La aprobación de la ley Promesa constituye el uso más burdo y ofensivo de los poderes coloniales del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico, aseguró el exgobernador de esa isla caribeña, Aníbal Acevedo Vilá.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el exgobernante boricua subrayó que en términos prácticos, la aplicación de La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), significará «la revocación de los limitados poderes de autogobierno que Estados Unidos le había otorgado a los puertorriqueños».
«Desde la perspectiva de la crisis económica y fiscal que vive Puerto Rico -agregó-, esta ley no va a resolver los problemas de la isla. Simplemente, establece un proceso para asegurar que los «bonistas» (prestamistas) pueden cobrar el máximo de sus acreencias».
Acevedo, que gobernó la isla caribeña de 2005 a 2009, piensa que será difícil predecir o anticipar lo que sucederá en Puerto Rico en un futuro inmediato y recordó que, aunque el Comité de Descolonización de la ONU se ha expresado sobre este tema, la Asamblea General no lo ha vuelto a hacer desde 1953.
En 2008, en su condición de gobernador de Puerto Rico, Acevedo Vilá pidió al Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que elevara una petición para que la Asamblea General de este foro internacional incluyera en su agenda el caso puertorriqueño.
Ocho años después, el 20 de junio último, Acevedo Vilá testimonió de nuevo ante el Comité de Descolonización, y llamó a la comunidad internacional a «ejercer sus mejores oficios y presionar a Estados Unidos para que inicie a la mayor brevedad posible un proceso de descolonización política y económica de Puerto Rico».
«De la misma forma que no se le podía imponer a un esclavo la responsabilidad de resolver su situación de esclavitud -expresó en esa ocasión-, no se le puede exigir a un pueblo al que se le han negado los más básicos atributos de soberanía para determinar su destino, que asuma la responsabilidad de resolver esa situación a la misma vez que se le niegan los atributos necesarios para actuar».
«Lo más importante -dijo ahora a Prensa Latina- es que la comunidad internacional ejerza presión para que Estados Unidos se comprometa a terminar con el régimen colonial en Puerto Rico».
RESPONSABILIDADES DE CRISIS FISCAL Y ENDEUDAMIENTO
Prensa Latina cuestionó acerca del grado de culpabilidad de los diferentes gobiernos establecidos en San Juan con la actual crisis fiscal y la exorbitante deuda pública -72 mil millones de dólares-, a lo que el exgobernador explicó que «es una responsabilidad compartida de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos».
«Durante el periodo en que aumentó significativamente el
endeudamiento, el gobierno de Estados Unidos eliminó el beneficio contributivo que recibían compañías norteamericanas de manufactura que invertían en Puerto Rico (sección 936 del Código federal de rentas internas)», explicó Acevedo.
«Eso provocó -añadió- que Puerto Rico entrara en una recesión económica en 2006 de la cual no ha podido salir. En 1998, Puerto Rico tenía cerca de 150 mil empleos en manufactura. Hoy tiene poco más de 80 mil».
«Además, el gobierno de Estados Unidos le impone a Puerto Rico leyes y regulaciones, como el uso de la ley de cabotaje, que afectan negativamente la economía de la isla y le impone requisitos en sectores como el de la salud, para los cuales el gobierno de Washington no hace una aportación adecuada al de Puerto Rico», enfatizó Acevedo.
«Eso no quita que en la década de los 90 -insistió-, el gobierno puertorriqueño invirtió en obras de infraestructura majestuosas sin el financiamiento adecuado, lo que inició la crisis de la deuda. A eso se añadió la necesidad de seguir tomando prestado para poder financiar las operaciones básicas del gobierno y no afectar los servicios al ciudadano».
VERDADEROS PROPûSITOS DE WASHINGTON
Según Acevedo Vilá, será muy difícil tener una visión ideológica, incluso definir a distancia cuales son las verdaderas intenciones del gobierno de Estados Unidos con Puerto Rico, en medio de la crisis que sacude hoy a la sociedad boricua.
A corto plazo -explicó el exgobernante-, se pueden identificar algunas tendencias y motivaciones, en primer lugar, una clara insatisfacción con el arreglo del status actual; un temor con cuáles serían las consecuencias políticas y legales para Estados Unidos si Puerto Rico se va a la quiebra, y también una presión de parte de los fondos buitres para que Washington intervenga para asegurar que se les pague.
«Más allá de esto, es difícil identificar los propósitos a largo plazo de la administración Obama», sentenció.
REACCIONES POPULARES A LA PROPUESTA COLONIAL DE EE.UU.
Interrogado sobre posibles escenarios y reacciones sociales como respuesta a la imposición estadounidense de la Junta Fiscal, Acevedo Vilá señala que entre las masas populares ya «se están gestionando diferentes actos de protesta, y de parte de las autoridades gubernamentales puertorriqueñas, hay una actitud de compás de espera».
Para el exgobernador, a pesar de las primeras señales de protesta por la imposición de la ley Promesa, todavía «hay mucha incertidumbre y confusión en la población», y en su opinión «se requiere de un cambio profundo en las relaciones económicas y políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos para poder salir de forma efectiva y permanente de la crisis».
Las palabras expresadas en junio pasado por el exgobernador boricua en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas siguen vigentes hoy: «Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad de resolver la presente situación colonial y hablarle con claridad al pueblo de Puerto Rico».
Por Miguel Fernández Martínez **Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
La Habana, 21 de julio 2016
Crónica Digital / PL
