Así lo asegura el escrito presentado por el Instituto de Anatomía Patológica quien acusa a la Clínica de realizar biopsias sin las normas mínimas de seguridad que resguarden y protejan las muestras.
En las últimas horas se interpuso un recurso de protección, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por la amenaza al derecho a la vida y a la Integridad física y psíquica de los pacientes de la Clínica Santa María S.A., derecho consagrado en el Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, según publicó el periódico electrónico El muro en su edición del pasado miércoles.
El Instituto de Anatomía Patológica Limitada es la entidad que interpuso la medida judicial (documento al que EL MURO tuvo acceso). En el texto se plantea que el Instituto de Anatomía Patológica Limitada (que funciona al interior de la misma Clínica) ha mantenido una relación contractual con la Clínica Santa María S.A., y Servicios Médicos Santa María Limitada, mediante contratos de prestación de servicios (21/07/2003, 01/04/2010, 01/04/2015 y 20/08/2015) todos suscritos porPedro Navarrete Izarnotegui, en esa época, gerente general de Clínica Santa María S.A., hoy miembro del directorio de la misma clínica privada.
En el recurso se expone que “el Director Médico de Clínica Santa María S.A., en conjunto con el miembro del Directorio (Pedro Navarrete) han decidido no enviar más las biopsias al Instituto de Anatomía Patológica Limitada «, continúa el escrito señalando que «Cabe consignar que Clínica Santa María S.A., fue acreditada por el Ministerio de Salud, en consideración de tener al interior un Laboratorio de Anatomía Patológica que realizaba, al mes, 1.200 biopsias, aproximadamente”. El problema de fondo, según los recurrentes, es que de manera unilateral y arbitraria, se decidió comenzar a enviar las biopsias a otra entidad de salud, pero sin que existan las normas mínimas de seguridad que resguarden y protejan las muestras.
Se advierte en el documento que “intempestivamente, sin tomar ningún resguardo, sin planificación previa y sin informarle a los pacientes… Se ha decidido enviar las biopsias en un vehículo particular, sin mayores resguardos, a la Clínica Dávila, en una forma de operar carente de todo fundamento legal y que representa una amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los pacientes que se atienden, actualmente, y se atiendan en el futuro en Clínica Santa María S.A., en especial, a las personas que deban realizarse una biopsia para saber, en definitiva, si padecen algún tipo de cáncer o enfermedad grave”.
Se agrega que desde el 12 de Septiembre de 2016, se llevan las biopsias de los pacientes de la Clínica Santa María, sin mayores medidas de seguridad, al Laboratorio de la Clínica Dávila, perteneciente, curiosamente, al Holding Banmédica. “El tomar una biopsia a un paciente no es fácil, es todo un proceso médico complejo que parte desde que se toma la muestra en pabellón, ésta debe ser custodiada, celosamente, a fin de no cometer errores que pueden ser fatales y su adecuada manipulación”, dice el escrito.
¿En qué consiste la actuación arbitraria o ilegal y por qué representa una amenaza actual a la vida y a la integridad física y síquica de los pacientes? Según se advierte en el recurso de protección, los riesgos son varios: “La amenaza consiste, en primer lugar, que no existen medidas adecuadas para resguardar la trazabilidad de las biopsias de los pacientes, es decir, el reconocimiento de ellas. Se corre el grave riesgo de perder las biopsias, debido a que el auto que las traslada, no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para el trasporte de sustancias inflamables, debido a que todas las biopsias se guardan en un frasco con formalina, líquido altamente tóxico, inflamable y cancerígeno. Se corre el riesgo de pérdida de las biopsias, por su mala manipulación y contaminación de las mismas”.
Asimismo, en el texto se hace hincapié en que “un paciente que se ha efectuado un procedimiento quirúrgico para tomarle la biopsia, se encuentra en un estado emocional bastante delicado y, si fuera un menor, sus padres se encuentran ya angustiados por los resultados de este procedimiento y si las biopsias se pierden, existe una amenaza real al derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona”.
Se advierte que “(el director médico y el miembro del directorio de la Clínica Santa María) no miden las consecuencias de su actuar consciente, al poner en riesgo y amenazar el derecho a la vida de los pacientes, especialmente, los que se encuentran afiliados a la Isapre ligada con la Clínica Santa María S.A., debido a los planes cerrados de salud y no tienen otro lugar donde realizarse dicho examen, por el alto costo que ello involucra. Esto demuestra que con sus decisiones de carácter económico, no les importa para nada las consecuencias negativas para los pacientes y adoptan la mencionada decisión, sin las condiciones mínimas de trazabilidad y seguridad de dichas biopsias, con la amenaza que ello involucra para el derecho a la vida del paciente”.
Los recurrentes solicitan a la Corte de Apelaciones de Santiago que las biopsias se realicen al interior de la Clínica Santa María, como se hacía hasta antes del 12 de septiembre. Esto, dicen, por la amenaza que significa para la vida de los pacientes sacar las biopsias al exterior y perder la trazabilidad o perderlas. También piden que se ordene restablecer el imperio del derecho, es decir, que la Clínica debe tener un laboratorio debidamente certificado al interior de la unidad clínica, como ocurre con el Instituto de Anatomía Patológica Limitada.
La acción está dirigida contra el Director Médico de la Clínica y uno de los miembros del directorio, el ingeniero comercialPedro Navarrete Izarnotegui, quién antes había enfrentado una serie de cuestionamientos, cuando en su calidad de gerente general de la Clínica Santa María fue denunciado junto al gerente de la Isapre Banmédica y Vida Tres, Fernando Matthews por recibir compensaciones a través de procedimientos irregulares con el fin de rebajar impuestos.
Cabe recordar que ese capítulo fue considerado como un fraude tributario de envergadura y se hizo mediante el pago de bonos a ejecutivos del Holding Banmédica. En su momento, el propio Ministerio Público acreditó que este fraude es el más importante detectado en el marco de la investigación al grupo PENTA. Pese a las evidencias, el Servicio de Impuestos Internos no se ha querellado por esta operación realizada entre 2008 y 2013, que implicó $2.500 millones en pagos ilegales y que arrojó un perjuicio fiscal de $810 millones en impuestos involucrados en compensaciones pagadas en forma irregular.
Tras la revelación de estos hechos, Pedro Navarrete dejó la gerencia de la Clínica Santa María, aunque se mantiene como miembro del directorio.
Santiago de Chile, 23 de septiembre 2016
Crónica Digital / elmuro.cl
