Siete días después de iniciada una huelga en la minera privada chilena Escondida, una de las más importantes productoras de cobre del mundo, el sindicado accedió a reunirse hoy con la patronal.
El encuentro fue promovido por la Dirección Regional del Trabajo del Gobierno, en busca de rescatar las negociaciones entre los trabajadores y la administración de la empresa.
De acuerdo con un comunicado del gremio, lo que se pretende es avanzar hacia un acuerdo, aunque se mostró moderadamente optimista.
Esta decisión ha sido adoptada responsablemente, pensando en el bien del país y de la economía regional y nacional, precisó la nota.
El paro en la mina, que produce un promedio mensual de 100 mil toneladas de cobre, disparó el precio del metal en el mercado mundial a raíz de la huelga iniciada el 9 de febrero pasado.
El sindicato subrayó que acudirá a la reunión con la mejor disposición, pero con la advertencia de que «solo podremos avanzar en resolver este dañino conflicto si la empresa respeta nuestras actuales remuneraciones y beneficios».
Diferencias en torno a un nuevo contrato colectivo de trabajo terminaron en el paro del yacimiento controlado por la firma australiana-británica BHP Billiton.
La compañía valoró la «oportunidad para iniciar una nueva etapa en este proceso, que debe alejarse totalmente de todo hecho de violencia, bloqueos y actos de amedrentamiento hacia trabajadores y colaboradores».
Según BHP Billiton y los copropietarios de tres firmas japonesas, el fin de semana se dieron actos de violencia por un grupo de 300 encapuchados, un suceso negado por el sindicato.
Sin embargo, la empresa acusó al gremio ante un juzgado laboral por negarse a proveer la totalidad de trabajadores necesarios para la realización de servicios mínimos.
Paula Narváez, ministra de Gobierno y vocera oficial, expresó a la prensa su esperanza de que el diálogo de hoy permita llegar a un acercamiento entre las partes y se pueda terminar la huelga.
Escondida está ubicada en el Desierto de Atacama, a unos 170 kilómetros al sureste de la portuaria ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile.
El portavoz de los trabajadores, Carlos Allende, detalló que sus demandas apuntan a un bono por término de conflicto de 25 millones de pesos (alrededor de 39 mil dólares) y el aumento salarial del siete por ciento.
Santiago de Chile, 15 de febrero 2017
Crónica Digital /PL
