El mandatario regional aseguró que una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar, razón por la cual, enfatizó, no existe un poder suficientemente fuerte para cerrar ‘el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre’.
‘Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión’, remarcó el presidente de la Generalitat (gobierno catalán), tras aclarar que sólo el parlamento de esa región está capacitado para inhabilitarlo como gobernante.
A su juicio, ni la justicia española ni el ejecutivo central de Mariano Rajoy anularán el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, por más que -insistió- lo suspendan o expulsen de su despacho.
‘Nuestro compromiso con el pueblo y con el Parlamento es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de manera democrática’, indicó.
Explicó que, de triunfar el sí en el proyectado referéndum, 48 horas después de los resultados proclamarán la transformación de Cataluña en un Estado independiente y abrirán un período de transición, que culminará con unas elecciones constituyentes.
Empezaremos a actuar como un estado soberano, pero no lo seremos de derecho hasta que esa transición -incluye la redacción de una Constitución y su ratificación en otra votación- concluya, precisó el mandatario autonómico.
Aduciendo que la Constitución española lo impide, la administración de Rajoy advirtió reiteradas veces que usará todos los medios legales y políticos a su alcance para impedir que se pregunte a los catalanes sobre su relación con este país europeo.
Madrid, 24 de julio 2017
Crónica Digital /PL
