El especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, sostiene que se requieren medios tecnológicos y un equipo de investigación que permita a fiscales acreditar responsabilidades por estos hechos.
La también experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, señala que se necesita avanzar en inteligencia policial.
Un ataque incendiario en la comuna de Padre Las Casas, que casi termina con la vida del agricultor Álvaro Bernedo, es el último hecho de violencia conocido en la región de La Araucanía, lo que vuelve a la memoria otros atentados de similares características en el sector.
Para el experto en seguridad ciudadana de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, pese a que existe una preocupación de parte del Gobierno de mantener un fuerte despliegue policial en la zona, “el esfuerzo no ha sido suficiente. Los fiscales requieren un apoyo especial para contar con medios tecnológicos y un equipo de investigación que les permita dar con los responsables de estos atentados”.
De acuerdo al académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal, también “se requiere efectividad en la investigación, para que esto no quede impune. A la Fiscalía hay que darle un equipo especializado para investigaciones que les permita llegar a resultados”.
El especialista sostiene que a pesar de que muchos hechos son puramente delitos, ello no impide que se deban desarrollar una serie de acciones de carácter político para resolver este tema. Por eso, resaltó la importancia de que una nueva constitución recoja la necesidad de facilitar mecanismos de representación popular a miembros de la comunidad indígena.
“No existe una ligazón absoluta entre lo político y lo delictual, pero sí hay pobladores de comunidades mapuche que no han encontrado canales para expresar su disconformidad a través de representantes de su mismo pueblo. Podrían sentirse más identificados y, en ese sentido, promover una canalización institucional de estas demandas. Esto puede ayudar a detener el conflicto”, sostiene.
Por su parte, la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, coincide en que a pesar del amplio despliegue policial, “esto no es suficiente. Se requiere avanzar en inteligencia para abordar los hechos delictuales y agilizar la búsqueda de solución a los problemas de los pueblos originarios”.
Aunque la académica afirma que existen dos fenómenos entremezclados, como es el fenómeno político de reivindicación de tierras, y por otro lado, acciones puramente criminales, “evidentemente, lo que uno debiera esperar es que el Gobierno tenga dos estrategias claras para separar hechos delictivos con hechos sociales. El problema es que la mayoría de los hechos son confundidos con estas dos situaciones”.
“En estas circunstancias, es difícil resolver esto con una sola acción. Tiene que haber una serie de hechos concatenados, entre ellos, la búsqueda permanente de procesos de investigación judicial que lleve a niveles de solución”, complementa.
Finalmente, el especialista en crimen, pobreza y desigualdad, Mauricio Olavarría, recalca que lo que hace falta es “un mayor entrenamiento policial con técnicas más actuales y mayor tecnología, lo que podría proporcionar resultados mayores”.
Además, señala que se requiere “mejorar los mecanismos de investigación policial, para que las pruebas pasen estándares probatorios más exigentes”.
Santiago de Chile, 6 de julio 2016
Crónica Digital /usach.cl
