El solemne acto del Juramento a la Bandera de fuerzas militares, en la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio de La Moneda, en Santiago, y en las guarniciones militares de todo el país, y ante decenas de miles de familiares se constituyó en la oportunidad masiva en que el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, hiciera, ante el país y las autoridades, entre ellas la presidenta de la Republica, Michelle Bachelet, un planteo, una demanda, de evidente carácter político y de presión a los Tribunales de Justicia.
Su alocución culminó con rechazo y franco reclamo por la demanda de verdad, justicia y castigo a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte. La legítima duda es si trató del habitual ritual castrense o de un mitin político de la llamada “familia militar”.
Su arenga culminó con una virtual petición de “dar vuelta la página” sobre la violación de los Derechos Humanos bajo la dictadura militar derechista de Augusto Pinochet, en concordancia con el argumento permanente de dar por superada la historia, de la Derecha política, ciertas agrupaciones de militares en retiro y sus portavoces o de hijos y familiares de condenados por violaciones de Derechos Humanos y crímenes (degollamientos, torturas, asesinatos sumarios, lanzamiento de cuerpos a volcanes, ríos y al océano, sepultaciones en fosas comunes, destrucción de la cuerpos de chilenos con cal.etc.)
Dijo el general Oviedo: “Aún subsisten situaciones que continúan provocando tensiones entre el pasado y el futuro, las que de manera recurrente atraen la atención de diversos sectores de nuestra sociedad, a pesar de las acciones de reconocimiento y las reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde, dentro de los marcos que la Constitución y las leyes permiten”.
El jefe del Ejército argumentó seguidamente sobre “el profundo sentido del cumplimiento del deber”, entendido, explicó,como “la acción voluntaria y predisposición positiva para cumplir con las obligaciones inherentes al servicio, como consecuencia de un mandato o imposición de un superior jerárquico”.
La alocución sigue: “Dicho considerando ha llevado que a lo largo de nuestra historia, no exenta de guerras, crisis, conflictos ,y desencuentros, los actores militares de menor graduación, dentro de los que están subtenientes, cabos y soldados conscriptos, hayan tenido que obedecer y cumplir órdenes de sus superiores, pero que dadas las circunstancias que siempre contextualizan y sobre todo, las más extremas a que se puede enfrentar todo ser humano, se vieron impedidos de objetarlas o representarlas y que, incluso, habiéndolo hecho, fueron obligados a cumplirlas, como lo establece detalladamente el Código de Justicia Militar vigente y que data del años 1944”.
El jefe castrense se lamenta que “Hoy esas actuaciones son observadas exclusivamente desde el prisma de nuestro tiempo, sin analizar ni considerar la situación concretas ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar. En la actualidad, muchos de los entonces jóvenes militares comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso.
Y finalmente el general Humberto Oviedo lanza su demanda: “Considero que como sociedad debemos ser capaces de legar a las generaciones venideras, un clima de paz, armonía y esperanza permanentes, que nos permite aspirar a un futuro plenamente conciliados, conscientes que somos parte de un mismo Chile”.
El general habló de “tensiones entre el pasado y el futuro”, del sentido del cumplimiento del deber militar, de la situación concreta y del contexto histórico y político, del ”destino impensado, angustiante y doloroso” de los entonces jóvenes oficiales.
En realidad hay una tensión, entre la demanda de verdad justicia y reparación y la negativa de las Fuerzas Armadas y Carabineros de entregar toda la información sobre la suerte de aún más de un millar de detenidos desaparecidos y quienes pretenden dar vuelta la página para encubrir sus responsabilidades políticas, institucionales.
El contexto, obviamente que también es importante: la platas de la CIA, las armas de la CIA, la influencia del Pentágono en las Fuerzas Armadas de Chile, la conspiración de los grandes empresarios y sus organizaciones, las grandes empresas internacionales que financiaron la sedición y pagaron a sus servidores en el país, la Casa Blanca, El Mercurio, Patria y Libertad.
También es bueno hablar de la ”obediencia debida” y de los militares asesinados, o perseguidos por la dictadura, del general Carlos Prats González, del Coronel Renato Cantuarias, el de los generales Oscar Bonilla y Augusto Lutz, del coronel Efraín Jaña y centenares de soldados asesinados, perseguidos o exiliados, en las tres ramas de las FF-AA, Carabineros e Investigaciones.
Y cuando se habla del “destino impensado, angustiante y doloroso”, debería haber una palabra sobre las secuelas de las torturas, de los asesinatos, del exilio sobre decenas de miles de chilenos, sobre las víctimas, los partidarios del gobierno legítimo de Salvador Allende, de los dirigentes políticos, sindicales, o simplemente del pueblo agredido, perseguido o atropellaqdo en sus derechos por la dictadura y los “excesos” de los militares convertidos en esbirros por la dictadura de Pinochet.
Habría que aclarar también hasta donde llegan Las responsabilidades del Mando, hasta qué “superiores”, y quizás reconocer que Pinochet y los principales conspiradores, el alto mando institucional de la época tienen una culpa insoslayable en la situación que mas allá de la retórica y de las justificaciones reglamentarias hicieron vivir un drama humano a sus jóvenes subordinados, al hacerlos cómplices y ejecutores de sus crímenes.
Y finalmente quizás habría que dedicar una frase que sea, al compromiso institucional por la democracia, el respeto a la soberanía de los ciudadanos, que en definitiva son los mandantes de las Fuerzas Armadas y sus integrantes y un compromiso por la verdad y la justicia en el caso de las violaciones a los derechos Humanos, que es fundamento y causa de esa “tensión”.
Tiene toda la razón el general Oviedo cuando habla de la necesidad y la aspiración legítima de los chilenos a “un clima de paz, armonía y esperanza permanentes, que nos permite aspirar a un futuro plenamente conciliados, concientes que somos parte de un mismo Chile”.
Nadie quiere perseguir a soldados conscriptos, o a subtenientes, que fueron forzados por mandos o políticos a prácticas aberrantes muchas veces amenazados en sus vidas.
Pero cabe recordar una advertencia del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana que tras visitar un campo de concentración nazi, señaló que “un país que no recuerda su pasado está condenado repetirlo”.
Las agrupaciones de Derechos Humanos, de familiares de las víctimas de la dictadura no quieren otra cosa, pero su dolor y condiciones también son legítimos: paz, armonía, esperanza, pero con verdad, justicia y reparación.
Nadie busca venganza sino justicia, y la verdad del destino de sus seres queridos. Se trata de derechos humanos. ¿Es tan difícil entenderlo?.
Y en ello uno espera una colaboración realmente efectiva de las Fuerzas Armadas dejando de lado justificaciones y excusas para entregar esa parte de la verdad de la que son depositarios y superando esos pactos de silencio que aún persisten.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica DigitalSantiago de Chile, 10 de julio 2017
Chile que tiene estas FF.AA. y la Policía militarizada de Carabineros que se niegan a entregar toda la información para poder establecer la verdad, justicia y reparación, se atreve a dar lecciones de democracia y respeto de los DD. HH. a un país como Venezuela donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana forma parte de la «Comisión de Justicia y Verdad» (que tendrá rango constitucional) y esta entregando TODA la información sobre las violaciones a los DD.HH. entre 1958 y 1998 (los horrendos «Teatros de Operaciones» en la guerra contrainsurgente dirigida directamente por la CIA), periodo de los llamados gobiernos del «Pacto de Punto Fijo» (Socialdemócratas de «Acción Democrática» y Socialcristianos de «COPEI», ambos en la alianza golpista MUD que busca el derrocamiento del Presidente Nicolás Madura) en el que se creo la figura del «Detenido Desaparecido» o sea la «Desaparición Forzada».