.
El jefe policial, un experto en Inteligencia, en técnicas antidisturbios, resguardo fronterizo y otras materias especializadas agregó que, ”nosotros ponemos el pecho a las piedras, las balas, los fierros y al final siempre encuentran un pero“.
“Acá no falló la inteligencia policial, al morir un trabajador, que es padre de un carabinero, por acciones de delincuencia, el que falla es el país, las familias que no ejercen su rol de autoridad para frenar a estos individuos que le perdieron el respeto a la vida”, agregó Villalobos en su exabrupto.
Hay que ponerle atención a este aparente “desahogo” como lo definió para restarle gravedad, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, porque constata que estos jefes policiales no han abandonado las tesis de la Seguridad Nacional, en su versión represiva policial.
Han sido formados en una concepción conservadora, retardataria de la vida social y hasta familiar, incluso en academias de la represión en Estados Unidos y de una doctrina tipo “tolerancia cero”  de ver a los manifestantes como “enemigo”, delincuentes, como en décadas de triste recuerdo en el país, y claramente contraria a la labor preventiva, cercana a la sociedad que debería tener la organización policial en una sociedad democrática.
Este es un problema político de primera magnitud, y un grave riesgo para la democracia.

Chile
pagó un duro precio en vidas, en dolor y en muerte cuando los ciudadanos no percibieron las amenazas y justificaciones de los crímenes aberrantes perpetrados bajo el imperio del Orden y de la Patria, del modelo represivo de la Seguridad Nacional y del Bien Comun en su versión integrista y el de la defensa del ejercicio del rol patriarcal y de la autoridad absoluta en la familia y en la sociedad.
El Gobierno, la coalición Nueva Mayoría y los ciudadanos no pueden aceptar esta facilidad de calificar de “delincuentes” a quienes sean  estudiantes, obreros, empleados o pobladores, mujeres o mapuches, que ejercen su derecho a manifestarse y a exponer sus demandas en la calle.
Otra cosa es condenar la violencia irracional y aplicar la ley a quienes resulten responsables, de ninguna manera la mala costumbre del “gatillo fácil”, a que conducen los que incitan a la militarización de los conflictos, aplicando “todo el rigor”, de la represión.

Por Marcel Garcés Muñoz
Director de Crónica Digital

Santiago de Chile 24 de mayo 2016
Crónica Digital

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