En este momento, afirmó, hay un asedio paramilitar que afecta el proceso, no ofreciendo dinero a los guerrilleros sino persiguiendo y asesinando a algunos de sus familiares, lo que pone en entredicho la capacidad del Gobierno para cumplir lo concertado, dijo.
Lozada puso ejemplos de personas aniquiladas en varios lugares del territorio nacional, quienes tenían lazos sanguíneos con integrantes de las FARC-EP.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de esa organización, Timoleón Jiménez, firmaron el tratado definitivo para terminar los enfrentamientos y hostilidades luego de medio siglo de conflicto.
Tal documento contempla entre sus medidas la instauración del cese el fuego bilateral, el desarme de los antiguos combatientes con supervisión de Naciones Unidas, así como el desmantelamiento efectivo de estructuras consideradas sucesoras del paramilitarismo.
Se han unido varios factores que no permiten avanzar lo suficiente en todos los aspectos requeridos para aplicar lo consensuado, lamentó el vocero de las FARC-EP, tras criticar la demora gubernamental en la adecuación de los campamentos temporales para esa tropa.
Ello demuestra la ineficacia y desidia de funcionarios implicados en dicha tarea, insistió Lozada, quien fungió como delegado del grupo rebelde en los diálogos de paz, los cuales duraron casi cuatro años en Cuba.
Actualmente unos siete mil hombres y mujeres de las FARC-EP permanecen
concentrados en 26 lugares del país para dejar las armas, sitios donde construyen aún la infraestructura para alojarlos.
Tal realidad ha complicado el comienzo del llamado período de postconflicto cuando deberá ejecutarse todo lo concebido en la capital cubana y rubricado posteriormente en Bogotá a finales de 2016.
Bogotá, 26 de abril 2017
Crónica Digital /PL
