En el marco de una acción coordinada por la Corporación de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) diversas organizaciones y dirigentes sociales llegaron hasta el Tribunal Constitucional para exigir que su próxima resolución en torno a la ley que permite la interrupción del embarazo por tres causales se ajuste al pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Luego de que parlamentarios de Chile Vamos presentaran recursos para que el TC declarara ilegal el proyecto recién aprobado por el Congreso Nacional, “consideramos necesario y oportuno pedir a dicho Tribunal que resuelva el tema con estricto apego a la Constitución, a los estándares internacionales de derechos humanos y al total reconocimiento de la dignidad de las mujeres”, sostuvo Miles.
Entre otros, la misiva fue firmada por el Colegio de Matronas y de Matrones, la Fundación Daya, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), la animadora Karen Doggenweiler, la periodista Alejandra Valle, y Paola Valenzuela, quien sufrió en carne propias las consecuencias por la penalización total del aborto en Chile.
“Para responder a las siempre cambiantes condiciones de las sociedades el Derecho tiene que ser permanentemente actualizado, aunque con retardos y desfases, lo que a veces suele traducirse en tensiones sociales no menores. Hoy, cuando los cambios culturales en la sociedad moderna se vienen dando con ritmos cada vez más acelerados y cuando los derechos ciudadanos son reclamados cada vez con mayor fuerza, los desfases en la actualización del Derecho tienden a crear incluso situaciones de discutible legitimidad social de las decisiones de las instancias judiciales correspondientes”, señaló la misiva.
Añadió que “en el día de hoy ello se expresa con la ley recién aprobada por el Congreso Nacional, expresión máxima de la soberanía popular, que reconoce el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo por tres causales precisamente definidas”.
“Esperamos que el Tribunal Constitucional realice una interpretación de la constitucionalidad de las normas bajo análisis de acuerdo a las exigencias de la realidades de la sociedad chilena actual en concordancia con el respeto al derecho a la libertad, a la autonomía y el de derechos de las mujeres a decidir”, puntualizó la carta.
Santiago de Chile, 8 de agosto 2017
Crónica Digital