DENUNCIAN QUE NUEVA MAYORÍA SE ALINEA CON LA DERECHA PARA TORPEDEAR CAUDAL ECOLÓGICO A FAVOR DE GRAN INDUSTRIA AGRÍCOLA

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El radical José Pérez firmó una indicación que acota los efectos de esta figura solo a los derechos ya otorgados, lo que ha sido respaldado en sus dichos por el DC Sergio Espejo.

  • Al sumarse a los cinco votos de Chile Vamos superan a los cinco la Nueva Mayoría que respaldan la aplicación del caudal ecológico independiente de la fecha de entrega de los derechos de agua, siempre y cuando no afecte a pequeños agricultores.  En duda se mantiene decisión del PS Christian Urízar.

Los diputados PRSD José Pérez y DC Sergio Espejo, en consonancia con legisladores de Chile Vamos, se han enfocado en revertir lo aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados que busca salvaguardar las funciones y servicios ecosistémicos del agua.  Esto, en el marco de la discusión de la reforma al  Código de Aguas que hoy se tramita en la Comisión de Agricultura de la corporación. Su postura iría en directo beneficio de la gran industria agrícola, responsable en parte de la sobreexplotación de una parte importante de las cuencas del centro sur del país.

Actualmente la normativa establece en el artículo 129 bis 1 que “al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la DGA velará por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico mínimo, el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan, para lo cual deberá considerar también las condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial”. El marco legal agrega luego que “el caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al veinte por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial”.

Además estipula que “en casos calificados, y previo informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes, sin atenerse a la limitación establecida en el inciso anterior, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes. El caudal ecológico que se fije en virtud de lo dispuesto en el presente inciso, no podrá ser superior al cuarenta por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial”.

Estos artículos fueron modificados por la Comisión de Recursos Hídricos, bajo la presidencia de diputados de la Nueva Mayoría, para que el caudal ecológico tenga preeminencia no solo sobre los derechos por otorgar sino también sobre los ya otorgados.

En el caso del radical José Pérez su posición es clara.  Fue él quien suscribió, junto a sus pares UDI Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros e Ignacio Urrutia y RN Diego Paulsen, la indicación que busca eliminar la palabra “otorgados”. El legislador representa a comunas como Alto Biobío, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Santa Bárbara y Tucapel en la región del Bíobío.

Durante el debate se ha sumado a esta visión el diputado Espejo, quien en diversas intervenciones ha develado su desacuerdo con lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, llegando a señalar que “tiene defectos”.  Sustenta su posición en que no correspondería establecer porcentajes generales de caudal ecológico, ya que esto depende de cada cuenca.  Que es necesario considerar que “los ríos no solo alimentan vida en términos de acceso al agua potable, sino también diversas actividades que uno debe considerar y en el caso de esta comisión, no considerar el impacto sobre la agricultura sería un error tremendo”.   Y, además, que “lo que tenemos que proteger son muchas actividades porque, me van a perdonar, yo defiendo a mis pequeños agricultores que no tienen agua”.

El DC representa, entre otras comunas, a las de Chépica, La Estrella, Lolol, Marchigue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Pichilemu, Placilla, Pumanque y Santa Cruz, en la región de O’Higgins.

De esta forma el problema de fondo hoy es si se dará preeminencia a todos los agricultores, independiente de su tamaño, por sobre los ecosistemas.  Por ello los diputados PPD Loreto Carvajal y Felipe Letelier, MIRAS Alejandra Sepúlveda, Denise Pascal, y el independiente Iván Fuentes, propusieron que se mantenga el caudal ecológico con relación a los derechos independiente de su fecha de entrega, siempre y cuando no afecte a los pequeños agricultores.

Sin embargo y a pesar de haber sido presentada esta indicación que protegería a la pequeña agricultura campesina, Espejo ha mantenido su argumentación tendiente a eliminar la alusión a todos los ya otorgados, lo cual iría en directo beneficio de la gran industria agrícola, además de otras actividades extractivas responsables de la sobreexplotación de una parte importante de las cuencas del centro sur del país.

En el caso del PS Christian Urízar, su voto se mantiene en duda aunque no se ha opuesto expresamente a la retroactividad.

La disputa hace peligrar el objetivo de restaurar la sustentabilidad de las fuentes superficiales, altamente impactadas por un uso intensivo de los caudales por diversas actividades productivas, entre ellas la agricultura.  Esto, ya que a estos seis votos contrarios a la retroactividad del caudal ecológico se sumaría el RN Jorge Rathgeb, en oposición a los cinco proclives a la aplicación general.

El debate ha sido monitoreado de cerca por el ministro de Agricultura Carlos Furche, quien durante la sesión del martes 7 de junio aludió a los impactos que tendría la figura del caudal ecológico sobre la productividad.

Lo que planteo lo hago no solo como ministro de Agricultura, lo estoy haciendo a nombre del Comité de Ministros del Área Económica.  A nosotros nos parece que hay aquí que armonizar algo que estamos concientes que sabemos que es difícil de armonizar” señaló Furche.

Por un lado “el cuidado, la obtención de un bien público, que es el bien de la preservación ambiental, que no cabe ninguna duda que el país necesita avanzar en la dirección de proteger de mejor modo sus recursos naturales.  Y este es un recurso natural esencial, para una actividad productiva, no solo para la agricultura pero acá hablo de la agricultura, que es también esencial para el desarrollo de Chile” indicó.  Y por el otro, “la política de fomento a la inversión en recursos hídricos y en riego, probablemente la más significativa -en recursos empleados- de los últimos años”.

En su alocución fue acompañado por Jorge Valverde, jefe de Gabinete del subsecretario de Hacienda.

Producto del intenso debate, la decisión sobre esta materia se aplazó una vez más hasta el 14 de julio con el fin de buscar una redacción alternativa.

Por Patricio Segura

Santiago de Chile, 12 de junio 2016
Crónica Digital

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INICIA JUICIO CONTRA PRESUNTO ASESINO DE VICTOR JARA

Lun Jun 13 , 2016
El exmilitar de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) Pedro Barrientos, asesino del cantautor chileno Victor Jara, comparecerá hoy ante la justicia, reportaron medios nacionales. La viuda del artista, Joan Jara, señaló que el proceso legal contra Barrientos no sólo es por el asesinato de su marido, sino por todos los crímenes cometidos bajo la brutal dictadura de Augusto Pinochet. «Más de 40 años después, mis hijas y yo todavía estamos buscando justicia», manifestó. Además -comentó- la importancia de ese juicio trasciende a su familia, y se extiende a todos los que han pasado décadas en busca de respuestas acerca de sus seres queridos que fueron torturados, desaparecidos o asesinados a manos del régimen. A sus 67 años, Barrientos será procesado por un tribunal de Florida, Estados Unidos, por cargos de tortura y asesinato extrajudicial contra Jara. El exmilitar puede ser juzgado en el país norteamericano porque se mudó en 1989, con el tiempo adquirió la doble nacionalidad y en el presente reside en Deltona (Florida). Chile en 2012 presentó su caso legal contra Barrientos y otros siete antiguos oficiales por responsabilidad en la muerte de Víctor Jara, abriendo una solicitud de extradición y orden de captura internacional. En el proceso legal, la viuda e hijas del cantautor demandan compensación económica por los daños emocionales que sufrieron tras su muerte en el estadioChile en 1973, un polideportivo que actualmente lleva el nombre del artista. Dicho lugar fue un centro de detención y tortura tras el levantamiento militar y el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y en el momento del asesinato de Jara, Barrientos era uno de los encargados de custodiar a los prisioneros allí. El cantautor fue detenido junto a profesores y alumnos de la Universidad Técnica del Estado, donde era docente, y apresado en el estadio donde fue torturado y acribillado con 44 balazos el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de estado perpetrado por Augusto Pinochet. La demanda afirma que Barrientos puso a Jara un arma detrás de la cabeza y «jugó a la ruleta rusa», colocando varias balas de forma aleatoria en el tambor del revólver. El asesinato del cantante es uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura de Pinochet. Cifras oficiales indican que en tal periodo unas tres mil 200 personas murieron a manos de agentes del régimen, de las cuales mil 192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33 mil como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas. Santiago de Chile, 13 de junio 2016 Crónica Digital / PL

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