El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay expresó hoy su preocupación por el decreto del gobierno que faculta al Ministerio del Interior a utilizar las medidas pertinentes para preservar el uso público.
La orden fue aprobada el lunes en el Consejo de Ministros por el presidente Tabaré Vázquez y los 13 titulares de las secretarías de Estado, y autoriza la intervención directa de la Policía, sin autorización judicial previa, para preservar el uso público de calles, caminos o carreteras.
En un comunicado, el Cainfo destacó la importancia de respetar los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y reclamó al Ejecutivo que vuelva a ver este decreto y tenga en cuenta las convenciones internacionales que el Estado uruguayo firmó.
Consideró al respecto que la libertad para expresarse y reunirse de manera pacífica es un derecho fundamental para la democracia y apuntó que para el Sistema Interamericano los cortes de calles, caminos o rutas «son una modalidad más en el marco de la protesta social».
Es obligación de un Estado democrático tolerar las protestas que puedan generar cierto grado de perturbación en una ciudad y este tipo de manifestaciones no deben dar lugar a sanciones penales, expresó el texto.
Añadió que el Estado, a través de sus agentes de seguridad, «debe proteger el derecho a realizar movilizaciones».
El Cainfo aseveró que la decisión de dispersar una protesta tiene que estar «debidamente fundada desde el punto de vista legal» y debe ser explicada de manera clara a los involucrados para evitar situaciones violentas.
En declaraciones a la prensa, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, explicó que el decreto fue aprobado por luchas entre empresarios que «van a generar que se estropee la economía del país».
«Los que somos viejos, subrayó, nos acordamos del Chile de (Salvador) Allende y vamos a combatir estas expresiones».
Arismendi remarcó que la voluntad del gobierno, también ante esta situación de privados, es actuar en función de la «pública felicidad», porque el Estado tiene que proteger los intereses de la población y los derechos de las personas.
Precisó que la disposición del Poder Ejecutivo «no es contra el movimiento sindical ni los trabajadores».
No vamos a dejar que se estropee la economía del país por una puja entre empresarios del sector arrocero que, en el mejor de los casos, «es por lucro», aseguró.
El decreto firmado por Vázquez establece en su artículo tres que el Ministerio del Interior «deberá dar cuenta en forma inmediata a la justicia de la intervención referida».
Planteó, asimismo, que esa institución «podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos» para poder cumplir con lo dispuesto y así «garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad».
Montevideo, 25 de marzo 2017
Crónica Digital/PL
