La lamentable muerte de un funcionario municipal el 21 de mayo en Valparaíso nos obliga nuevamente a preguntarnos a quiénes y a qué sirven los encapuchados que siempre irrumpen en las jornadas de movilización social, sin que las policías demuestren alguna eficacia en detenerlos y ponerlos ante la justicia. Con el tiempo que pasa, cada día crece más la sospecha de que estos grupos son administrados por alguien desde las sombras del poder; de otra forma no podríamos explicarnos su impunidad, cuando a vista de las cámaras de la televisión y de una gran cantidad de testigos acometen la violencia que le observáramos, recién, con su irrupción en una farmacia, la destrucción de todo a su paso y el lanzamiento de bombas incendiarias que acabaron con un edificio patrimonial del Puerto pero, mucho más grave aún, con la vida de un modesto auxiliar de aseo.
Por cierto que esta banda tuvo largo tiempo para realizar su programado delito sin que los carabineros llegaran a tiempo al lugar. Con esto se repite el mismo libreto de siempre en la Capital o donde quiera se organicen legítimas marchas y actos de protesta que se proponen ser masivos y pacíficos. Imposible no recordar con lo sucedido cuando bajo la Dictadura aparecían siempre equellos forajidos que al término de las protestas de desprendían de sus pasamontañas e ingresaban tranquila y voluntariamente a los carros policiales que los aguardaban y daban protección. Como tantas veces pudimos comprobarlo y denunciarlo, entonces.
Para la gente que no ve más allá de sus narices y de los informativos de la Televisión, es evidente que la acción de estos encapuchados se asocia a los que se convocan para marchar y protestar. En este caso a los estudiantes decepcionados por la fallida reforma educacional, como a las organizaciones sindicales decepcionadas por la Reforma Laboral. A esta altura de situaciones que tanto se repiten resulta imposible creerse las explicaciones posteriores de las autoridades y de la superioridad de Carabineros de Chile; así como sería absurdo e injusto que asumiéramos que son los jueces los que desisten de imputar a las decenas de manifestantes que son detenidos y que, luego, deben ser puestos en libertad por “falta de méritos”, según la jerga judicial.
Todos sabemos que prácticamente todas las ciudades registran todo lo que pasa en sus calles. Todos sabemos de los presupuestos, equipos y armas “disuasivas” con que cuentan las distintas policías para enfrentar el crimen; así como a muchos nos constan los recursos y atribuciones que tiene nuestro Estado para infiltrar movimientos, pesquisar correos electrónicos y teléfonos, como intervenir en las redes sociales que pudieran prevenir estos delitos y dar con el paradero de estos violentistas, cuya actitud sirve invariablemente para desacreditar el derecho de pueblo a manifestarse. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones políticas y sociales más rebeldes se han deslindado de la acción de estos encapuchados y demandado la drástica acción de las autoridades, de los servicios de inteligencia y de las propias fuerzas policiales para desactivar estas bandas.
De existir espontáneamente grupos extremistas que se propongan estas audaces y violentas acciones en el quehacer político, la verdad es que estaríamos ante una situación extremadamente grave si consideramos que siempre cuentan con tal alto despliegue de desfachatez e impunidad. Posiblemente, ya habríamos lamentado crímenes mayores y hasta magnicidios, en nombre o alimentados por el enorme malestar social que existe respecto de las cúpulas gobernantes y las castas empresariales. Así como de la corrupción generalizada que tiene atónita a nuestra población.
Otra vez, lo que tenemos después de este deleznable crimen es la verborrea de ministros, subsecretarios y políticos de toda especie para prometer “todo el peso de la ley” para querellarse en contra de los presuntos culpables de estas acciones. Es el caso del propio ministro del Interior y del vocero de Gobierno que ya deben tener memorizadas sus rutinarias reacciones ante la prensa cuando suceden estos lamentables acontecimientos. No deja de ser curioso, por lo mismo, que nunca después del vandalismo hayamos visto que alguna autoridad política, policial o judicial renuncie a consecuencia de su ineptitud. Que los funcionarios de la Agencia Nacional de inteligencia, la ANI, continúen impertérritos en sus puestos y que nuestros propios gobernantes no destituyan a quienes tienen por misión garantizar el orden público y, con ello, el legítimo derecho ciudadano a manifestar públicamente su descontento.
Muy por el contrario, aquí en Chile ya se ha hecho habitual que ante movilizaciones incluso autorizadas, antes que los propios manifestantes se congreguen en ellugar, concurran los carros lanza aguas y gases tóxicos y una multitud de uniformados concurra en actitud de guerra contra la población civil. Así como ya se han hecho corrientes los arbitrarios seguimientos, detenciones y amedrentamientos previos de líderes sociales a objeto de encrisparlos y afectar la protesta que se proponen. En este caso, constan las detenciones efectuadas por los policías para retrasar la concurrencia de manifestantes e, incluso, de los periodistas. Como el procedimiento que afectó, ahora, a nuestra propia reportera Natalia Figueroa. Sin embargo, por lo que vimos, los encapuchados llegaron nuevamente sin contratiempos a cumplir su faena incendiaria y criminal.
No deja de llamarnos la atención la rápida y, por lo mismo, sospechosa reacción de diversos políticos ante lo acontecido el sábado pasado en Valparaíso para demandar la aprobación en el Parlamento de la Ley que le daría a las policías mayores atribuciones de las que ya tienen, cuanto para legalizar esta detención por sospecha que estos ejercen, con o sin ley, en la poblaciones más pobres y marginadas, en la Araucanía y previo a las manifestaciones estudiantiles.
Es incómodo hacer comparaciones, pero en todo esto hay diferencias muy notables entre lo que acontece en nuestro país y lo que demuestran las democracias del mundo. Cuando en países europeos y, por cierto, latinoamericanos, las fuerzas policiales salen a las calles para resguardar a los manifestantes y no para provocarlos, como aquí siempre sucede. O con las renuncias y despidos que habitualmente de los guardianes del orden que demuestran tanta incapacidad.
Sabemos que bajo las dependencias de La Moneda actúan operadores políticos capaces de acometer toda suerte de despropósitos como los acometidos por “La Oficina”, esto es aquella siniestra organización político delictiva que durante el gobierno de Patricio Aylwin cometió severos crímenes para neutralizar a grupos de la ultra izquierda. Así como sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas y de las policías existen elementos maleados por los procedimientos de la Dictadura. Sujetos, todos, en los que no habría que descartar acciones delictuales para abortar los derechos políticos y sociales de la población chilena. Más todavía cuando la confianza de los ciudadanos en sus supuestos representantes se ha precarizado tanto y el afán por aferrarse al poder sigue manifestándose con tanta contumacia. Como para explicarse que partidos y tantos dirigentes políticos hayan recurrido al financiamiento de empresarios tan repugnantes como un Julio Ponce Lerou, y otros multimillonarios como él que burlan cotidianamente las leyes y son los principales culpables de que Chile tenga la mayor inequidad social de nuestra Región y acaso de todo el mundo. Impunes, por cierto, respecto de sus tropelías empresariales, pero también de haberse coludido con los militares y policías para cometer los episodios más luctuosos de la represión pinochetista.
¿No sería bueno preguntarnos a qué y a quiénes sirven los encapuchados para descubrir desde dónde emergen y actúan sin que por tantos años y décadas se los detecte y neutralice?
¿Cuántos crímenes más tienen que cometer en Chile contra su propio pueblo las fuerzas reaccionarias para que descubramos su vocación criminal? Su inclaudicable voluntad de oponerse al advenimiento de la democracia, esto es a la soberanía popular al precio que sea. Manipulando con sus millonarios recursos a los grandes medios informativos, infiltrando a las organizaciones ciudadanas y sometiendo a los políticos incautos que son seducidos con sus sobornos, a objeto de que gobiernen para ellos y su irrefrenable voracidad.
Por Juan Pablo Cardenas.
Premio Nacional de Periodismo 2005.
Director de Radio Universidad de Chile.
Santiago de Chile, 28 de mayo 2016
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