La situación vivida por el país ante el megaincendio que asoló 467 hectáreas y con un costo de 17 mil millones de pesos, puso en la agenda política nacional el tema de la necesidad de una institucionalidad nacional que sea capaz, y esté destinada a asumir al desafío país de dar una respuesta oportuna, eficaz, con doctrina y capacidad operativa y de personal, para prevenir las situaciones de emrgencia y encarar el combate y sus consecuencias.
El tema de fondo es que una vez más el país ha constatado una inquietante vulnerabilidad ante situaciones de emergencia, que atacan con demasiada cotidianeidad la seguridad del país, su sociedad y agreden a las personas y sus familias, constatando además la precariedad económica y social de una mayoría.
Pareciera que en la agenda de Chile están amenazantes y presentes siempre, terremotos, tsunamis, incendios forestales, inundaciones, aludes, que asumen características de catástrofes, afectando gravemente la seguridad nacional, su integridad física, el colapso de su infraestructura, redes de comunicación, de vialidad y energética, además de las condiciones de vida y bienes de sus habitantes, su hábitat, los proyectos económicos, políticos y sociales en desarrollo, y hasta su estabilidad emocional.
La loca geografía de Chile de la que hablaba Benjamín Subercaseaux nos pone ante una realidad ineludible y casi cotidiana. Somos un país sísmico, las forestales que han invadido el país con especies- pinos y eucaliptos- especialmente combustibles y deterioradores del medio ambiente, depredadores del agua y de la vegetación nativa, constituyen un riesgo permanente: La falta de respeto por las normas de seguridad y de prevención en los terrenos de cultivo, y la irresponsabilidad funcionaria y ciudadana por el desarrollo urbanístico, se traducen en una situación de inseguridad.
Los caminos se desmoronan, los puentes se caen, los cerros se nos vienen abajo, se construye en zonas de riesgo, los constructores no respetan las normas, los glaciares son meticulosamente destruidos y la sequía avanza.
La vulnerabilidad de la seguridad nacional se hace evidente y se asoma la precariedad social, económica e institucional del país.
Todo lo cual se suma a factores que ya son parte ineludible del problema: el cambio climático, el desmesurado afán de lucro y la colusión monopólica empresarial, además de la corrupción que ataca a diversos niveles de autoridades y la sociedad. De manera que los desafíos que enfrenta el país, al Estado, a los empresarios, a los poderes ejecutivo y legislativo, a los académicos, son de enorme magnitud.
El Gobierno, y el poder legislativo tienen una responsabilidad ineludible en poner a disposición de La ciudadanía un conjunto de ideas e iniciativas, que se transformen en proyectos que constituyan la estrategia basal de la política de enfrentamiento de las emergencias, que diputados y senadores transformen en leyes, reglamentos y directrices.
Una idea, que ronda en muchas propuestas hechas en medio del Mega Incendio, y antes tras los últimos terremotos, es la necesidad objetiva de una Institucionalidad con rango de Ministerio para enfrentar las situaciones de emergencia y una estructura regionalizada nacional, que responda a una Política Nacional, con una dirección centralizada, pero también con un política que contemple y garantice la descentralización regional y local como principio fundacional y conducta permanente.
Se trata de un órgano y autoridad estatal, combinada con un esquema efectivo de regionalización y un sistema que coordine todas las estructuras actuales y las que deban crearse, con un contingente, una fuerza de respuesta inmediata a la emergencia, dotada de suficiencia, capacidad de despliegue inmediata (aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial. equipos de comunicación autónomo, y toda la infraestructura necesaria y puesta al día.
Una flota de aviones, helicópteros, lanchas, transportes para el despliegue territorial de la fuerza profesional que disponga el Ministerio para el cumplimiento de las labores que le encargue la ley, es crucial para el cumplimiento eficaz y de manera inmediata de sus misiones.
Y su despliegue nacional, debe contar con centros regionales y locales, bodegas de material de salvataje, primeros auxilios, alimentos y ropa adecuada a laS situaciones previstas, una red de aeródromos o canchas de aterrizaje, etc.
Este organismo estatal debe ser parte integrante de un Gabinete Ministerial Ampliado de Emergencia, encabezado por el Presidente (a) de la República, para garantizar las coordinaciones necesarias, los apoyos logísticos debidos y la fluidez de los vínculos, subordinaciones y dependencias correspondientes, al tiempo de su eficacia de gestión.
En las regiones y en las comunas estas Centros de Emergencia deben vincularse con las autoridades locales (Municipios, en primer lugar, pero también con jefes militares y policiales locales, sindicatos, profesores y otros representantes del mundo social local) para el desarrollo de estrategias y prácticas conjuntas y colaboración.
Esta instancia- hablamos francamente de un Ministerio- debe contener en su estructura, y ser un órgano coordinador de todas las instituciones públicas y/o privadas, servicios, Direcciones, o Entes, que cumplan hoy con tareas en este ámbito, de manera parcial o dispersa.
Es necesario encontrar un lenguaje común, una coordinación, recoger su experiencia práctica y entrenamiento, y su vocación de servicio y desarrollar una estrecha colaboración con los Cuerpos de Bomberos, con las instituciones de la Defensa Nacional, Cuerpo de Socorro Andino, Conaf, las entidades de Radio Aficionados, brigadas de salvataje de distintas instituciones y escenarios, Defensa Civil, Salud Pública, MOP, energía, empresas de telecomunicaciones y redes de internet, medios de Comunicación y l<s organizaciones de la Sociedad Civil, etc.
ONEMI es un ejemplo de trabajo inspirador y debe tener un lugar protagónico, trasmitiendo su experiencia y praxis acumulada, en este camino a un Ministerio para situaciones de Emergencia. Y ocupar un rol neurálgico en su organigrama.
Una tarea inmediata, insoslayable, es la prevención de catástrofes, el estudio previo de las diversas hipótesis de emergencias, conforme a la experiencia y perspectivas de la situación, los escenarios posibles, la elaboración de protocolos, las simulaciones y ejercicios prácticos.
Chile cuenta con especialistas en esta materia, como por ejemplo los que anticiparon, previnieron, alertaron meses antes sobre la eventualidad de los incendios forestales de este verano y la magnitud que podrían alcanzar, partiendo de un análisis predictor de los efectos que tendría el Cambio Climático.
Muchas instancias académicas han acumulado conocimiento teórico y recogido la experiencia internacional, de entidades destinadas por diversos países a estas tareas que con estimadas de importancia estratégica.
Las Fuerzas Armadas y de Orden pueden aportar de manera importante en estas materias, sobre todo en materia de seguridad pública, pero también con sus efectivos especializados.
El país debe estar “siempre listo” para enfrentar las emergencias.
La discusión sobre esta materia es urgente y no debe eludirse bajo ningún pretexto. Muchos son los países que disponen de políticas e instituciones para enfrentar sus emergencias e incluso buscan incluso estructurar fuerzas y dispositivos internacionales regionales (continentales) para sumar sus capacidades en el enfrentamiento de ellas.
Los desastres – incendios forestales, terremotos y otros- no respetan fronteras o hacen distingos políticos. Y en las condiciones de un mundo cada vez más globalizado, se impone la cooperación y coordinación de los esfuerzos de todos.
Por Marcel Garcés Muñoz
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 20 de febrero 2017
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