Mientras el Concejo Municipal de San Antonio aprueba satisfactoriamente entregar condecoración a Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes; esta sigue sin recibir sanciones por su decisivo rol en las desapariciones forzadas y la verdad continúa pendiente.
En la sesión ordinaria del 5 de abril, el Concejo Municipal de San Antonio aprobó el otorgamiento de una condecoración en el estandarte de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, recinto que fue campo de concentración y tortura. Los apoyos fueron transversales, ya que votaron a favor el edil, Omar Vera (Partido Radical), y los concejales Fernando Núñez (Partido Socialista), Esteban Hinojosa (Democracia Cristiana) y Mónica González (UDI). En contra, estuvieron los comunistas Maximiliano Miranda y Luis Órdenes, Manuel Manzo (Partido Radical) y Jorge Jorquera (DC).
La decisión genera gran rechazo y sorpresa, pues hay numerosos antecedentes judiciales que demuestran que en la zona operó un complejo represivo a cargo del ejército y de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo objetivo fue la desaparición sistemática y el ocultamiento o destrucción posterior de los cuerpos de las personas detenidas por su oposición a la dictadura. El centro de ese complejo que contó con diversas instalaciones y apoyos, incluso de empresas como la pesquera Arauco, fue el regimiento y Escuela de Ingenieros.
Prueba de ello, son los antecedentes que dan cuenta de personas que fueron fusiladas en la zona de San Antonio, específicamente en las denominadas Grietas de lo Gallardo y de cuerpos que fueron lanzados al mar desde barcos, como el remolcador Kiwi, todos hechos que habrían tenido lugar en la Gobernación Marítima de San Antonio.
Información que concuerda con lo señalado por Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, agente de la DINA, quien indicó que “el método preferencial para la desaparición de detenidos fue el helicóptero (…) en San Antonio hubo embarcaciones utilizadas para estos fines como así de igual forma las Grietas de Lo Gallardo que la zona correspondía a la zona jurisdiccional de Tejas Verdes”.
De acuerdo al informe “Antecedentes para la investigación de patrones criminales usados en la desaparición de personas desde el recinto clandestino de detención ubicado en Londres 38”, se distingue el traslado de los detenidos a San Antonio-Tejas Verdes, en camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco que salían desde Rinconada de Maipú o desde el recinto de esta empresa en Lo Valledor en Santiago, e ingresaban mayoritariamente al campo de prisioneros ubicado en Tejas Verdes (Cuartel N°2), lugar que identifican como “campo de prisioneros que estaba ubicado a un costado entre el puente Lo Gallardo, el Río y la carretera”, o al Regimiento de Ingenieros mismo, donde incluso solían cargar combustible. Se estima que fue en estos lugares donde las víctimas pudieron ser ejecutadas.
Fernando Guerra, uno de los guardias de Londres 38 que iba a Tejas Verdes, señala que “los detenidos que eran sacados del cuartel ya no volvían más. Una vez me tocó ir de vigilante en el interior de los camiones de la pesquera, transportábamos a tres hombres y tres mujeres y estos iban vendados y amarrados, acostados en el suelo”.
Las órdenes de traslados de las personas secuestradas en Londres 38, provenían del Cuartel General y eran exhibidas al coronel de ejército Marcelo Moren, quien daba las instrucciones a los jefes de los grupos operativos. Las órdenes eran firmadas tanto por las autoridades de este recinto como por los oficiales que recibían a los detenidos en Tejas Verdes. La frecuencia de los traslados, fue de al menos dos semanales, desde enero de 1974 hasta el cierre de Londres 38 en agosto o septiembre de 1974. Los traslados podían efectuarse de día o de noche y el número de víctimas fluctuaba de una a una decena. Hay testimonios que afirman que al cierre del recinto la mayoría de las víctimas fueron trasladadas a “Tejas Verdes”.
Además, se afirma la existencia del recinto de la DINA ubicado en Rocas de Santo Domingo, también dependiente del Regimiento de Tejas Verdes, al que las víctimas fueron trasladadas para ser interrogados y que pudo ser utilizado como centro de exterminio; la existencia de la deshuesadora de la pesquera Arauco en San Antonio, empresa que fue administrada desde la DINA y que estaba a cargo de personal del ejercito los años que siguieron al golpe de Estado.
Debido a la complicidad y el encubrimiento institucional del que ahora se hacen parte los concejales de San Antonio, estos episodios represivos aún no han sido esclarecidos ni se ha podido establecer la suerte de las víctimas que fueron trasladadas a Tejas Verdes, demanda de verdad y justicia que aún continúa pendiente.
Santiago de Chile, 18 de abril 2017
Crónica Digital / londres30.cl
