DIPUTADO SOTO RECHAZA CRÍTICAS DE VOCERA DEL «BUS DE LA LIBERTAD» A PROYECTO CONTRA LA INCITACIÓN AL ODIO

El diputado PS Leonardo Soto refutó la postura asumida por la vocera del denominado «Bus de la Libertad», Marcela Aranda, en rechazo al proyecto de ley que junto a la bancada socialista presentará este lunes para sancionar la incitación al odio en Chile, quien acusó que se buscaría imponer una «ley mordaza».

 «Al contrario de lo que ella dice, en el proyecto no se penalizan ideas o creencias ni se tolera de modo alguno la censura previa. Lo que buscamos es proteger la dignidad e integridad física de las personas y el respeto a la diversidad, sancionando acciones y conductas concretas que atentan contra sus garantías básicas», señaló el legislador.

 En esa linea, Soto aseguró que «la libertad de expresión es un pilar fundamental de toda sociedad democrática, y justamente para fortalecerla, no corresponde que sea utilizada como excusa para incitar al odio y a la violencia contra determinados grupos sociales, eso lo establecen claramente el Derecho Internacional y todos los organismos de DDHH».

 «Por lo tanto, respetuosamente llamaría a la señora Aranda a, primero, estudiar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerosos pactos internacionales que fijan este límite, y segundo, a leer nuestro proyecto antes de formular juicios categóricos. Es lo mínimo que se espera para tener un debate con altura de miras y alejado de fundamentalismos», agregó el legislador.

 «Es un deber del Estado proteger a personas que se encuentran expuestas a la violencia de fanáticos fundada en la discriminación, proteger a grupos como los inmigrantes o los colectivos de la diversidad sexual. Los debates con pasión, argumentos y convicción son todos legítimos, pero mientras no hagan llamamientos a la violencia discriminatoria», concluyó Soto.

Santiago de Chile, 17 de julio 2017
Crónica Digital

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Todo indica que se acaba el negocio de la viuda del tirano. La Fundación CEMA Chile, que durante la dictadura militar se apropió de una enorme cantidad de propiedades del Fisco, ha resuelto cerrar sus cortinas y restituir una parte de los inmuebles hoy en su poder. Ello, como resultado de la investigación judicial que instruye el ministro en visita Guillermo de la Barra a raíz de una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que fue presentada por el ex Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Según informó “El Mercurio”, a comienzos de este mes los ocho integrantes del consejo de la Fundación CEMA Chile aprobaron una propuesta que contempla la disolución de esta entidad y el traspaso de inmuebles de origen fiscal, la que fue presentada por la actual presidenta nacional interina, María Isabel Puigrredón, quien asumió esa responsabilidad luego de que Lucía Hiriart presentó su renuncia en agosto del año pasado, argumentando problemas de salud. La proposición habría sido conversada con el CDE por los abogados de CEMA Chile, Vivian Bullemore y Yasna Bentjerodt, en la perspectiva de una conciliación que implicaría cerrar la Fundación y traspasar los bienes fiscales. “Así comenzó a gestarse lo que sería el final de CEMA”, consignó “El Mercurio” en referencia a la entidad que Lucía de Pinochet presidió desde 1974. Ello es consistente con la respuesta que dio Lucía Hiriart en su declaración judicial del 14 de diciembre pasado, ante la pregunta formulada por el ministro Guillermo de la Barra en el marco de su investigación de un eventual delito de malversación de caudales públicos. “A su pregunta, si los bienes raíces que hoy posee CEMA no están siendo utilizados para los fines de la Fundación, pienso que sí podrían ser devueltos al Estado, o alguno de ellos, porque creo que existe todavía un voluntariado importante que quiere seguir trabajando en CEMA Chile”, señaló. De acuerdo al matutino, el acuerdo de los consejeros de la entidad fue que, como tienen recintos a lo largo del país, “su disolución debe operar en forma gradual y paulatina, ya que habrá que disolver sede por sede, las que están conformadas por oficinas regionales, provinciales, comunales y distritales”. En la actualidad existen dos sedes, con todos sus inmuebles, en proceso de cierre: Punta Arenas y Tarapacá. Por ello se estaría analizando la factibilidad de recuperar pronto las propiedades de origen estatal que existen en esas regiones, tanto las que se derivan de las transferencias gratuitas realizadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, como las que fueron entregadas por municipalidades. El consejo de CEMA, adicionalmente, resolvió someter a inmediato estudio la factibilidad de transferir a Bienes Nacionales, a los SERVIU y las municipalidades que correspondan “los inmuebles que pueden encontrarse desocupados o que se estén desocupando, y en la medida en que esto se vaya produciendo”. La investigación judicial contra CEMA fue resultado de una solicitud formal que el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, realizó al entonces presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, el 10 […]

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