Hace poco más de un año gran parte de las clases en la educación pública en Chile fueron interrumpidas por más de un mes, situación que se repite ahora por las protestas estudiantiles.
La única diferencia es que las manifestaciones de 2015 se concentraban en el magisterio y ahora son los estudiantes. El curso escolar vuelve a ser severamente afectado mientras subsiste un diálogo de sordos.
Este martes, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), llamó a una marcha no autorizada por la Intendencia de Santiago, lo que provocó enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos y tránsito interrumpido en esta capital.
Ayer, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que establece la gratuidad en el nivel universitario, sobre el cual la Confech y los estudiantes en general tienen sus reservas.
Consideran que la iniciativa mantiene las bases del actual sistema de educación, algo que rechazó la administración de Michelle Bachelet, que valoró una transformación sustancial en la sociedad.
Los incidentes de hoy obligaron a Carabineros a usar los carros lanzaguas, además de gases lacrimógenos en respuesta a la agresividad de algunos manifestantes y encapuchados que generalmente ocasionan daños a la propiedad pública.
Edificios de ministerios y el Palacio de La Moneda fueron resguardados por las autoridades. Hubo de todos modos enfrentamientos y un camarógrafo de la televisión nacional vio dañado su equipo de trabajo.
Salimos a las calles nuevamente. La educación chilena no se vende, se defiende, gritaban los jóvenes cerca de la sede presidencial con la advertencia de que seguirán las protestas en los próximos días.
De hecho, los estudiantes anunciaron que el domingo efectuarán una jornada familiar, para sensibilizar a toda la sociedad en torno a la situación que vive la educación en Chile en la actualidad.
Analistas señalaron que el proyecto de ley del Gobierno deja intacta la convivencia de las universidades públicas con las privadas, lo mismo que el sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de las matrículas.
En esencia, según la óptica estudiantil, es apenas un ligero avance en relación con lo establecido por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Aunque ya este año la administración de Bachelet impulsó una propuesta finalmente aprobada -que dio gratuidad a más de 100 mil estudiantes a las universidades-, el proyecto de ley abarca la misma prebenda para el 60 por ciento de los aspirantes.
Sería aplicable a partir de 2018 y establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal, sin comprometer un plazo específico.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estimó hoy que para establecer la gratuidad total (de poco más de un millón de estudiantes) el PIB chileno debería aumentar en cerca de 1,5 por ciento, por encima de lo previsto (unos cuatro mil millones de dólares).
Santiago de Chile, 5 de julio 2016
Crónica Digital / PL
