Bolivia tramitará a partir de hoy el regreso de los nueve compatriotas detenidos desde el pasado 19 de marzo en el penal chileno de Alto Hospicio, en Iquique.
El pasado día 23, el presidente, Evo Morales, confirmó la firma de un decreto supremo que permite disponer los recursos económicos del Estado para pagar la multa de casi 50 mil dólares impuesta por la justicia chilena.
Según informó el procurador general del Estado boliviano, Pablo Menacho, el plazo de los 30 días para el reingreso de los connacionales al país, señalado por la jueza de Garantías de Pozo Almonte, Isabel Peña, no se debe cumplir hasta el final.
La multa será cancelada por un funcionario gubernamental al Banco del Estado chileno previo llenado de un formulario cuya ejecución inmediata propiciará la salida de los nueve bolivianos, como ordena la sentencia, explicó Menacho.
Cumplidos los trámites, los compatriotas serán llevados a la frontera y puestos en libertad en presencia de algunas autoridades bolivianas. El traslado de los nueve ciudadanos también se efectuará por la vía judicial, con autoridades consulares y del Ministerio de Justicia, subrayó.
Más de 90 días permanecieron encarcelados los nueve funcionarios bolivianos en Iquique, tras un confuso incidente fronterizo en el cual carabineros chilenos apresaron a los nueve bolivianos y alegaron que cometían el robo de varios camiones a 400 metros bajo jurisdicción chilena.
Las autoridades bolivianas afirmaron que los connacionales trabajaban en operaciones de lucha contra el contrabando en los límites entre ambas naciones.
El miércoles 21 de junio la jueza Isabel Peña dio lectura a la sentencia que establece la prohibición de ingreso a Chile a los siete funcionarios de Aduana en los próximos 10 años y a los dos militares en 20 años. De violarse esas disposiciones deberán cumplir la pena de cárcel.
Los dos militares fueron hallados responsables de los delitos de porte ilegal de arma, contrabando y robo con intimidación; mientras que los otros siete funcionarios de Aduana quedaron culpables de las dos últimas infracciones mencionadas.
La jueza sustituyó, además, la condena a tres años de cárcel por la medida de expulsión en el plazo de 30 días, y fijó una multa por más de 30 millones de pesos chilenos (cerca de 50 mil dólares).
Santiago de Chile, 27 de junio 2017
Crónica Digital/PL
