Durante sesión del 20 de junio, Ejecutivo -en alianza con UDI Víctor Pérez y DC Jorge Pizarro- no logró el respaldo de las legisladoras oficialistas Isabel Allende (PS) y Adriana Muñoz (PPD) para despojar a la DGA de herramientas fundamentales para resolver al respecto.
- Luego de dos empates se acordó que el tema se resuelva el martes 4 de julio.
Sin poder avanzar en uno de los artículos clave de la reforma al Código de Aguas, referido a los privilegios de la minería sobre los recursos hídricos (“aguas del minero”), el martes 20 de junio se realizó una nueva sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. La sesión contó con la participación de Adriana Muñoz (PPD, quien preside la comisión), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Víctor Pérez (UDI).
Mediante indicación al artículo 6º, el Ejecutivo pretendía eliminar diversos criterios que debiera tener a la vista la Dirección General de Aguas al momento de resolver sobre la renovación de un derecho de aprovechamiento pasados los 30 años de concesión. Uno de ellos, la potestad de rechazar la solicitud si se acreditare el cambio de la “finalidad para la cual fue destinado originariamente”, además de considerar siempre la “disponibilidad y/o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento”.
Aunque el gobierno tenía mayoría para aprobar la exclusión de los casos en que se use el agua para otro fin, aduciendo que el cambio climático está obligando a una adaptación que se vería complejizada con esta figura, no contaba con ella para desechar las condiciones de sustentabilidad y/o disponibilidad, y la única posibilidad era trabajar sobre una indicación paralela que había presentado Pizarro, que de todas formas los eliminaba.
Muñoz no estuvo de acuerdo con ninguno de los dos cambios, pero se allanó a una vía intermedia. Similar ocurrió con Allende, quien expresó que “estoy dispuesta a votar lo suyo (de Pizarro) como un agregado, siempre y cuando no borremos que se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de disponibilidad y/o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento”.
Ante esto, el senador DC retiró su indicación obligando a votar el artículo con la eliminación de ambos criterios, siendo consiguientemente rechazada la propuesta del Ejecutivo por Allende y Muñoz, mientras Pizarro y Pérez aprobaban. Luego de una nueva votación, se repitió el resultado. Producto de esto, se dejó pendiente el artículo para la próxima sesión –el martes 4 de julio- con el fin de buscar un acuerdo intermedio.
“Lamento que el senador Pizarro haya retirado su indicación, porque podríamos haber logrado un puente de acuerdo en aquello, pero si se polariza el debate y la votación no hay más que aceptarlo” señaló al respecto Muñoz.
Durante la sesión la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, defendió la incorporación de los criterios de sustentabilidad y disponibilidad. “Cada vez que la DGA tiene la oportunidad de prorrogar un derecho, el criterio de sustentabilidad debe estar presente porque se aplica el principio precautorio. Si no tuviera esa atribución siempre tendría que esperar que se degrade el acuífero para que entre todos prorrateen y, por lo tanto, se queda sin esta herramienta” puntualizó. Explicó además –al contrario del gobierno- que limitar la prórroga para los casos en que el agua se use para fines distintos de los autorizados, se justifica precisamente por la incertidumbre que genera el cambio climático al permitir que se privilegie el uso para fines esenciales y no para los económicamente más lucrativos, que es lo que ocurre cuando se permite la transabilidad de los recursos hídricos.
En la ocasión también se votó el inciso tercero del artículo 6º, que originalmente señala que “el titular de un derecho podrá solicitar la prórroga anticipada de su derecho a tres años del vencimiento de su concesión”. La propuesta fue cambiar “prórroga” por “renovación” y acotar que, para demostrar que se ha utilizado el recurso efectivamente, se deben acreditar “obras” y no también “gestiones, actos u otros” como dice el proyecto aprobado por la Cámara, ya que esto dejaba la puerta abierta a la especulación.
La indicación fue respaldada por Allende, Muñoz y Pizarro, en tanto Pérez se abstuvo argumentando estar en contra de los derechos de agua temporales.
En la sesión del 4 de julio (esta semana es distrital) se retomará la discusión sobre la posible revisión de los derechos en la eventualidad de que pongan en riesgo el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica. En la medida de que los tiempos lo permitan, se votará el articulado sobre las “aguas del minero”.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 27 de junio 2017
Crónica Digital
