La dirección de Carabineros de Chile confirmó que la cifra de funcionarios dados de baja por un escándalo de corrupción asciende a 40, mientras el proceso de investigación se extiende y amenaza con más expedientes.
De acuerdo con el general Bruno Villalobos, director de Carabineros de Chile, remarcó que «serán implacables con quienes han traicionado los valores de la institución».
Esperamos que todos los culpables sean juzgados y llevados a la cárcel, enfatizó.
En pesos chilenos, el monto escamoteado con una serie de actos ilícitos asciende a 16 millones 500 mil, alrededor de 25,2 millones de dólares, en un proceso que según los encargados de las pesquisas apenas está comenzando.
El ministro del Interior de Chile, Mario Fernández, anunció un plan de reestructuración en Carabineros con el fin de que los cambios impidan que se repitan hechos como el actual, calificado el más grande en toda su historia.
Será un programa que no tiene precedentes en las últimas décadas, ya que esto abarcará aspectos administrativos y legales, con la idea de estudiar a fondo toda la estructura de Carabineros, declaró Fernández.
De momento hay 11 uniformados en prisión.
El séptimo juzgado de Garantía decretó reclusión preventiva de cuatro imputados por considerar su libertad un peligro para la sociedad. Dos de ellos, Claudio Venegas y César Fernández, eran oficiales de alto rango de Carabineros.
Los otros dos nuevos detenidos son los civiles Patricio Morales y Jaime Valenzuela, quienes participaron en las operaciones de desfalco a la institución, considerado el mayor fraude de su historia.
El escándalo sacudió a la ciudadanía, que en líneas generales tiene una buena opinión de las labores de Carabineros. En marzo pasado estalló el asunto y las investigaciones hasta ahora señalan que pudieron apropiarse de cifras millonarias.
Según fuentes oficiales, en la audiencia de hoy la justicia fijó medidas cautelares de arresto domiciliario y prohibición de salir del país a otras 11 personas.
La Fiscalía argumenta que entre 2006 y 2007 «los imputados se asociaron y organizaron con el fin de cometer el delito de malversación de caudales públicos».
Adulteraron registros en las bases de datos de la Policía para transferir dineros estatales a cuentas de oficiales activos o en retiro, familiares y civiles, justificando esos movimientos como remuneraciones y viáticos, entre otros.
Santiago de Chile, 16 de abril 2017
Crónica Digital /PL
