Preocupación internacional y amplia solidaridad ha despertado la noticia hace pocos días revelada y que da cuenta que en Montevideo, Uruguay, un grupo de 13 abogados, fiscales, defensores de derechos humanos, académicos e investigadores de los crímenes de la dictadura instaurada en ese país en 1973, ha sido objeto de peligrosas amenazas e intimidaciones como consecuencia de su trabajo en favor del derecho del pueblo uruguayo a conocer la verdad respecto de los delitos de lesa humanidad, resguardar la memoria, y exigir que de una vez por todas se haga justicia y se condene a los culpables.
En ese contexto sucedió que el pasado 28 de enero un comando secreto autodenominado “Comando General Pedro Barneix” amenazó de muerte a estos defensores de derechos humanos a través de una comunicación electrónica en la que agregaban que serían todavía más las personas que ejecutarían si no cesaban en su labor.
Entre los amenazados de muerte figuran importantes personalidades conocidas y reconocidas también en Chile, como la ex vicecanciller de su país y ex funcionaria de ACNUR, nuestra querida Belela Herrera que tantas vidas salvó en Chile cuando la dictadura y que el 2015 fue objeto de especial reconocimiento por el gobierno chileno, o la investigadora italiana Francesca Lessa cuyo trabajo en la develación de los brutales crímenes de la llamada “Operación Cóndor” le ha valido el justo reconocimiento internacional. Figura incluso el propio actual Ministro de Defensa José Menéndez, el juez francés Louis Joinet, la directora del Instituto de DDHH Mirta Guianze y los abogados Hebe Martínez y Oscar López. La lista es más larga. A todos les conocí y aprecié su labor en mi breve desempeño en Uruguay.
Para informar al lector respecto del nombre del Comando terrorista, el general retirado, Pedro Barneix fue un hombre de confianza del presidente Vázquez durante su primer mandato en 2005 por consejo del entonces comandante en jefe del ejército uruguayo Angel Bertolotti. Años más tarde y encontrándose ya en retiro fue procesado por la jueza Beatriz Larrieux por el crimen del militante de izquierda Aldo Perrini, muerto en una unidad militar en 1974. El año 2015, cuando la policía fue a buscarlo para que cumpliera su condena, Barneix, mostrando su cobardía, se suicidó.
Cuando esto sucedió, la Suprema Corte de Justicia había rechazado días atrás el recurso que interpuso la defensa del general.
Ironías del destino, o jugadas de los servicios de inteligencia, pero lo concreto es que, mal aconsejado, el presidente Vásquez en su primera gestión había designado a Barneix para integrar una comisión de investigación para recolectar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Por supuesto aquello no funcionó. Entre otros ejemplos se recuerda que esos generales le señalaron al presidente lo que presuntamente era la tumba de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, lo cual luego no se confirmó. Era falso y dicha comisión fue denunciada por los organismos de derechos humanos.
Uruguay es uno de los países del continente donde hubo de aquellas dictaduras impuestas entre los años 60 y 70 del siglo pasado por EEUU en el contexto de la llamada “guerra fría” que mantiene un bajo nivel de avance en materia de procesos y condenas por delitos de lesa humanidad. Un ejemplo histórico que da cuenta de ello es que cuando la jueza Mariana Mota – a quien conocemos y que ha estado en nuestro país ofreciendo conferencias en universidades – dictó la histórica sentencia condenatoria en contra del dictador José María Bordaberry con fecha 9 de febrero de 2010, poco después fue removida de su cargo y destinada sólo a la justicia civil. Increíble, pero cierto.
Vivimos en carne propia estas amenazas y acciones concretas en Chile; en julio del 2000, como se recordará, en un contexto de amenazas contra un conjunto de abogados de derechos humanos, a la espera de los alegatos por el desafuero de Pinochet, sufrimos el atentado que causó grave e irreparable daño físico a mi compañera. Bien entendemos la gravedad de lo que sucede en Uruguay y con fuerza llamamos a preocuparnos.
Hasta la fecha más de un centenar de personalidades y organizaciones académicas, políticas y sociales han denunciado el resurgimiento de acciones terroristas en Uruguay y exigen medidas concretas al gobierno que, dicen, hasta ahora no ha reaccionado como era de esperar. El llamado público dice en parte: “Es absolutamente inaceptable y en todo sentido repudiable que defensores de los derechos humanos y académicos, tanto uruguayos como extranjeros, sean sometidos a amenazas de esta índole, provenientes de individuos y organizaciones más o menos ocultas que persisten, aún hoy, en defender el terrorismo de Estado, empleando métodos que procuran intimidar a quienes buscan la dilucidación de sus mecanismos y sus responsables.” Y agrega luego : “ Exigimos que el Estado uruguayo, a través de sus representantes, exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y que se aplique la ley, como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo a la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito.”
Vivimos en carne propia estas amenazas y acciones concretas en Chile; en julio del 2000, como se recordará, en un contexto de amenazas contra un conjunto de abogados de derechos humanos, a la espera de los alegatos por el desafuero de Pinochet, sufrimos el atentado que causó grave e irreparable daño físico a mi compañera. Bien entendemos la gravedad de lo que sucede en Uruguay y con fuerza llamamos a preocuparnos.
Por Eduardo Contreras, abogado de Derechos Humanos, se incorpora al equipo de comentaristas de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 23 de marzo 2017
Crónica Digital
Criminales Deben pagar todos sus crimenes